El reto de Puigdemont de no repetir otro 9-N

La propuesta de convocar un refer¨¦ndum de independencia anunciada este mi¨¦rcoles por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abre una nueva v¨ªa que hasta hace pocas semanas era vista con escepticismo desde el propio Gobierno catal¨¢n. Desde que la propuesta de consulta unilateral se convirtiera en una medida de presi¨®n de la CUP, el propio Ejecutivo y dirigentes de la antigua Converg¨¨ncia Democr¨¤tica ¨Cahora Partit Dem¨°crata¡ªpusieron en duda esa posibilidad. Su argumento era muy claro: se corr¨ªa un serio riesgo de repetir el proceso participativo sobre la independencia que se celebr¨® el 9 de noviembre de 2014 y por el que ahora est¨¢n imputados el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs.

Pese a esas imputaciones tras deso¨ªr al Tribunal Constitucional, el 9-N era una consulta no vinculante, con la que el Gobierno catal¨¢n desafi¨® a las instituciones del Estado pero que tan solo persegu¨ªa un escrutinio con urnas sobre la opini¨®n que ten¨ªan los catalanes respecto a una posible independencia o un cambio de encaje pol¨ªtico en el Estado. El resultado fue clar¨ªsimo a favor de la independencia, pero b¨¢sicamente porque los contrarios a la secesi¨®n evitaron votar. Solo participaron 105.245 partidarios de mantener la actual estructura pol¨ªtica frente a los 1,89 millones de personas que votaron por la independencia y los 234.848 que defend¨ªan un cambio de encaje dentro de Espa?a.

El 9-N no fue una consulta con garant¨ªas democr¨¢ticas plenas y no se realiz¨® con un censo oficial de votantes. Pudieron votar los mayores de 16 a?os y los residentes extranjeros que llevaban m¨¢s de tres a?os residiendo en Catalu?a.

Que los partidarios del no a la independencia se sientan llamados a las urnas es una de las principales preocupaciones del Gobierno catal¨¢n. Es un elemento b¨¢sico para que una consulta pueda ser homologada internacionalmente, tal y como establecen los documentos sobre buenas pr¨¢cticas de refer¨¦ndums aprobados por la Comisi¨®n de Venecia, un organismo del Consejo de Europa especializado en procesos electorales.

En las ¨²ltimas semanas, el Gobierno ha hecho esfuerzos para sustituir el adjetivo "unilateral" por "vinculante". Vinculante porque se obliga as¨ª a la Generalitat a que asuma el mandato que salga de las urnas, si es que el refer¨¦ndum llega en alg¨²n momento a celebrarse. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido la dificultad de convocarlo y confes¨® este mi¨¦rcoles que la mejor opci¨®n es la de pactarlo con el Estado. La misma Comisi¨®n de Venecia censur¨® cuando Crimea convoc¨® un refer¨¦ndum para independizarse de Ucrania, que ¨¦ste iba contra la Constituci¨®n.

La validaci¨®n internacional es un punto en el que trabaja intensamente el Gobierno catal¨¢n para conseguir una consulta vinculante. Es la m¨¢xima prioridad del equipo de Carles Vives Pi-Sunyer, presidente del Instituto de Estudios Auton¨®micos, que intenta dar con la f¨®rmula que le permita saltarse el marco de la Constituci¨®n y que los organismos internacionales puedan validar. Si se siguen los pasos marcados por la Comisi¨®n de Venecia, la Generalitat tendr¨ªa que garantizar un censo de votantes v¨¢lido, la creaci¨®n de un ente similar a las juntas electorales y asegurarse el blindaje de los funcionarios ante las amenazas que puedan llegar del Gobierno central. Y antes que todo eso, los Presupuestos de la Generalitat tendr¨ªan que incluir partidas para financiar el refer¨¦ndum, un cap¨ªtulo que seguro que ser¨ªa llevado ante el Tribunal Constitucional, con riesgo de suspender las Cuentas del pr¨®ximo a?o en su conjunto.