Blasco y otros tres ex altos cargos, condenados a pagar 1,6 millones

El exconsejero Rafael Blasco, en prisi¨®n por malversar fondos destinados a la cooperaci¨®n al desarrollo, tendr¨¢ que abonar 1,6 millones de euros a la Generalitat por los mismos hechos. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Blasco y otros tres ex altos cargos del Consell, adem¨¢s de a dos empresarios, a pagar de forma solidaria la cantidad al Gobierno auton¨®mico.

Los otros condenados por malversaci¨®n contable son el exsubsecretario Alexandre Catal¨¤, condenado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel; el exjefe de ¨¢rea Marc Llinares, que fue absuelto por el Tribunal Supremo; la ex secretaria general Tina Sanju¨¢n, que cumple una pena de seis a?os en la c¨¢rcel de Picassent (donde se encuentra Blasco, condenado a seis a?os y medio de c¨¢rcel); el empresario codirector de la trama Augusto C¨¦sar Tauroni, sentenciado a seis a?os de prisi¨®n, y Marcial L¨®pez, presidente de la Fundaci¨®n Cyes, que se utiliz¨® para desviar las ayudas, condenado a tres a?os y nueve meses de c¨¢rcel.

La Generalitat reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas ha dejado la condena en 1,63 millones de euros, adem¨¢s de los intereses y el pago de las costas. Al ser una condena solidaria, el Gobierno auton¨®mico puede reclamar la cantidad completa a varios o a un solo acusado si los dem¨¢s resultan insolventes. La Fundaci¨®n Cyes y la empresa Arcmed son declarados responsables subsidiarios.

La condena se refiere exclusivamente a la malversaci¨®n de 1,6 millones de euros destinados a proyectos de desarrollo en Nicaragua, de los que solo llegaron al pa¨ªs centroamericano 47.953 euros, menos del 3% del total. El resto fue destinado a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia. Los condenados, y una veintena de personas m¨¢s est¨¢n tambi¨¦n imputadas en otras dos piezas del caso, que ahora investiga el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia.

"Los hechos", se?ala el Tribunal de Cuentas respecto a la condena monetaria, "constituyen un supuesto de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos al quedar acreditado que el comportamiento desplegado por los demandados propici¨® la salida de fondos, con el consiguiente perjuicio de los mismos, y su aplicaci¨®n a usos ajenos, al ser beneficiarias de las subvenciones personas particulares, que las han destinado a sus usos propios y no a las finalidades a las que deb¨ªan ser aplicados".

El tribunal a?ade que, en contra de lo alegado por la defensa de Blasco, la malversaci¨®n contable "no solo puede determinarse cuando se produce la sustracci¨®n de los fondos, sino tambi¨¦n cuando se consiente para que se verifique, o aplique a usos propios o ajenos por parte de quien los ten¨ªa a su cargo".

Al exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes valencianas se le reprocha tambi¨¦n que una vez iniciado el llamado expediente de reintegro de los fondos -cuando se descubri¨® que hab¨ªan ido a un fin distinto del previsto- "no resolvi¨®, ejecut¨®, ni orden¨® como m¨¢ximo responsable la revocaci¨®n de la subvenci¨®n, ni el reintegro de las cantidades defraudadas, ordenando la elaboraci¨®n de un dossier para la fiscal¨ªa que no era fiel reflejo del expediente original y que hab¨ªa sido alterado".

Colaboradores

Sobre los subordinados de Blasco dentro de la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, la sentencia fechada el 12 de noviembre se?ala que dieron su colaboraci¨®n interviniendo "a medida que los expedientes segu¨ªan su curso natural, falseando, alterando los documentos y facturas que hab¨ªan sido presentados".

El objetivo, agrega, era "dar una apariencia de legalidad con el ¨²nico empecinamiento de otorgar las subvenciones a una entidad", la Fundaci¨®n Cyes, "que no reun¨ªa ni acreditaba los requisitos exigidos en la convocatoria. Y que pese a no justificar el destino de los fondos para la finalidad para la que se concedieron, no exigieron su reintegro".

Adem¨¢s de los dos proyectos para Nicaragua concedidos en 2008 y ya juzgados, el caso Blasco tiene una pieza separada en la que se investigan decenas de ayudas al desarrollo financiadas por la Generalitat en 2009, 2010 y 2011. Y una tercera pieza centrada en la construcci¨®n, presuntamente fraudulenta, de un hospital en Hait¨ª tras el terremoto que sufri¨® hace cinco a?os.