La EMVS acusa a la auditora de simular la subasta de 1.860 viviendas

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha presentado alegaciones al anteproyecto del informe elaborado por la C¨¢mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la enajenaci¨®n de 18 promociones (1.860 viviendas) y lo ha hecho, entre otras razones, por el "simulacro de subastilla" al fondo buitre Fidere, enmascarada por la auditora PWC para vender "s¨ª o s¨ª".

En las alegaciones firmadas tanto por la consejera delegada de la EMVS, Mar¨ªa Serrano, como por la presidenta de la empresa, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se argumenta que la enajenaci¨®n deber¨ªa haberse realizado seg¨²n las disposiciones en materia de contrataci¨®n p¨²blica de la Ley del Suelo, algo que no s¨®lo no se hizo sino que adem¨¢s se incumplieron las normas internas aprobadas por el Ayuntamiento con el reglamento de adjudicaci¨®n de viviendas, aprobado en el Pleno de 30 de octubre de 2012.

La consejera delegada argumenta en el documento que el incumplimiento "se enmascar¨®" en un plan de viabilidad "recomendado de manera exclusiva por una empresa auditora, PWC, que incluso lleg¨® a se?alar la banda de precio en la que tendr¨ªa que moverse la enajenaci¨®n".

"Se trataba de proceder a dicha venta s¨ª o s¨ª pues nadie se opondr¨ªa a un plan de viabilidad que se presentaba como fundamental y esencial para la continuidad de la EMVS", se?ala Mar¨ªa Serrano, que a?ade que el informe de PWC se entreg¨® el 2 de abril de 2013, cinco meses despu¨¦s de que se iniciase por el ¨®rgano de administraci¨®n de la EMVS la comercializaci¨®n de las promociones", algo que resulta "revelador". La primera teniente de alcalde ha destacado en las alegaciones presentadas que el plan de viabilidad "fue ratificado por la Junta Universal, ratificaci¨®n que el anterior del Gobierno aprob¨® "sin realizar el an¨¢lisis adecuado".

"Todo parece indicar que se trataba de culminar un proceso de venta, privatizaci¨®n dir¨ªan otros, se trataba de proceder a la venta sin dificultades, sin exigir los requisitos que el Ayuntamiento hab¨ªa establecido y para ello no hab¨ªa mejor manera que incluir las enajenaciones como una de las medidas dentro del plan de viabilidad pues nadie se opondr¨ªa a un plan que se presentaba como fundamental para la continuidad de la EMVS", ha expuesto la edil.

Actuaci¨®n "intromisiva y desmesurada"

El informe de la auditora, como recogen las alegaciones, valora la cartera en una banda de precio que oscilaba entre los 117.000 y los 135.000 euros, adem¨¢s de considerar adecuado el momento de la venta dado que hab¨ªa inversores extranjeros interesados.

La consejera delegada de la EMVS no duda en tildar la actuaci¨®n del auditor de "intromisiva y desmesurada e incluso podr¨ªa ser interesada ya que parece avalar la bondad de una decisi¨®n ya tomada hac¨ªa tiempo". "?Pudo ser un informe a la carta emitido para revestir con visos de seriedad una decisi¨®n arbitraria?", se pregunta Mar¨ªa Serrano.

Marta Higueras va m¨¢s all¨¢ a?adiendo que la actuaci¨®n de la auditora "parece intromisiva y desmesurada e incluso ¨¦ticamente reprochable de haber asesorado tambi¨¦n a la parte compradora". "?Qu¨¦ clase de auditor¨ªa fue la que se hizo? Posiblemente dar¨ªa lugar a la exigencia de responsabilidades", ha lanzado. Adem¨¢s se habr¨ªa producido "una clara negligencia" en el informe de la auditoria PWC al no contemplar las normas administrativas por las que se deber¨ªa haber regido la operaci¨®n ni a la hora de se?alar la horquilla de precios.

Apariencia de legalidad

La ratificaci¨®n por parte del anterior equipo de Gobierno "respondi¨® m¨¢s bien a la intenci¨®n de crear una apariencia formal de legalidad que a un verdadero control por parte de la Junta de Gobierno", por lo que "parece irresponsable y podr¨ªa dar lugar a exigencias de responsabilidad". A eso une que las ventas se formalizaron "por un precio que supone una p¨¦rdida para la EMVS de m¨¢s del 40 por ciento del precio en que se tendr¨ªa que haber realizado", lo que parece "irresponsable y podr¨ªa dar lugar a exigencias de responsabilidad".

Otra de las alegaciones pasa por el hecho de que la enajenaci¨®n de las viviendas a fondos de inversi¨®n "poco o nada" se enmarcan en la funci¨®n social de cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.

Venta como "si de una inmobilaria se tratase"

Aunque no forme parte de estas alegaciones, desde la EMVS consideran que la venta, desde un estricto punto de visto del derecho privado, la venta a Fidere "no se ajusta a la legalidad exigible pues se realiza con evidente extralimitaci¨®n de las facultades del consejo de administraci¨®n", que no contemplan la venta libre de viviendas "como si de una inmobiliaria se tratase". Esto podr¨ªa derivar en acciones de responsabilidad.

En relaci¨®n al precio, las alegaciones destacan que "no fue se?alado ni fijado por la parte vendedora" sino que se deduce que "fue se?alado unilateralmente por la parte compradora dentro de ese especial simulacro de subastilla que rode¨® todo el proceso". Adem¨¢s el precio no fue referenciado a los precios de protecci¨®n p¨²blica de ese momento, "lo que hubiera supuesto una referencia fiable y objetiva", adem¨¢s de no hacerse ninguna tasaci¨®n. Ha sido en diciembre de 2015 cuando se ha llevado a cabo una tasaci¨®n por la empresa Thirsa.

La consejera delegada de la EMVS ha apuntado que, por todo lo alegado, "se evidencia una gesti¨®n, administraci¨®n y decisi¨®n perjudiciales de los intereses de la EMVS, que ha originado p¨¦rdidas en su patrimonio y, por lo tanto, en el del Ayuntamiento. El Consistorio podr¨ªa proceder a revisar de oficio el procedimiento. Tambi¨¦n podr¨ªan pedir responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos p¨²blicos.

Marta Higueras ha destacado que podr¨ªan exigirse responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos p¨²blicos, acci¨®n que se entablar¨¢ ante el Tribunal de Cuentas y sin perjuicio de la reserva de posibles acciones, tanto civiles como penales, en espera de la valoraci¨®n que hagan los servicios jur¨ªdicos municipales para emprender las acciones judiciales que se estimen necesarias.