Una exdirectora dice que alert¨® de la ¡°urgencia¡± de tres casos de hepatitis C

Una exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha asegurado este jueves en sede judicial que comunic¨® "personalmente" a los cargos del Sergas investigados por supuestos retrasos en los tratamientos contra la hepatitis C la "urgencia" de tres de los casos que figuran en la causa, aunque ha ratificado que ella, desde su posici¨®n, no pod¨ªa hacer nada por estos tratamientos "al margen de la subcomisi¨®n".

La exdirectora ha comparecido este jueves ante el magistrado que instruye la causa, Andr¨¦s Lago Louro, en calidad de testigo. Su comparecencia deriva de la declaraci¨®n tomada en el mes de abril a los dos investigados por estos hechos -el exdirector de Asistencia Sanitaria F¨¦lix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina Gonz¨¢lez-Criado-, que aludieron a la responsabilidad de esta directiva en relaci¨®n a tres de los casos investigados y dejaron entrever que no hab¨ªa empleado un procedimiento de urgencia para el tratamiento de estas personas, que finalmente fallecieron.

Sin embargo, ante el juez, la mujer ha "puesto en evidencia" que ella "no ten¨ªa capacidad, presupuesto ni medios para actuar aut¨®nomamente sin la autorizaci¨®n de la subcomisi¨®n" de farmacia que deb¨ªa autorizar el tratamiento. As¨ª lo ha apuntado el letrado Pedro Trepat, que representa a la acusaci¨®n ejercida por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, tras su salida de la vista, que ha considerado "clarificadora".

En relaci¨®n a estos tres casos, ha dicho Trepat, la testigo "asegur¨® que, antes de remitir los correos pertinentes, inform¨® personalmente a los investigados de la gravedad de los mismos, poniendo de relieve la preocupaci¨®n de los m¨¦dicos por esa situaci¨®n y por agilizar los tratamientos, pero ellos le remitieron al tr¨¢mite convencional, que era el de la subcomisi¨®n". Esta comunicaci¨®n sobre la gravedad de estos tres casos se produjo "personalmente" a los investigados en una reuni¨®n celebrada el 20 de abril de 2014, ha precisado.

Del mismo modo, el abogado de la acusaci¨®n ha confirmado que la testigo ha "desmentido tajantemente" que "hubiese capacidad de utilizar un procedimiento de urgencia al margen de la subcomisi¨®n" para autorizar estos tratamientos. "Lo ¨²nico que pod¨ªan hacer era comunicar la urgencia y esperar a la previa autorizaci¨®n, que fue la que no se recibi¨®", ha sentenciado Pedro Trepat.

En cuanto a los pr¨®ximos pasos que habr¨¢ que dar, el letrado de la acusaci¨®n est¨¢ a la espera de que el juez decida llamar a declarar como testigos a los m¨¦dicos que trataron a los pacientes fallecidos. Del mismo modo, el juez ha ordenado al Imelga la pr¨¢ctica de una prueba pericial para determinar el grado de relaci¨®n entre las muertes de los pacientes y las decisiones pol¨ªticas que se tomaron y que la acusaci¨®n conf¨ªa enque "ratifique la pretensi¨®n de considerar que se cometieron ocho delitos de homicidio" por imprudencia profesional.

Tanto la Plataforma de Afectados como la Fiscal¨ªa est¨¢n tambi¨¦n a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coru?a resuelva su recurso contra un auto del juez Lago Louro, dictado en septiembre, en el que rechaza "clarificar" si, adem¨¢s de prevaricaci¨®n administrativa, los investigados lo est¨¢n por homicidio por imprudencia profesional, como recog¨ªa la denuncia del Ministerio P¨²blico, alegando que no es el "momento procesal" --aunque no lo descarta--.

"Hemos recurrido ese auto ante la Audiencia Provincial porque entendemos que es importante que se delimite el ¨¢mbito penal que estamos investigando", ha dicho el portavoz de la Plataforma, Quique Costas, en declaraciones a los medios. Costas ha expresado tambi¨¦n su satisfacci¨®n con la toma de esta declaraci¨®n, que permite "reactivar" unas diligencias que "han permanecido paradas durante m¨¢s tiempo de lo que parec¨ªa aconsejable y prudente".

En este sentido, el representante de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha recordado que el juez "no ha practicado ninguna diligencia nueva" desde la declaraci¨®n de los dos investigados, que se produjo en el mes de abril. Del mismo modo, ha explicado que la continuaci¨®n de las diligencias "contradice las pretensiones del Sergas" y las manifestaciones hechas incluso "por el presidente de la Xunta reiteradamente", alegando que la investigaci¨®n "no ten¨ªa recorrido" y que se "iba a cerrar inmediatamente despu¨¦s de la prestaci¨®n de declaraci¨®n por parte de los dos altos cargos".

La causa se hizo p¨²blica cuando trascendi¨® que dos altos cargos de la Xunta hab¨ªan sido citados a declarar en calidad de investigados -antigua figura del imputado- por un supuesto delito de prevaricaci¨®n administrativa en relaci¨®n con retrasos en el suministro de f¨¢rmacos a pacientes de hepatitis C, algunos de los cuales habr¨ªan fallecido sin llegar a recibirlos.

Los cargos investigados son el gerente del ¨¢rea sanitaria viguesa, F¨¦lix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina Gonz¨¢lez-Criado. El juez les investiga por prevaricaci¨®n, aunque la Fiscal¨ªa les atribu¨ªa tambi¨¦n un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administraci¨®n de los f¨¢rmacos "por razones presupuestarias". Tanto el Sergas, con el conselleiro de Sanidade, Jes¨²s V¨¢zquez Almui?a, al frente, como el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, defendieron en su momento que "siempre" se han usado criterios cl¨ªnicos para la atenci¨®n de pacientes.

La plataforma denunci¨®, en su d¨ªa, y entre otras cuestiones, el "extrav¨ªo" de expedientes y casos de pacientes a los que se les habr¨ªa retrasado la medicaci¨®n. Uno de los casos que fueron relatos es el de un paciente trasplantado por primera vez en el a?o 2006 y con dolencias agravadas que habr¨ªa sufrido varios retrasos.