Escal UGS insiste para trasladar a Madrid la instrucci¨®n del Castor

El consorcio empresarial Escal UGS, concesionario del proyecto Castor, ha presentado un nuevo recurso reclamando que la causa judicial que se instruye por presuntas irregularidades en la construcci¨®n del almac¨¦n submarino de gas sea trasladada a Madrid. La empresa, participada en un 66,7% por ACS, ya vio desestimadas sus pretensiones de mudanza judicial hace unas semanas pero ha tramitado un nuevo recurso ante el juzgado de Vinar¨°s (Castell¨®n). La compa?¨ªa y su presidente, Recaredo del Potro, alegan que si hubo algun tipo de incidencia en los trabajos de adecuaci¨®n de la poza submarina que se halla frente a las costas del Delta del Ebro debe ventilarse en los juzgados madrile?os. Sostienen los recurrentes que hay que poner el foco en el lugar donde se llev¨® a cabo la tramitaci¨®n del proyecto, m¨¢s que atender a sus consecuencias.

La presentaci¨®n del recurso tiene lugar a poco m¨¢s de una semana para que el juzgado de Vinar¨°s tome declaraci¨®n al primero de los 18 imputados en la causa abierta para aclarar los m¨¢s de 600 terremotos que se registraron entre el Golfo de Valencia y Amposta (Montsi¨¤). Ser¨¢ Jes¨²s G¨®mez de las Heras, el coordinador del Instituto Geol¨®gico y Minero (IGME), el primero en explicar porque cuando se concedi¨® la autorizaci¨®n de la concesi¨®n no reflej¨®, en su informe t¨¦cnico, ninguna referencia a los posibles riesgos s¨ªsmicos. Concretamente, el IGME emiti¨® en enero de 2007 un diagn¨®stico en el que dejaba constancia de que la estructura Castor se entend¨ªa apta para el almacenamiento de gas. A finales de 2014 los se¨ªsmos se sucedieron, hasta 500 en un mismo mes, coincidiendo en el tiempo con el inicio de los trabajos de Escal UGS en el almac¨¦n submarino.

El controvertido proyecto Castor deriv¨® en la apertura de diligencias judiciales por un delito contra el medio ambiente y por prevaricaci¨®n ambiental y forz¨® al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, a reconocer la relaci¨®n de los se¨ªsmos con los trabajos en el almacen de gas. Durante una comparecencia en el Consell Valenci¨¤ de Cultura (CVC), del Potro admiti¨® que la inyecci¨®n de gas en la planta pudo haber "forzado" los se¨ªsmos que se produjeron en la zona.

M¨¢s tarde, cuando los trabajos se paralizaron y la empresa exigi¨® una indemnizaci¨®n al estado, las patronales Cecot, Fepime, Centre Metal¡¤l¨²rgic y el Consejo Intertextil Espa?ol presentaron una denuncia a la direcci¨®n general de Competencia de la Comisi¨®n Europea. La demanda acusaba al Gobierno de favorecer a la empresa Escal UGS con una ayuda de estado, a trav¨¦s del pago de la indemnizaci¨®n, que ascendi¨® a 1.350,7 millones de euros.