La colaboraci¨®n p¨²blico-privada: el caso Aig¨¹es Ter-Llobregat

En los pr¨®ximos a?os, las administraciones p¨²blicas pretender¨¢n a la vez conseguir una reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, un incremento del gasto social y la construcci¨®n de infraestructuras. El nuevo ciclo expansivo de la econom¨ªa har¨¢ aumentar la recaudaci¨®n de impuestos, pero no permitir¨¢ alcanzar simult¨¢neamente esos tres objetivos. Por lo tanto, nuestros pol¨ªticos deber¨¢n afrontar un dilema: renunciar a alguno o contar con el sector privado para conseguirlos. Desde una perspectiva econ¨®mica y social, la segunda opci¨®n es la mejor. As¨ª pues, a priori distintas f¨®rmulas de colaboraci¨®n p¨²blico-privada deber¨ªan tener un gran protagonismo en los pr¨®ximos a?os.

Pese a las ventajas del modelo, nuestros l¨ªderes pueden dejarse llevar por el creciente rechazo de la ciudadan¨ªa a dicho tipo de colaboraci¨®n. Una mala fama que proviene de la creencia de que con ella las empresas privadas obtienen elevados beneficios si el negocio va bien y si va mal la Administraci¨®n es qui¨¦n sufraga las p¨¦rdidas. Hay tres ejemplos: el rescate de las autopistas radiales de Madrid, el del t¨²nel del AVE en los Pirineos y el del almac¨¦n de gas Castor. En estos casos, el problema no es la colaboraci¨®n con el sector privado, sino su ejecuci¨®n. En todos ellos, no se traspas¨® adecuadamente a las empresas el riesgo que entra?aba la concesi¨®n. Por tanto, la soluci¨®n no es la eliminaci¨®n del modelo, sino una mejor regulaci¨®n.

Dicha mala fama puede provocar en Catalu?a una situaci¨®n surrealista: el rescate de una concesi¨®n a cincuenta a?os solo cuatro a?os despu¨¦s de ser otorgada. Es el caso de Aguas Ter-Llobregat. Dicho rescate ser¨ªa totalmente inusual en una naci¨®n desarrollada y m¨¢s propio de un pa¨ªs bolivariano sin seguridad jur¨ªdica.

La concesi¨®n al consorcio encabezado por Acciona tuvo como finalidad obtener un ingreso extraordinario para cubrir el d¨¦ficit y evitar al erario p¨²blico tener que sufragar las cuantiosas inversiones de mantenimiento de la red. Hoy, ambos motivos contin¨²an plenamente vigentes.

Si finalmente el Parlament elabora una ley para permitir el rescate, los grupos pol¨ªticos que voten a favor realizar¨¢n un acto de populismo e irresponsabilidad, especialmente los que apoyaron la concesi¨®n en 2012. Dado que Acciona no ha incumplido los t¨¦rminos de la misma, su reversi¨®n no estar¨ªa basada en hechos objetivos, sino en el oportunismo pol¨ªtico.

La compensaci¨®n que la Generalitat deber¨ªa otorgar al adjudicatario podr¨ªa llegar a ser la suma del capital invertido, la indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios y el lucro cesante. Es decir, entre 389,5 (capital invertido) y 1.200 millones de euros (evaluaci¨®n de Junts Pel S¨ª). ?De d¨®nde sacar¨¢ la Generalitat el dinero? Muy probablemente de la sanidad, la educaci¨®n y la asistencia social. Estoy seguro que si se lo explicaran as¨ª a los ciudadanos, la mayor parte ver¨ªan la colaboraci¨®n p¨²blico-privada de forma mucho m¨¢s positiva.

En definitiva, dicha f¨®rmula es una magn¨ªfica herramienta que permite a las Administraciones prestar m¨¢s y mejores servicios. El problema est¨¢ en su regulaci¨®n y su adjudicaci¨®n. Si se hubiera actuado escrupulosamente, probablemente el Parlament no debatir¨ªa el rescate o no de la concesi¨®n. En cualquier caso, los ciudadanos no deben pagar las consecuencias de las actuaciones de unos y del oportunismo pol¨ªtico de otros.

Gonzalo Bernardos es profesor de Econom¨ªa de la UB.