La reprobaci¨®n

Cuando, en 2013, el fiscal superior de Catalu?a se atrevi¨® a emitir una prudente opini¨®n jur¨ªdica sobre la consulta independentista sin satanizarla, el fiscal general del Estado (FGE), obligado por el Gobierno, le conmin¨® a dimitir ¡°voluntariamente¡±. As¨ª empezaba la m¨¢s reciente espiral de instrumentalizaci¨®n y desprestigio de la Fiscal¨ªa. Poco despu¨¦s, tambi¨¦n se vio obligado a dimitir el mismo FGE, Torres-Dulce, despu¨¦s se deshicieron de la siguiente FGE, Madrigal, y de paso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, del de Euskadi y del de Murcia, castigado por su tenacidad insobornable. Entonces lleg¨® Maza, el nuevo FGE, que nombr¨® a Moix como fiscal jefe de Anticorrupci¨®n. ?ste empez¨® a intentar apartar a algunos fiscales de investigaciones complej¨ªsimas, a lentificarlas o dificultarlas, generando razonables sospechas de parcialidad.

Los fiscales de Anticorrupci¨®n respondieron colectivamente de forma especialmente meritoria. Ejercitaron una previsi¨®n legal que significa, m¨¢s o menos, una objeci¨®n de conciencia. Los fiscales podr¨¢n y deber¨¢n ejercerla cuando las ¨®rdenes de los jefes sean contrarias a la ley o improcedentes por cualquier otro motivo. El ministro y el FGE, pretendiendo minimizar el esc¨¢ndalo, declararon que se trataba de un hecho ordinario, habitual. Pero no es cierto. Deber¨ªan saber, y probablemente sab¨ªan, que el gesto de los fiscales es especialmente infrecuente, extraordinario. Casi nadie se atreve a enmendar una orden o decisi¨®n del superior jer¨¢rquico, enfrent¨¢ndose a ¨¦l p¨²blicamente en un escrito motivado. El jefe Anticorrupci¨®n, ante el esc¨¢ndalo producido, rectific¨® parcialmente alguna de sus anteriores decisiones. Pero tanto ¨¦l como el FGE siguen mandando, dispuestos a repetir sus sospechosas directrices. Legalmente, pueden ordenar al mismo o a otro fiscal que cumpla la orden objetada, o incluso asumir el mismo jefe la llevanza temporal o definitiva del asunto. As¨ª pues, la objeci¨®n de conciencia de los fiscales ha sido un gesto ¨¦tica y jur¨ªdicamente necesario, pero no suficiente.

Estas deplorables peripecias provocadas por la c¨²pula de la Fiscal¨ªa demuestran que al ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, no le hac¨ªa falta el consejo que hubiera querido darle el presuntamente corrupto Ignacio Gonz¨¢lez: ¡°Oye Rafa, el aparato del Estado o lo tienes o est¨¢s muerto¡±. Rafa ya lo sab¨ªa y lo practicaba.

La Fiscal¨ªa naci¨®, hist¨®ricamente, como la larga mano del Rey ante los tribunales. Despu¨¦s fue el instrumento del poder ejecutivo ante el poder judicial. La dependencia efectiva de los fiscales se aseguraba mediante una estructura jer¨¢rquica cuya cabeza suprema era nombrada y cesada discrecionalmente por el Gobierno. As¨ª permaneci¨® la instituci¨®n, ininterrumpidamente, desde 1926 hasta la reforma legal de Zapatero, impulsada por el FGE Conde-Pumpido en 2007. La reforma legal pretendi¨® reforzar la imparcialidad del FGE coloc¨¢ndole en una tenue equidistancia entre el poder ejecutivo, que le propone, pero ya no puede cesarle, y el poder legislativo, que le convalida. Se trat¨® de evitar la preocupante apariencia de que la Fiscal¨ªa es un instrumento dependiente del Gobierno m¨¢s que una instituci¨®n imparcial del Estado. Para ello, desde 2007, tal como manda la Constituci¨®n, el Rey nombra al FGE a propuesta del Gobierno y o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial. Pero adem¨¢s, y esta es la novedad, el FGE propuesto deber¨¢ comparecer ante la correspondiente Comisi¨®n del Congreso de los Diputados para que pueda valorar sus m¨¦ritos e idoneidad. As¨ª se daba a la Fiscal¨ªa el refuerzo democr¨¢tico de la convalidaci¨®n parlamentaria. No es mucho, porque la valoraci¨®n del Congreso no es vinculante. El Gobierno podr¨ªa persistir en su propuesta aunque la mayor¨ªa de los Diputados le calificaran desfavorablemente. Pero ser¨ªa un gesto ins¨®lito que el Gobierno osara menospreciar el refuerzo democr¨¢tico que pretendi¨® la reforma con la novedosa convalidaci¨®n parlamentaria.

Pues bien, esto fue, precisamente, lo que ocurri¨®. El 16 de Mayo el Congreso examin¨® los m¨¦ritos e idoneidad del FGE. Todos los grupos parlamentarios, excepto el del Gobierno, le suspendieron a ¨¦l, a su pe¨®n de brega Moix, y al mentor y director pol¨ªtico de ambos, el ministro Rafa. Lamentablemente, el Gobierno menospreci¨® la clamorosa reprobaci¨®n parlamentaria, democr¨¢tica. As¨ª expresa, sin complejos, que est¨¢ dispuesto a hacer trizas la intangibilidad de una instituci¨®n constitucionalmente imparcial, como es la Fiscal¨ªa, y por extensi¨®n, si le conviene, la de cualquier otra instituci¨®n del Estado aut¨®noma o independiente. Ante una amenaza tan grave ya no basta con reprobar a un ministro del Gobierno y sus fiscales. Es el Gobierno en pleno el que merece, imperiosa e inaplazablemente, una censura total y definitiva.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal jefe del TSJC.