Condenada una familia a ¡°arresto domiciliario¡± en el piso que okup¨®
Miguel y Dara no salen de casa desde hace 33 d¨ªas. No pueden ir a comprar comida ni llevar a su hijo de tres a?os al colegio
Miguel y Dara no salen de casa desde hace 33 d¨ªas. No pueden ir a comprar comida ni llevar a su hijo de tres a?os al colegio. Una juez conden¨® a la pareja a permanecer 45 d¨ªas de arresto domiciliario en la vivienda que okupa desde finales de 2016 en la avenida de Entrev¨ªas. Inicialmente, ambos fueron sancionados con una multa de 540 euros (270 cada uno). Como no pudieron pagar en los tres d¨ªas reglamentarios, la magistrada les aplic¨® el arresto de manera subsidiaria. La condena finaliza el 5 de abril a medianoche. Ese d¨ªa deber¨¢n desalojar la casa y llevarse las pocas pertenencias con las que llegaron.
"No es una sentencia ins¨®lita. Comenz¨® a dictarse el a?o pasado, despu¨¦s de que las instituciones madrile?as acordaran agilizar los desalojos. En Vallecas hay dos parejas en la misma situaci¨®n", afirma Diego Sanz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El activista explica que, al llevarse el procedimiento por v¨ªa penal, todo va "muy r¨¢pido" y la multa es sustituida por un arresto domiciliario cuando no hay posibilidad de pago.
Para Miguel, de 25 a?os, "parece que ser pobre es un delito". Lo dice mientras observa la calle a trav¨¦s de la ventana de un sal¨®n casi desierto de muebles. "No queremos vivir gratis, estamos dispuestos a pagar, pero dentro de nuestras posibilidades", contin¨²a. Por el momento, el ¨²nico ingreso que tiene la pareja son los 587 euros que obtiene por la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI). Con ese dinero, sobreviven ambos y su ni?o de tres a?os, que se muestra muy cari?oso y juguet¨®n. El piso, que encontraron sucio y abandonado seg¨²n las fotos que guardan en su m¨®vil de ¨²ltima generaci¨®n, reluce ahora. Es la imagen de un joven matrimonio "feliz".
"Okupar es delito"
La pareja asegura que acudi¨® a la sucursal de Bankia, situada en el bloque contiguo al que vive, para que les cobrara un alquiler social, pues el piso pertenece al banco. ¡°Nos dijeron que no hablaban con okupas¡±, rememora Miguel. Una portavoz de la entidad no pudo confirmar este viernes que el piso les pertenezca, pero record¨® que el banco puso ya a disposici¨®n del Fondo Social de Vivienda un parque de 2.000 pisos. "Okupar es un delito. A la gente que lo comete, de partida, no se le da la posibilidad del alquiler social".
500 desahucios menos que en 2015
Menguan los desahucios. Los alzamientos practicados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decrecen: en 2014 fueron 7.966; en 2015, 7.194, y en 2016, 6.674, seg¨²n los datos ofrecidos por el Consejo del Poder Judicial.
Lanzamientos hipotecarios. De esos 6.674 desahucios, 1.657 se debieron a impagos de la hipoteca. Tres a?os antes se ejecutaron 2.657.
Arrendamientos urbanos. Otros lanzamientos se han practicado a inquilinos que no han pagado el alquiler. En 2016 fueron 4.760 en la Comunidad de Madrid. Tres a?os antes se ejecutaron 5.553.
Todo tipo de inmuebles. Los desahucios que recoge el CGPJ en su estad¨ªstica no afectan solo a viviendas (habituales o no), sino a toda clase de inmuebles.
La desventura de esta familia comenz¨® en febrero de 2016, cuando tuvo que abandonar por impago una casa que ten¨ªa alquilada en la misma avenida de Entrev¨ªas (Vallecas). Ambos perdieron, a la vez, sus trabajos. Solicitaron entonces una soluci¨®n a los servicios sociales (tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento), pero nunca obtuvieron respuesta. Con la urgencia de encontrar un techo, okuparon una vivienda en la calle de San Diego, que tuvieron que abandonar por presiones de los vecinos "cuando el banco gestionaba un alquiler social". Llegaron a la casa que ahora okupan a finales de 2016. Alguien del bloque les comunic¨® que la familia que viv¨ªa all¨ª la hab¨ªa abandonado porque iba a ser desahuciada. "La gente de aqu¨ª nos conoce desde peque?os: somos del barrio", afirma Dara sentada en un sof¨¢, frente al plasma que preside la estancia y que adquirieron cuando las cosas marchaban bien.
El arresto domiciliario comenz¨® el pasado 20 de febrero. "D¨ªas despu¨¦s, dejaron en libertad provisional a [I?aki] Urdangarin, que se fue a Suiza. Lo primero que pens¨¦ fue que me hab¨ªa comido su condena y la m¨ªa", comenta, entristecido, Miguel. Dara incide: "No puedes confiar en la justicia porque hay un distinto rasero. Quien te tiene que ayudar, no lo hace". Sus padres le prestan auxilio, pero no pueden irse a vivir con ellos porque habitan en casas muy reducidas: "Tendr¨ªamos que dormir en el suelo".
Una firma cada d¨ªa
Cada d¨ªa, a horas alternas, una pareja de agentes municipales llega a la casa y les hace firmar. Si no estuvieran all¨ª, incurrir¨ªan en un delito de quebrantamiento de condena. La pareja tampoco tiene permiso para llevar a su hijo al colegio. Lo hace la madre de Dara, pero hay d¨ªas en que no puede. "Si ya estuviera en edad de escolarizaci¨®n obligatoria y se ausentara, perder¨ªa la custodia", solloza la joven. La madre de Dara tambi¨¦n se encarga de llevarles la comida y de tirar la basura. "Estoy estudiando para el graduado escolar y los ex¨¢menes son el 27 de marzo, as¨ª que tampoco podr¨¦ hacerlos", se queja Miguel, que presume de sus buenas notas en el trimestre anterior.
En la casa hace fr¨ªo, pero no es eso lo que m¨¢s preocupa a la pareja. "Estamos angustiados", subrayan. Insisten en que, hasta hace a?o y medio, trabajaban de dependientes y pagaban el alquiler de su casa. Todo cambi¨® al perder el empleo. "La vida te cambia en un instante, le puede pasar a cualquiera. ?Ad¨®nde iremos ahora, cuando nos echen?", solloza Dara. Mientras, fuera, ha comenzado a llover.
El drama de perder el hogar
Perder el hogar sigue siendo un drama social, recalca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un libro, La vivienda no es delito, recopila ahora las experiencias de personas que han perdido su casa y que luchan para que se cumpla el precepto constitucional que da derecho a una vivienda digna.
"Los desahucios est¨¢n en n¨²meros similares a los de 2013, en plena crisis, cuando se supone que estamos super¨¢ndola", afirma Diego Sanz, portavoz de la plataforma en Vallecas. La PAH sostiene que a esos datos hay que sumar "los miles de desahucios invisibles de familias que se han visto obligadas a escoger entre la calle u okupar una vivienda", una acci¨®n que est¨¢ penalizada como un delito de usurpaci¨®n en el art¨ªculo 245.2 del C¨®digo Penal.
En abril del a?o pasado, la Polic¨ªa Nacional habilit¨® un n¨²mero de tel¨¦fono gratuito para que los madrile?os denunciaran las okupaciones. Se cre¨® tambi¨¦n, a instancias de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid, un censo de estas viviendas, elaborado por un comisario antiokupa.
En solo tres meses, el n¨²mero de denuncias superaba las 1.500. "Nos hemos encontrado muchos casos en los que una persona que est¨¢ a punto de ser desahuciada alquila la casa a otra. Los nuevos inquilinos no son en realidad okupas", enfatiza Sanz para denunciar que muchas familias son v¨ªctimas de estafa. Luego est¨¢ el negocio de las mafias, una actividad que ya denunci¨® la Federaci¨®n Regional de Asociaci¨®n de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Solo este viernes, relata Diego Sanz, se paralizaron cuatro desahucios en la capital (dos en Vallecas, uno en Usera y otro en Tetu¨¢n) y otro m¨¢s en Legan¨¦s.
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