El precio de denunciar la corrupci¨®n

Tocamos a 1,8 procesados al d¨ªa por corrupci¨®n pol¨ªtica. Son sesudos n¨²meros del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2016. Para los defensores de la presunci¨®n de inocencia ¡ªque acostumbran a ser detractores de la ¡°pena de telediario¡±¡ª ah¨ª va otro dato: el 76% de las sentencias emitidas a lo largo del a?o pasado fueron total o parcialmente condenatorias.

Al contrario que en los delitos de terrorismo, los grandes partidos no suelen hacer llamamientos a la colaboraci¨®n ciudadana en el terreno de la corrupci¨®n pol¨ªtica. Cualquier atisbo de denuncia acostumbra a ser tildado de acci¨®n revanchista con ¨¢nimo de linchamiento. Los poderes, que por algo lo son, presionan de oficio y cuando no logran sus objetivos suelen culpar al mensajero de alimentar el desprestigio de la pol¨ªtica. Lo habitual es que un periodista que investiga casos de corrupci¨®n pol¨ªtica o econ¨®mica reciba prudentes recomendaciones, que pueden degenerar en presiones y amenazas.

En ese contexto se entiende el valor del denunciante de corrupci¨®n, trabajador de la Administraci¨®n a quien se le hace la vida imposible y que acostumbra a ser apartado abruptamente de su empleo. Hay casos de manual como el de Ana Garrido, denunciante de la trama G¨¹rtel; Fernando Urruticoeechea, interventor que ha peregrinado por siete ayuntamientos; el ex teniente Luis Gonz¨¢lez Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas por novelar sobre la corrupci¨®n en la instituci¨®n; Azahara Peralta, que neg¨® su firma a unos sobrecostes en la empresa p¨²blica Acuamed... Los catalanes, por si alguien pretende apelar al hecho diferencial, no somos ni m¨¢s modernos, ni m¨¢s europeos. Puro espejismo nacional. La celebraci¨®n de los juicios de los casos Palau y Pretoria nos devuelve la imagen de nuestra vetusta realidad.

Joan Llinares, director general del Palau desde que estall¨® el caso hasta que Converg¨¨ncia volvi¨® al poder en 2010, desarroll¨® su labor a contracorriente. No en vano el coliseo modernista hab¨ªa sido el canal mediante el cual CDC se financiaba supuestamente gracias a presuntas donaciones de Ferrovial, a cambio de obra p¨²blica. Entre otra documentaci¨®n, Llinares hall¨® una carpeta sobre la construcci¨®n de la L¨ªnea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia, ¡°con unos presupuestos y unas operaciones de desglose y donde hab¨ªa reflejado un 4,5%¡±, seg¨²n sus propias palabras. ?Qu¨¦ hac¨ªa tanta obra p¨²blica en el Palau? Las curiosidades no acabaron ah¨ª: cinco d¨ªas despu¨¦s de la destituci¨®n de Millet y Montull, ¡°la trituradora estaba en marcha y en la planta de contabilidad se estaban destruyendo documentos¡±, declar¨® el ex director general.

Llinares se retir¨® a finales de 2010, antes de que los nuevos inquilinos del poder ¡ªCiU¡ª pudieran echarle. No corri¨® la misma suerte la interventora interina del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet Maite Carol, que colabor¨® a requerimiento del juez Baltasar Garz¨®n en la investigaci¨®n del caso Pretoria de corrupci¨®n urban¨ªstica que afectaba a ese municipio. Estos d¨ªas del juicio, han vuelto a resonar la grabaciones de las conversaciones telef¨®nicas entre Bartomeu Mu?oz, ex alcalde socialista de Santa Coloma, y Luis Garc¨ªa S¨¢ez, Luigi, ex diputado del PSC. ¡°Hay que echarla; qui¨¦n co?o se cree que es esa puta interventora¡±, le dec¨ªa Luigi al alcalde, quien, a su vez, la tachaba de ¡°hija de puta¡± en estos di¨¢logos.

Carol, que se negaba sistem¨¢ticamente a dar luz verde a informes poco claros, fue apartada de sus cargos por la actual alcaldesa socialista, N¨²ria Parlon. Primero se le neg¨® el acceso a los consejos de las empresas municipales, luego alguien pidi¨® justamente su plaza de interventora, ya que ella era interina. Un cargo auton¨®mico le lleg¨® a sugerir que si no armaba revuelo podr¨ªa seguir en la Administraci¨®n. Ahora es directora financiera de la red de librer¨ªas La Central. Igual que Llinares en el caso Palau, ella observa ese banquillo de fichajes del caso Pretoria, que ha hermanado a socialistas y convergentes: Bartomeu Mu?oz se llev¨®, presuntamente, 1,7 millones de euros de lo que el fiscal considera ganancias il¨ªcitas; Luigi, casi seis millones, al igual que Llu¨ªs Prenafeta, que fue mano derecha de Jordi Pujol, mientras que Maci¨¤ Alavedra, ex consejero de convergente de la Generalitat, se hizo con 3,2 millones.

Ellos vivieron la ¡°pena de telediario¡±. Toda Espa?a los vio esposados, cual cuerda de presos, camino de la Audiencia Nacional. Prenafeta sinti¨® que viv¨ªa en un ¡°Estado de terror¡±. Hay sensibilidades para todo. Quien tuvo el valor de no avalar irregularidades se qued¨® sin trabajo. Denunciar la corrupci¨®n tiene precio incluso en un Estado de Derecho.