Colau culpa a la Generalitat de pedir penas de prisi¨®n a un matrimonio desahuciado

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un pulso a la Generalitat a la que culpa de solicitar penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel para un matrimonio y tres activistas que se opusieron a un desahucio, en 2011, por impago del alquiler de un piso en el barrio del Clot. El Consistorio acusa a Interior de solicitar una condena que ¡ªen caso de que el juez la estimara¡ª supondr¨ªa el primer caso en Espa?a en el que los desahuciados ingresaran en prisi¨®n.

El pol¨¦mico desahucio tuvo lugar el 25 julio de 2011 en un piso del n¨²mero 22 de la calle de Andrade de Barcelona. Eliseo Loy¨¦ y Ver¨®nica Lok¨¢ y sus tres hijos viv¨ªan de alquiler desde hac¨ªa 26 a?os.

Meses antes, el propietario del piso solicit¨® un aumento de la mensualidad de la renta antigua que abonaba el matrimonio. Las desavenencias entre las partes acabaron en los tribunales y con una orden judicial que obligaba a la pareja a abandonar el domicilio. Loy¨¦ y Lok¨¢ se negaron, por lo que el juez fij¨® una fecha para hacer efectivo el desalojo. Las movilizaciones de diferentes plataformas de activistas y vecinos obligaron a los Mossos d¡¯Esquadra a suspender el desahucio en varias ocasiones.

Los mandos de los Mossos d¡¯Esquadra y el secretario judicial decidieron ejecutar el desahucio el 25 de julio de 2011. 80 personas se concentraron en las puertas del inmueble para detener, de nuevo, la orden judicial. Se vivieron momentos de mucha tensi¨®n y los agentes se vieron obligados a retirar una a una a las personas concentradas. La operaci¨®n policial dur¨® varias horas y hubo heridos, entre ellos varios Mossos d¡¯Esquadra.

La fiscal¨ªa tom¨® cartas en el asunto y acus¨® al matrimonio, a un vecino y a dos activistas de diferentes delitos, entre ellos, atentado contra la autoridad. La acusaci¨®n p¨²blica solicita que Loy¨¦ y Lok¨¢ sean condenados a pagar una multa, y el resto de acusados, a penas de dos a?os de prisi¨®n. La Generalitat tambi¨¦n se person¨® en la causa y solicita para el matrimonio una condena de dos a?os y tres meses de c¨¢rcel y de hasta cinco a?os y tres meses para los activistas a los que acusa de desordenes p¨²blicos, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

La carta

El teniente de alcalde de derechos de Ciudadan¨ªa en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, recibi¨® ayer en el Consistorio al matrimonio y al resto de acusados. En el encuentro ¡ªen el que participaron la concejal de la CUP, Mar¨ªa Jos¨¦ Lecha y la de ERC, Montserrat Bened¨ª¡ª Asens remarc¨® que cuando se produjo el desalojo ¡°no hab¨ªa alternativa habitacional¡±.

El propio Asens y el concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, hace unos d¨ªas enviaron una misiva al titular del Departamento de Interior, Jordi Jan¨¦, en el que mostraban la preocupaci¨®n del Consistorio ante el inminente juicio, que se celebrar¨¢ el 14 y 15 de diciembre. En el escrito aseguran que las penas de prisi¨®n que solicita la Generalitat ¡°son excesivamente rigurosas¡± y pueden convertir a la Administraci¨®n catalana en la primera que consiga que alguien ingrese en prisi¨®n por intentar detener un desahucio.

Asens no quiso entrar en pol¨¦micas sobre el hecho de que una concejal de ERC participara en la reuni¨®n con los acusados y a la vez su partido forme parte del Gobierno de la Generalitat.

Tras la reuni¨®n, Loy¨¦ y Lok¨¢ solicitaron que las personas que les ayudaron aquel d¨ªa no vayan a la c¨¢rcel.

El Departamento de Interior anunci¨® ayer que sus servicios jur¨ªdicos est¨¢n estudiando el caso y no quisieron pronunciarse al respecto.