El letrado del Parlament advierte del riesgo de seguir con la secesi¨®n

Los servicios jur¨ªdicos del Parlament han alertado de los riesgos legales que supondr¨ªa que la C¨¢mara prosiga el camino de la independencia y aplique el contenido de la resoluci¨®n independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y que anul¨® el Tribunal Constitucional. Un informe jur¨ªdico que firma el letrado mayor, Antoni Bayona, explica que el Estado no permanecer¨¢ impasible si contin¨²an adopt¨¢ndose medidas para ¡°desconectar¡± de Espa?a, de manera que esas decisiones podr¨ªan ser recurridas y suspendidas de manera inmediata.

El documento fue encargado por la Mesa del Parlament a petici¨®n del grupo de Catalunya s¨ª que es Pot y fue demor¨¢ndose en su redacci¨®n, de forma que en el 2 de diciembre se dict¨® la sentencia del Constitucional que anula la pol¨¦mica resoluci¨®n de la C¨¢mara. De ah¨ª, que el informe, fechado el pasado 15 de diciembre, se?ale que la doctrina de la sentencia es muy clara y que ¡°no es nada descartable que ante cualquier actuaci¨®n futura del Parlament relacionada con la resoluci¨®n, el Estado intente promover un incidente de ejecuci¨®n y pida la nulidad de una decisi¨®n parlamentaria por entender que contradice la sentencia¡±.

El letrado defiende la competencia del Parlament para elaborar leyes y recuerda que de la sentencia ¡°no se desprende ninguna prohibici¨®n a esa competencia¡±, pero recuerda la posibilidad que siempre tiene el Gobierno de promover un recurso de inconstitucionalidad y de impugnar una decisi¨®n del Parlament y de los efectos suspensivos inmediatos que se producir¨ªa. El informe advierte de que ¡°es posible que estas v¨ªas sean utilizadas por el Estado contra cualquier decisi¨®n del Parlament que tenga relaci¨®n directa con la resoluci¨®n¡± independentista. El letrado mayor va m¨¢s all¨¢ y alerta de que se est¨¢ refiriendo ¡°especialmente¡± a las anunciadas leyes del ¡°proceso constituyente, de Hacienda y de Seguridad Social que se anuncian en el apartado quinto de la resoluci¨®n¡± secesionista.

Por eso, insiste el informe, ¡°la doctrina de la sentencia pone en evidencia cu¨¢les pueden ser las dificultades jur¨ªdicas a que se pueden enfrentar las futuras decisiones del Parlament y lo que eso puede significar en relaci¨®n con las posibilidades que sus previsiones puedan materializarse¡±.

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya s¨ª que es Pot, considera ¡°una torpeza que se quisiera exhibir contenido social en la resoluci¨®n por aludir a unas leyes que as¨ª quedan contaminadas para su desarrollo¡±. En opini¨®n del diputado, ¡°cuando se act¨²a con improvisaci¨®n puede pasar que uno se tire piedras contra su propio tejado¡±.

?El informe alude a la reciente reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional y asegura que podr¨ªa invocarse para exigir el cumplimiento de la sentencia si el Parlament toma nuevas decisiones ¡°con efectos an¨¢logos o parecidos¡±. El letrado mayor a?ade que eso podr¨ªa considerarse una ¡°contravenci¨®n de la sentencia¡± y reitera que eso servir¨ªa para ¡°cualquier decisi¨®n que adopte el Parlament, especialmente de aquellas que puedan insistir en la promoci¨®n y concreci¨®n del proyecto pol¨ªtico de creaci¨®n de un Estado independiente al margen de la reforma constitucional¡±.

¡°La sentencia del Tribunal Constitucional comporta la obligaci¨®n de que el Parlament la cumpla¡±, recalca el informe en su primera conclusi¨®n, aunque constata que el ejercicio de la funci¨®n parlamentaria ¡°est¨¢ garantizado directamente por el Estatut¡± y otras leyes, y no puede quedar condicionado a la pol¨¦mica resoluci¨®n secesionista ni a su nulidad.