La oposici¨®n critica las concesiones que fija la Ley catalana de Puertos
El proyecto quiere renovar los puertos de la Generalitat, con 992 millones de facturaci¨®n anual y 9.000 empleos
Hace un a?o que el Parlament tramita la Ley de Puertos y, aunque todo apunta a que saldr¨¢ adelante, su contenido a¨²n genera dudas entre los distintos grupos. Los partidos reconocen que la renovaci¨®n de las infraestructuras es necesaria pero critican que la Generalitat impulse un modelo que termine promoviendo la n¨¢utica de lujo. El Govern quiere ceder gran parte de la gesti¨®n a las empresas concesionarias, que ven en las naves de gran eslora una oportunidad de negocio.
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ve un fil¨®n en los puertos, y quiere mejorarlos para atraer inversi¨®n: un estudio de la Universidad de Barcelona, con datos de 2014, indica que los 45 puertos que gestiona Catalu?a facturan 992 millones de euros anuales y generan 9.000 empleos. Estos datos no incluyen los puertos de Barcelona y Tarragona, que son competencia estatal. La Generalitat gestiona 32.988 amarres, un 9% de los cuales son para barcos de m¨¢s de 12 metros.
Pero ante la gran demanda de amarres para embarcaciones de lujo, el texto propone unificar la gesti¨®n de los 45 puertos y renovar las infraestructuras para dar cabida a barcos m¨¢s grandes. Con el objetivo de aumentar la inversi¨®n, el proyecto de ley plantea simplificar el proceso de concesiones, y esto genera las dudas de partidos como la CUP o Catalunya S¨ª Que Es Pot (CSQP). ¡°Queremos una ley que proteja la convivencia entre los diferentes usos portuarios y, con este proyecto, las actividades m¨¢s populares como la pesca o la n¨¢utica recreativa quedan en un segundo plano¡±, denuncia Sergi Saladi¨¦ (CUP) y que pronostica un voto negativo.
Los responsables de la Federaci¨®n Catalana de Vela trasladaron durante su comparecencia en la comisi¨®n que tramita la norma su preocupaci¨®n ante la p¨¦rdida de autonom¨ªa. ¡°La Generalitat solo gestionar¨¢ las actividades no lucrativas, mientras que las que generan dinero ir¨¢n a cargo de las empresas concesionarias¡±, a?ade Saladi¨¦. Junts Pel S¨ª afirma que con la nueva norma, se pasar¨¢ de una ley pensada para crear infraestructuras a una normativa enfocada hacia la innovaci¨®n, la sostenibilidad y la optimizaci¨®n de los recursos.
¡°Hac¨ªa falta ordenar el sector, pero nuestra apuesta es que cada puerto quede muy integrado a su ciudad, tanto urban¨ªsticamente como desde el punto de vista de la gobernanza: no puede quedar en un r¨¦gimen totalmente privado¡±, afirma Hort¨¨nsia Grau, diputada por CSQP. El PSC, por su parte, considera que las concesiones no pueden ser muy largas.
Grau pide establecer los par¨¢metros para garantizar una adaptaci¨®n medioambiental. Los representantes de la Plataforma para la Calidad del Aire, que tambi¨¦n han comparecido en comisi¨®n, creen que el proyecto ¡°no regula la limitaci¨®n y el control de las emisiones contaminantes de los barcos¡±. Ven un modelo ¡°insostenible¡± por la presencia de cruceros y grandes yates, y recuerda la normativa europea, especialmente el l¨ªmite m¨¢ximo del 0,5% de contenido de azufre de los combustibles, un objetivo marcado para 2020.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo del PP y ya super¨® una enmienda a la totalidad de Ciudadanos, que consideran que el texto ¡°pone por delante los intereses procesistas m¨¢s que los intereses de los puertos¡±. La diputada Marina Bravo (C`s) considera que el consejero Josep Rull present¨® este proyecto como una ¡°estructura de Estado¡± enmarcado en el proceso independentista. De igual manera se ha expresado el PP, aunque en su caso alaban la propuesta por la b¨²squeda de una gesti¨®n ¨®ptima de los puertos, que pasa por dar cabida a la demanda de amarres de lujo.
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