Las administraciones estrechan el cerco a los pisos tur¨ªsticos ilegales
Barcelona lidera con un plan de choque los controles y multas sobre plataformas como Airbnb
Barcelona, con 8,9 millones de turistas en 2015, tiene como una de las principales preocupaciones ¡ª la cuarta, seg¨²n el CIS catal¨¢n ¡ª el impacto de los visitantes en los barrios, sobre todo en los del centro de la ciudad. Por eso, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa en la lucha contra un problema que afecta a otras ciudades de Espa?a que adaptan sus regulaciones para cercarlo: la econom¨ªa sumergida y la gentrificaci¨®n que hay detr¨¢s de los pisos tur¨ªsticos ilegales que se anuncian en plataformas de econom¨ªa colaborativa como Airbnb y Homeaway.
Aunque comparten el problema, en cada comunidad la legislaci¨®n es distinta, desde que en 2013 el Gobierno decidi¨® sacar estos alojamientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y encomendar las Comunidades Aut¨®nomas a ocuparse de la materia. Los requisitos son distintos en cada sitio, y algunas administraciones los han tenido que adaptar para hacer frente a los vac¨ªos legales a los que los anunciantes se acogen para no tener que pedir licencia.
En Baleares, por ejemplo, est¨¢ prohibido alquilar pisos de uso tur¨ªstico, aunque s¨ª casas. Canarias solo permite el alquiler de viviendas tur¨ªsticas si el apartamento est¨¢ fuera de las zonas tur¨ªsticas. en Andaluc¨ªa se puede alquilar cualquier tipo de vivienda siempre que el propietario viva en ella. En Catalu?a, el anunciante tiene que pedir una licencia al Ayuntamiento y confirmar que la vivienda tiene c¨¦dula de habitabilidad y est¨¢ asegurada, aunque el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau dilat¨® la moratoria de la concesi¨®n de licencias y estas est¨¢n muy restringidas. Y en Madrid, hasta que fue recurrida por Competencia, la norma establec¨ªa una estancia m¨ªnima de cinco noches para el alquiler de este tipo de viviendas.
Otras grandes ciudades han emprendido medidas para regular la actividad de plataformas como Airbnb. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunci¨® en su elecci¨®n que plantear¨ªa normas para que las viviendas estuviesen totalmente aseguradas contra incendios y otros accidentes. En Nueva York, se impone una multa si la estancia es menor de 30 d¨ªas y el propietario no est¨¢ en la casa. Y en Islandia existe un impuesto de negocio para cualquier intermediaci¨®n de Airbnb.
Siempre ha existido la posibilidad de alquilar una vivienda a un turista, pero Internet ha cambiado su modalidad de contrataci¨®n y ha hecho que el sector hotelero considere como competencia desleal el nuevo negocio que ha aparecido. El portal Airbnb defiend¨ªa este lunes que, como intermediario, act¨²a en favor de las familias de "clase media" que quieren tener un complemento a su sueldo, y criticaba las regulaciones en Catalu?a por ser "arcaicas".
Colaboraci¨®n ciudadana
El Ayuntamiento de Barcelona impuls¨® hace un mes una serie de medidas, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, para aumentar las inspecciones y cerrar los pisos tur¨ªsticos sin licencia del Consistorio. Una de las medidas fue pedir la colaboraci¨®n ciudadana mediante una web donde se puede denunciar la presencia de estos pisos, de forma parecida a como se est¨¢ haciendo en Berl¨ªn, donde tambi¨¦n existe una p¨¢gina web para denunciar a los vecinos. El resultado, con un mes de funcionamiento, son 475 denuncias v¨ªa web, que se suman a 31 hechas por tel¨¦fono.
La p¨¢gina web invita al inquilino en un piso tur¨ªstico a revisar si el piso en el que est¨¢ es legal o no. Asimismo, los vecinos pueden rastrear las calles en busca de pisos sin licencia, y denunciarlos. La concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, ha reconocido que, aunque poner la denuncia es f¨¢cil, luego el procedimiento para que se convierta en una orden de cese de la actividad "puede tardar entre seis meses y un a?o".
Este mi¨¦rcoles, Gala Pin, la concejal de Ciutat Vella, el distrito barcelones donde m¨¢s se nota el impacto de los pisos tur¨ªsticos, explicaba que los anunciantes de pisos ilegales han preferido pagar una multa antes que colaborar con la Administraci¨®n. Seg¨²n ella, esto es la "muestra? de que hay un negocio muy lucrativo de gente que alquila varios pisos y gana dinero mientras ejerce un impacto negativo sobre el vecindario".
Airbnb tiene dos millones de alojamientos en 34.000 localidades de 191 pa¨ªses. Aunque no existen cifras oficiales de los pisos que se alquilan de forma ilegal (de los legales, en Barcelona hay 9.600, seg¨²n el portal Idealista.com), el Ayuntamiento trabaja con cifras estimadas por plataformas de estudio de datos como insideairbnb.com. Este portal asegura que el 78% de los casi 15.000 pisos tur¨ªsticos que figuran en la plataforma m¨¢s conocida de alquiler, contando tanto los pisos enteros como las habitaciones separadas, "no tienen el n¨²mero de licencia publicado y son probablemente ilegales". Ante este n¨²mero, el Gobierno de Ada Colau impuls¨® un plan de choque con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que en el primer mes ha conseguido 256 ¨®rdenes de cese y ha empezado a investigar 406 viviendas.
El Ayuntamiento anunciaba este mi¨¦rcoles que si estas plataformas reincid¨ªan en la publicaci¨®n de anuncios de pisos sin licencia, multar¨ªan a las empresas con 600.000 euros. Aunque intentan agilizar las inspecciones y las ¨®rdenes de cese de la actividad, desde el Consistorio reconocen que est¨¢n en desventaja: "La situaci¨®n va mutando, y los anunciantes siempre encuentran atajos para seguir haciendo su actividad, as¨ª que tenemos que adaptarnos y ser m¨¢s r¨¢pidos", explicaba Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo.
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