La empres que vigila las 71 sedes judiciales no tiene contrato

El portavoz de la Comisi¨®n de Vigilancia de la Contrataci¨®n en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso (Ciudadanos), escuch¨® ayer ¡°asombrado¡± que la empresa privada encargada de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejer¨ªa de Presidencia carece de contrato desde hace dos meses.

Lo desvel¨® la directora general de Justicia y Seguridad, Mar¨ªa Cristina D¨ªaz M¨¢rquez, que comparec¨ªa ante los parlamentarios a petici¨®n de Ciudadanos para explicar los detalles del nuevo procedimiento de contrataci¨®n del servicio de vigilancia, que ya se ha puesto en marcha. ¡°En un contexto¡±, indic¨® Veloso, en el que ¡°los trabajadores quieren saber cu¨¢les ser¨¢n sus condiciones laborales, sea cual sea la concesionaria¡±.

La empresa Alerta y Control, anterior adjudicataria del contrato de vigilancia del acceso de personas y de la seguridad de los edificios judiciales, est¨¢ prestando el servicio mediante un ¡°encargo directo con gasto a convalidar¡±, aclar¨® ayer D¨ªaz M¨¢rquez. Esta f¨®rmula se continuar¨¢ aplicando hasta la formalizaci¨®n del nuevo contrato, asegur¨¢ndose as¨ª la continuidad del servicio.

Alerta y Control se hizo con el concurso p¨²blico en abril de 2013 por 15 millones de euros en dos a?os. Cuando finaliz¨® este plazo, se prorrog¨® hasta el 31 de diciembre de 2015.

La consejer¨ªa intent¨® modificar el contrato antes de que venciera su ampliaci¨®n, debido a ¡°las necesidades actuales en materia de seguridad de las sedes judiciales¡±. Tambi¨¦n pretend¨ªa prorrogarlo, al menos hasta que se volviera a convocar una licitaci¨®n p¨²blica. Pero se top¨® con dificultades presupuestarias, administrativas y con la oposici¨®n del contratista.

Veloso no se explica la raz¨®n de que se haya recurrido a esta f¨®rmula, ¡°teniendo en cuenta que es una situaci¨®n previsible, porque se conoce desde el principio el plazo de ejecuci¨®n del contrato¡±. El portavoz de la comisi¨®n recuerda que se est¨¢ primando a una empresa sobre otras. Cada mes cuesta unos 695.000 euros.

En su opini¨®n, se est¨¢n vulnerando la Ley de Contratos y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ¡°incurriendo en una posible infracci¨®n en materia de gesti¨®n econ¨®mico-presupuestaria¡±. El Consejo de Gobierno tendr¨¢ que aprobar el importe.