Colau evita multar la prostituci¨®n callejera
Las prostitutas aseguran que con la entrada en el gobierno de BCom¨² el trato con los agentes de la Guardia Urbana ha cambiado y ya no imponen sanciones
¡°No parecen los mismos urbanos. Ya no vienen a la caza y captura de la puta. Hay presi¨®n, pero ya no nos multan, como hac¨ªa Xavier Trias¡±. Janet, una de las prostitutas de la calle de Robador del barrio barcelon¨¦s del Raval, sostiene que desde que entr¨® Ada Colau en el Ayuntamiento los agentes han dejado de multarlas por ofrecer servicios sexuales en la calle. ¡°Necesit¨¢bamos que alguien simplemente nos escuchara. Queremos que coloquen bancos en la calle para trabajar de forma m¨¢s discreta, tener ba?os p¨²blicos¡ el Ayuntamiento dice que lo estudia. Ahora, por lo menos, cuando nos precintan un apartamento acus¨¢ndonos de montar un meubl¨¦ nos dejan sacar nuestras pertenencias¡±, se conforma. La estad¨ªstica da la raz¨®n a Janet.
El exalcalde convergente Xavier Trias, apoyado por el PP, modific¨® la ordenanza de civismo en 2012 para prohibir la prostituci¨®n callejera en Barcelona. En las primeras cinco semanas que la norma estuvo vigente, los urbanos amonestaron a 316 personas (204 de estas denuncias fueron a prostitutas). El convergente conserv¨® la alcald¨ªa un mandato.
En junio de 2015, Ada Colau tom¨® posesi¨®n como alcaldesa. Durante todo ese a?o la urbana interpuso 508 denuncias por ofrecer o contratar servicios sexuales en la v¨ªa p¨²blica, la mayor¨ªa de ellas en los meses que gobern¨® Trias. Desde la tenencia de alcald¨ªa de Derechos de Ciudadan¨ªa y desde la concejal¨ªa de Feminismos aclaran que aunque Colau hubiera querido sancionar a las prostitutas ¡ªque no quer¨ªa¡ª no lo hubiera podido hacer porque a los pocos d¨ªas de haber tomado posesi¨®n del cargo entr¨® en vigor Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. ¡°Esta ley tiene un rango superior a la ordenanza y es de obligado cumplimiento. El texto legal no prev¨¦ multar por realizar ofrecimientos sexuales¡±, defiende una portavoz municipal.
La ley mordaza impide sancionar a prostitutas, pero el Consistorio barcelon¨¦s a?ade otros motivos para no multarlas: ¡°Existe una directiva europea que pide que se evite revictimizar a las mujeres en posibles situaci¨®n de tr¨¢fico¡±. Desde el Consistorio admiten que ¡°no sancionar el ofrecimiento sexual es una pr¨¢ctica consolidada en Barcelona y que, adem¨¢s, no ha tenido ning¨²n impacto sobre el n¨²mero de prostitutas que ejercen en las calles¡±.
La portavoz municipal asegura que seg¨²n las estad¨ªsticas con las que cuenta la Agencia para el abordaje integral del trabajo sexual (Abits) el n¨²mero de meretrices es estable desde hace a?os. ¡°Las sanciones a las prostitutas no ten¨ªan ning¨²n efecto disuasorio y dejar de sancionar no ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales¡±, concluye la portavoz.
El intendente jefe de la comisar¨ªa de Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona, Benito Granados, opina que ¡°quiz¨¢s antes la administraci¨®n hab¨ªa perdido un poco la sensibilidad con el tema de la prostituci¨®n¡±. Granados conoce los movimientos que hay en su distrito y m¨¢s all¨¢. ¡°Actualmente, entre la ronda Sant Antoni, Robador, la Rambla y la Villa Ol¨ªmpica hay cerca de 60 mujeres ejerciendo la prostituci¨®n callejera¡±. Reconoce que es una poblaci¨®n bastante estable.
¡°Este 2016 en Ciutat Vella no hemos denunciado a ninguna prostituta y hemos multado a unos 80 clientes¡±, explica Granados. El intendente ha hecho labores de mediaci¨®n con el colectivo: ¡°Nuestro objetivo es luchar contra la trata de mujeres con fines de explotaci¨®n sexual. Ahora los explotadores no se distribuyen en grandes organizaciones criminales sino que son estructuras peque?as que explotan a una o dos mujeres siguiendo m¨¦todos emocionales que hacen muy complicado nuestro trabajo¡±.
En los parques de la Villa Ol¨ªmpica los servicios sexuales pueden costar entre 10 y 15 euros mientras que en Robador o Sant Antoni alcanzan los 20 euros m¨¢s ¡°5 y 10 euros por la habitaci¨®n¡±. ¡°Actualmente hay una decena de meubl¨¦s en funcionamiento y la propia normativa va en nuestra contra¡±, asegura Granados.
Relata que cuando los agentes sospechan que un piso funciona como meubl¨¦ abren un expediente administrativo. Pero que hasta que se resuelve con el cese de las actividades, se precinta el inmueble y el juzgado da la orden de precinto judicial pasan unos meses durante los que los administradores han tenido tiempo para alquilar, u okupar, otro piso donde continuar la misma funci¨®n.
Tambi¨¦n la ONG Genera constata el cambio de actitud de los urbanos con las prostitutas. Esta asociaci¨®n en defensa de los derechos de las mujeres asegura que las multas solo sirvieron para precarizar, m¨¢s a¨²n, la situaci¨®n de las mujeres: ¡°Adem¨¢s, a las que m¨¢s afect¨® fue a las j¨®venes que se encontraban en una situaci¨®n de trata (el 15% de las prostitutas seg¨²n la ONG) y no pod¨ªan moverse de la calle¡±.
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