?Un nuevo Tribunal de Garant¨ªas?

La propuesta del Grupo Popular para modificar la vigente Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (TC) muestra de nuevo que el proceso soberanista catal¨¢n recuerda algunos episodios de la historia pol¨ªtica de Espa?a. Como es sabido, el ¨²nico precedente del actual TC es el Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales puesto en pie durante la Segunda Rep¨²blica, el cual tuvo una existencia ef¨ªmera y una actuaci¨®n claramente desafortunada. Nuestros constituyentes tuvieron en mente esa instituci¨®n pionera en Europa, pero procuraron no repetir muchos de sus errores, debidos al clima de confusi¨®n conceptual en el que naci¨® y, sobretodo, al contexto social y pol¨ªtico en el que funcion¨®. Afortunadamente, el actual Tribunal se concibi¨® con las ideas m¨¢s claras y ha desempe?ado con acierto sus funciones en un contexto muy distinto al de los a?os treinta.

Sin embargo, desde hace ya alg¨²n tiempo el TC ha entrado en un claro deterioro institucional, que en algunos aspectos evoca al de su antecesor. Los episodios relacionados con Catalu?a acabaron de desprestigiar al Tribunal de Garant¨ªas, y su repetici¨®n podr¨ªa enterrar al Tribunal Constitucional. Cabe recordar que la primera sentencia del Tribunal republicano, de 8 de junio de 1934, declarando la nulidad de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlamento de Catalu?a, produjo una fuerte crispaci¨®n pol¨ªtica, en un clima ya enrarecido por una insurgencia social en toda Espa?a. Salvando las distancias, la Sentencia del TC sobre el Estatuto de 2006 suscit¨® un gran rechazo en Catalu?a hasta el punto de que se ha considerado uno de los factores desencadenantes del actual proceso secesionista.

El pol¨ªtico catal¨¢n Amadeo Hurtado, que actu¨® como abogado de la Generalitat en defensa de la ley catalana, escribi¨® en su dietario (Abans del sis d'octubre, 2008) que el Tribunal de Garant¨ªas se hab¨ªa convertido en ¡°una instituci¨®n ex¨®tica que nadie se ha tomado en serio¡±, percepci¨®n que posiblemente se repitiera en la lamentable tramitaci¨®n de la Sentencia del TC de 2010 sobre la reforma del Estatut. Hay que recordar que la sentencia de 1934 fue desacatada por el Parlamento catal¨¢n, el cual decidi¨® aprobar una nueva ley exactamente igual a la anulada por el Tribunal. Siguiendo con los paralelismos, tambi¨¦n las decisiones de la Generalitat desde 2012 han supuesto un claro desaf¨ªo al orden constitucional: ya sea mediante la aprobaci¨®n de normas y declaraciones parlamentarias que han sido anuladas por el TC, o mediante actuaciones como la del 9-N que eran un desacato de sus resoluciones.

La reforma ad hoc que ahora se propone con urgencia quiere hacer frente a futuros incumplimientos, algo que previsiblemente suceder¨¢ pues as¨ª se deduce de la Hoja de Ruta Unitaria del proceso soberanista catal¨¢n firmada por quienes integran la candidatura Junts pel S¨ª. La proposici¨®n de ley faculta al Tribunal para acordar, entre otras medidas, la suspensi¨®n en sus funciones de las autoridades o empleados p¨²blicos de la Administraci¨®n responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal, el cual podr¨¢ adem¨¢s requerir la colaboraci¨®n del Gobierno de la Naci¨®n a fin de que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

La proposici¨®n de ley faculta al Tribunal para acordar la suspensi¨®n en sus funciones de las autoridades o empleados p¨²blicos de la Administraci¨®n responsable del incumplimiento

En caso de prosperar la reforma, el Constitucional corre el riesgo de seguir los pasos del Tribunal de Garant¨ªas, en el que se residenci¨® la causa penal contra el president y los consejeros del Gobierno de la Generalitat despu¨¦s de los hechos del 6 de octubre de 1934, durante los cuales Companys proclam¨® el ¡°Estado catal¨¢n dentro de la Rep¨²blica espa?ola¡±. El Tribunal republicano vi¨® la querella contra los miembros del Gobierno catal¨¢n bas¨¢ndose precisamente en la Ley org¨¢nica que lo regulaba. Pero ello le situ¨® en el centro de la batalla pol¨ªtica, y cuestion¨® su misma naturaleza, como ha se?alado Alejandro Nieto en su magn¨ªfico estudio sobre aquellos acontecimientos (La rebeli¨®n militar de la Generalidad Catalana contra la Rep¨²blica, 2014). Ciertamente, la reforma que va a imponer en solitario el PP no pretende convertir al TC en un juez penal, pero le atribuye unas facultades que son impropias de ese ¨®rgano y le involucrar¨¢n peligrosamente en los conflictos pol¨ªticos. A la vista de los derroteros que puede tomar el proceso, el TC podr¨ªa acabar como el Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales.

Enric Fossas Espadaler es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional (UAB)