Andaluc¨ªa se mantiene a la cabeza de las comunidades en litigiosidad

Los andaluces contin¨²an siendo de los que m¨¢s litigan en los tribunales. Andaluc¨ªa se sit¨²a, un a?o m¨¢s, a la cabeza en n¨²mero de asuntos ingresados a nivel nacional. As¨ª, tenemos un porcentaje superior en un 21% al de la litigiosidad estatal, que alcanz¨® un total de 5.813.125 en los ¨®rganos judiciales espa?oles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 124,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ¨¢mbito del TSJA es de 145,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo de las m¨¢s altas de Espa?a, superada por Canarias (158,7) y seguida de Baleares (135,2), Murcia (128,9) y la Comunidad Valenciana (127,9).

Los juzgados y tribunales andaluces ingresaron un total de 1.245.470 asuntos, siendo la jurisdicci¨®n penal la que m¨¢s n¨²mero de asuntos recibi¨®, un 64%, bastante m¨¢s de la mitad de los asuntos registrados.

Las cifras dibujadas en la memoria reflejan un porcentaje de ingresos demasiado elevado para los actuales recursos y contexto organizativo, deficitario y sumamente r¨ªgido, al tiempo que evidencian la necesidad de frenar la elevada litigiosidad. En este sentido, el Presidente del TSJA ha lamentado que, despu¨¦s de seis a?os, el resumen de todo el avance experimentado sea anecd¨®tico. Como se recoge en la Memoria, "nos encontramos en un primer estadio, importante aunque incipiente, de transformaci¨®n tecnol¨®gica, pero seguimos con la misma estructura organizativa y funcional, tanto en lo que respecta a los Jueces y Magistrados, como a los Cuerpos de funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia, la planta judicial permanece pr¨¢cticamente invariable y, en fin, en materia de oficina judicial, tenemos dos proyectos piloto inacabados. No se ha materializado ninguna medida de reordenaci¨®n de efectivos ni creaci¨®n de servicios comunes ni avanzado en proyectos de trabajo colegiado, que mejore la gesti¨®n y eficacia de los actuales recursos".

En este sentido, se?ala que transcurrido m¨¢s de un lustro, el camino recorrido es "decepcionantemente corto", pese a reiterar a?o tras a?o que el actual "sistema es insostenible y poco operativo", por lo que se imponen soluciones r¨¢pidas y consensuadas que "conformen un nuevo modelo y traigan la imprescindible racionalizaci¨®n de los instrumentos personales y materiales que sirven a la funci¨®n jurisdiccional, junto a reformas que culminen con la modernizaci¨®n de la justicia y de las leyes procesales, singularmente en el modelo de proceso penal.

Tan s¨®lo ha habido cambios cualitativos en el proceso de digitalizaci¨®n, aunque quedan importantes deficiencias a corregir y un importante trayecto por recorrer en la implantaci¨®n del expediente y firma digital. En el resto de apartados, "ning¨²n avance significativo se ha materializado en el sistema organizativo de la Oficina Judicial, donde todo apunta a una voluntad de implantaci¨®n m¨¢s testimonial que efectiva".

Sigue sin abordarse la necesaria reordenaci¨®n de efectivos, las reformas procesales, cercenadas en su eficacia por una absoluta falta de cambios en el ¨¢mbito organizativo de la estructura judicial. Los desaf¨ªos a los que se enfrenta la justicia son muchos y complejos, pero "demorarlos agrava el problema y dificulta las soluciones, ya que los a?os de retroceso triplican los a?os de recuperaci¨®n".

Reorganizar la justicia, dotarla de m¨¢s recursos, un mapa judicial y una organizaci¨®n al servicio de una justicia eficaz y ¨¢gil, no de intereses localistas, una oficina judicial al servicio de la Justicia, no a intereses corporativistas, mejorar y cambiar la instrucci¨®n penal, potenciar medidas disuasorias del exceso de litigiosidad, etc. "Son cambios tan necesarios que, mientras no se hagan, ser¨¢ muy dif¨ªcil materializar plenamente esa aspiraci¨®n constitucional de una justicia ¨¢gil y eficaz, de una tutela judicial efectiva", concluye.

Los juzgados y tribunales de Andaluc¨ªa recibieron durante el a?o 2016 un 31% menos de asuntos que el a?o anterior. En concreto, ingresaron 1.245.470 asuntos, frente a los 1.794.246 asuntos del pasado a?o. Este descenso se debe a las reformas legales por las que se destipificaron algunas conductas y la supresi¨®n de las faltas, as¨ª como que se dejaran de remitir a los Juzgados de Instrucci¨®n los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado. Pese a estas cifras, el porcentaje de ingresos es demasiado elevado, lo que impide con los actuales recursos y d¨¦ficit organizativo dar una respuesta de calidad y en tiempo razonable.

En este n¨²mero global de asuntos, se mantiene otro dato estad¨ªstico llamativo, repetido a?o tras a?o: los procedimientos penales suponen el 64% del total, o sea, m¨¢s de la mitad de los asuntos registrados. Los asuntos penales ingresados en Andaluc¨ªa suponen el 24% del total de ingresos a nivel nacional, lo que nos sit¨²a en el primer lugar de litigiosidad en esta jurisdicci¨®n.

En el otro extremo se sit¨²a el porcentaje relativo a la jurisdicci¨®n social (un 5%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicci¨®n civil supone un 27% del total de asuntos ingresados. Los asuntos contenciosoadministrativos ingresados durante 2016 significan el 27% del total nacional, dato que indica que seguimos a la cabeza de la tasa de litigiosidad en esta jurisdicci¨®n.

Al igual que el pasado a?o, destaca un dato sumamente positivo: la tasa de resoluci¨®n ha sido del 1,03 en el a?o 2016 (el pasado a?o fue del 1,02), lo que permite afirmar, con car¨¢cter general, que los ¨®rganos judiciales del territorio se sit¨²an en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven m¨¢s asuntos de los ingresados, pese al d¨¦ficit organizativo y de recursos personales.

Pero el problema sigue siendo la tasa de congesti¨®n, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados m¨¢s pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven. Ello no permite que la valoraci¨®n final sea satisfactoria, pues es patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, as¨ª como mejorar los tiempos de respuesta de muchos ¨®rganos judiciales.

En cualquier caso, la planta judicial queda lejos de lo razonable para la litigiosidad existente en el ¨¢mbito del TSJA. Continua siendo ineludible e inaplazable la ampliaci¨®n de la planta. Todo ello, sin olvidar cuantas otras medidas competan a los diferentes poderes p¨²blicos en orden a la mejora y modernizaci¨®n del sistema judicial, pues la soluci¨®n "m¨¢s jueces" no determinar¨ªa por s¨ª sola la resoluci¨®n de nuestros problemas, ya que seguir¨ªa consolidando y multiplicando las deficiencias de un modelo desfasado. As¨ª, en la Memoria se refleja la necesidad de crear 15 plazas judiciales en ¨®rganos colegiados (Audiencias Provinciales), as¨ª como 52 plazas judiciales para ¨®rganos unipersonales.