Las entidades sociales exigen una reforma a fondo de la renta m¨ªnima

La pol¨¦mica sobre si aprender catal¨¢n (o castellano) ser¨¢ un requisito para recibir la renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI) ha vuelto a poner el foco sobre esta prestaci¨®n, que se ha erigido como una prioridad del nuevo Ejecutivo catal¨¢n. Expertos y entidades sociales, sin embargo, consideran que hay que ir m¨¢s all¨¢ del aumento presupuestario del plan de choque y hacer una reforma a fondo. Un cambio que el Gobierno de Artur Mas desatendi¨® desde el verano de 2011, cuando paraliz¨® la ayuda sin aviso y dej¨® colgadas a centenares de personas.

Las entidades sociales coinciden en que la actitud de la nueva consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, para abordar los cambios en la RMI es mucho m¨¢s positiva que la de su antecesor frente a la ayuda, el anterior consejero de Empresa Felip Puig. M¨¢s all¨¢ de la discusi¨®n sobre las posibles ¡°obligaciones sociales b¨¢sicas¡± (como la escolarizaci¨®n de los menores a cargo o capacidades ling¨¹¨ªsticas) a las que se ver¨ªan sujetos los receptores, Bassa ha seguido la l¨ªnea del partido que la propuso como consejera, ERC, respecto a caminar eventualmente hacia un sistema de renta garantizada.

Las l¨ªneas dibujadas por el plan de choque establecen que la ayuda debe volver a ser un derecho subjetivo (es decir, que se le entregue a las personas que cumplan los requisitos sin depender de los vaivenes presupestarios), garantizar el 100 % de la cobertura y que se siga percibiendo si se supera el l¨ªmite de los 60 meses pero a¨²n se re¨²nen las condiciones que motivaron ser beneficiario. Se trata de volver al formato de la ayuda del tripartito.

Las entidades sociales y varios expertos defienden que en 2011 el Gobierno buscaba ejecutar un recorte presupuestario. La explosi¨®n de la crisis y el aumento del paro hicieron que muchas familias solicitaran la ayuda. El Gobierno restringi¨® m¨¢s la RMI al imponer el requisito de sumar una dificultad social a?adida, certificada por los servicios sociales, a la falta de ingresos. O que no fuera compatible con otras prestaciones, en un intento de supuestamente acabar con el fraude.

¡°El escenario de pobreza y exclusi¨®n de hace cinco a?os no es el mismo de ahora. No es suficiente con que el objetivo sea volver al nivel de cobertura de ese momento¡±, cree Jos¨¦ Antonio Noguera, soci¨®logo y profesor de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona. En definitiva, ser¨ªa necesario un instrumento distinto para atender a la nueva realidad que pudiera hacer frente, por ejemplo, al problema de los colectivos de dif¨ªcil inserci¨®n laboral.

El a?o pasado, 29.538 beneficiarios recibieron los 465 euros mensuales de la ayuda, cubriendo a un total de 75.000 catalanes. El presupuesto de la RMI ascendi¨® a 173 millones de euros. En 2010, antes de ser recortada, la prestaci¨®n ten¨ªa 30.284 expedientes abiertos, aunque su alcance era menor: 42.605 personas. La partida tambi¨¦n era m¨¢s baja entonces: 99 millones.

¡°Los 70 millones adicionales propuestos en el plan de choque pueden quedarse cortos para adaptar el sistema a las necesidades actuales¡±, advierte Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Noguera cree que hay una contradicci¨®n en decir que la RMI ser¨¢ derecho subjetivo cuando solo se anuncia una partida adicional y hay incertidumbre respecto a los Presupuestos y, en general, a la situaci¨®n econ¨®mica de la Generalitat.

¡°Las contrapartidas de formaci¨®n para recibir las ayudas pueden servir en algunos casos para intentar normalizar la vida de colectivos muy cerca de la exclusi¨®n. Pero el tema fundamental es que no hay trabajo. Es el argumento de dar la ca?a de pescar. Est¨¢ bien, pero ?y si no hay peces?¡±, tercia el soci¨®logo Pau Mari-Klose.

Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector, recuerda que hay unos 200.000 hogares donde la prestaci¨®n por desempleo ya no llega. Esta cifra est¨¢ muy lejos del nivel de cobertura de la actual renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI). Retirar el requisito de la dificultad social a?adida implicar¨ªa abrir una puerta a miles de peticiones. El equipo de la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, que se reunir¨¢ con la Mesa del Tercer Sector la pr¨®xima semana, tendr¨¢ que calibrar una salida intermedia. ¡°Como l¨ªnea general deber¨ªamos blindar la idea de renta garantizada y lograr consolidar la ayuda como un derecho¡±, propone el presidente de la Mesa del Tercer Sector.

La actualizaci¨®n de este instrumento de renta en Catalu?a es urgente, pero tambi¨¦n est¨¢ sobre la mesa la tramitaci¨®n de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Los partidos se comprometieron a que fuera la primera ley que se abordara en esta legislatura. Se trata de un espacio id¨®neo para tratar un sistema de rentas en Catalu?a, pero los t¨¦rminos de la ILP est¨¢n muy alejados de las objeciones que formulan los grupos. Incluso en el seno de Junts pel S¨ª (JpS¨ª), las tesis de ERC y Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC) son muy dispares.

Un informe realizado en 2009 por el Instituto Catal¨¢n de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas (Iv¨¤lua), ya se?alaba la necesidad de desdoblar la renta m¨ªnima de inserci¨®n, de modo que se destinara una parte a la inserci¨®n de hogares altamente ocupables y otra con un perfil m¨¢s orientado al riesgo de exclusi¨®n social. Se trata de una posibilidad que que tambi¨¦n apuntan las entidades sociales.

¡°Existen muchas dudas sobre si la RMI es solo para los perfiles laborales o tambi¨¦n para los sociales, pues no hay otra alternativa en el sistema para personas con graves problem¨¢ticas sociales¡±, se?ala un informe elaborado por las Entidades Catalanas de Acci¨®n Social (ECAS).

A corto plazo, sin embargo, lo que se plantea es recuperar las condiciones de la RMI anteriores a los recortes que se realizaron en 2011, uno de los a?os en el que los recortes fueron m¨¢s duros. Es decir, que la prestaci¨®n sea un derecho subjetivo. Para ello, el plan de choque de JpS¨ª se compromete a destinar 70 millones m¨¢s a la ayuda.