El juez que investiga el refer¨¦ndum defiende la labor de la Guardia Civil
El magistrado sostiene que el instituto armado le ha comunicado previamente todas sus actuaciones
El juez que investiga los preparativos del refer¨¦ndum anunciado para el 1-O ha mostrado hoy su apoyo a la labor de la Guardia Civil en esta causa, al resaltar que le han comunicado previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su funci¨®n de polic¨ªa judicial.
Seg¨²n han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona, Juan Antonio Ram¨ªrez, ha salido hoy al paso de las cr¨ªticas por la actuaci¨®n del instituto armado en este procedimiento y ha avalado su labor.
El magistrado encarg¨® el pasado 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de polic¨ªa judicial en la causa abierta a ra¨ªz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que entre otros aspectos se?alaba que el gobierno catal¨¢n ten¨ªa una partida "camuflada" de 400 millones de euros para el refer¨¦ndum unilateral y las estructuras de Estado.
En su investigaci¨®n, abierta por los delitos de revelaci¨®n de secretos, malversaci¨®n, desobediencia, prevaricaci¨®n y sedici¨®n, el juez investiga por el momento, adem¨¢s de Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalitat, Llu¨ªs Salvad¨®, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrog¨® la semana pasada como testigos a varios altos cargos del gobierno catal¨¢n, a dos de los cuales -el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicaci¨®n, Jaume Clotet- se les comunic¨® a media comparecencia que pasaban a tener la condici¨®n policial de investigados, ante los indicios de que sus respuestas les pod¨ªan incriminar.
A ra¨ªz de estos interrogatorios, el gobierno catal¨¢n ha interpuesto ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado estas diligencias, ante lo que entienden una "grave vulneraci¨®n de derechos fundamentales".
Seg¨²n las fuentes consultadas por Efe, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona ha mostrado hoy su apoyo a la actuaci¨®n de la Guardia Civil, al remarcar que siempre ha tenido conocimiento previo de las diligencias que iban a llevar a cabo.
Adem¨¢s, el juez tambi¨¦n ha resaltado que la Guardia Civil, a quien le encarg¨® en marzo pasado la labor de polic¨ªa judicial en esta causa, ha actuado siempre en este procedimiento con un escrupuloso cumplimiento de las funciones recogidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La investigaci¨®n policial de este caso se lanz¨® de forma coordinada con la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a, que recientemente hab¨ªa abierto unas diligencias sobre los preparativos del refer¨¦ndum centrada en la campa?a institucional sobre el registro de catalanes en el exterior que hab¨ªa encargado a la Guardia Civil y que, ahora, tambi¨¦n tiene en sus manos el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13.
En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un refer¨¦ndum de independencia, lo que incluye la financiaci¨®n y gesti¨®n de la web de Pacto Nacional por el Derecho a Decidir -plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de una consulta- o la web garanties.cat, donde el Govern pretende dar a conocer los detalles del 1-O.
Tambi¨¦n investiga el juez el coste y organizaci¨®n del acto organizado por JxS en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el pasado 4 de julio para presentar los preparativos del 1-O, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, present¨® los detalles de la futura ley de refer¨¦ndum.
Paralelamente a la investigaci¨®n del juez de instrucci¨®n, el TSJC tiene abierta una causa contra la consellera de Gobernaci¨®n, Meritxell Borr¨¤s, por el concurso -despu¨¦s declarado desierto- que convoc¨® para la compra de urnas.
Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigaci¨®n por los preparativos del 1-O, lo m¨¢s probable es que el alto tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el juzgado de instrucci¨®n 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.
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