La CE pide recuperar las ayudas p¨²blicas concedidas a Iberpotash

Espa?a tendr¨¢ que pedir a la minera ICL Iberia S¨²ria & Sallent, antes Iberpotash, que devuelva parte de los 7,8 millones de euros en ayudas p¨²blicas que hab¨ªa recibido por su actividad en el Bages. La Comisi¨®n Europea anunci¨® ayer que, tras su investigaci¨®n sobre la concesi¨®n de las subvenciones, ha encontrado que se otorgaron contraviniendo las directivas de competencia. Bruselas tambi¨¦n denuncia que la fianza acordada para respaldar las zonas afectadas por la extracci¨®n era muy baja y ello gener¨® un riesgo para el Estado. Un portavoz de ICL explic¨® que a¨²n no se les ha comunicado oficialmente la decisi¨®n.

La Comisi¨®n Europea (CE) investigaba desde hace cinco a?os una denuncia sobre las presuntas irregularidades en ayudas p¨²blicas entregadas a la filial del mayor productor de fertilizantes del mundo, ICL. La denuncia pon¨ªa en duda cinco aspectos. Bruselas ha detectado irregularidades en dos de ellos: la garant¨ªa financiera para regenerar el espacio natural ocasionado con la extracci¨®n de potasa y una financiaci¨®n p¨²blica de 7,8 millones con la que el Ministerio de Agricultura y la Agencia Catalana del Agua (ACA) pagaron un proyecto piloto para un cubrimiento de una monta?a de residuos en la mina de Vilafruns.

La Direcci¨®n General de Competencia de la Comisi¨®n explic¨® ayer mediante una nota que la antigua Iberpotash mitig¨® su responsabilidad econ¨®mica frente a los costes de protecci¨®n ambiental mediante las subvenciones, un factor que Bruselas ve como ¡°una ventaja competitiva indebida¡± respecto a otras empresas mineras.

Las leyes europeas, recuerda el Ejecutivo comunitario, permite a los Estados miembros cubrir parte de los gastos para recuperar las condiciones del medio ambiente tras la actividad de extracci¨®n, pero implica que las compa?¨ªas asuman al menos el 50% de los gastos. La CE pide entonces a Espa?a que le reclame un total de 5,8 millones a la compa?¨ªa israel¨ª.

La CE tambi¨¦n consider¨® que el monto de las garant¨ªas financieras pedido a la empresa es ¡°inferior a lo exigido en la legislaci¨®n nacional¡±, tal y como asegura una sentencia del Tribunal Supremo. ¡°La Comisi¨®n observa que la medida constituir¨ªa una ayuda de funcionamiento a favor de Iberpotash¡±, en tanto que deber¨ªa avalar menos dinero del correspondiente. Bruselas pide por ello pagar unas tasas de garant¨ªa que reflejen ¡°los verdaderos costes¡± de las medidas aplicadas para reparar los da?os hasta 2016.

Un portavoz de la empresa explic¨® ayer que el monto del aval para la recuperaci¨®n del medio est¨¢ actualizado desde el a?o pasado, tal y como lo pidi¨® la Generalitat. Tambi¨¦n ha explicado que ICL nunca cobr¨® el dinero correspondiente a la prueba piloto de cubrimiento de la monta?a de desechos de Vilafruns, sino que los recusos fueron entregados directamente a grupos ecologistas.

Desde la ACA, que otorg¨® 3,8 millones a Iberpotash, tambi¨¦n est¨¢n a la espera. Una portavoz asegur¨® que a¨²n no han recibido ninguna comunicaci¨®n oficial ni por parte del ministerio ni de la Administraci¨®n comunitaria. La actividad de ICL en la comarca del Bages siempre ha estado rodeada por la pol¨¦mica. Se trata de la principal fuente de riqueza de la zona pero desde entidades vecinales, salineros rivales y la CUP se acusa al Govern de favorecer a la empresa a expensas del impacto ambiental.

El pasado lunes, el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat aprob¨® la declaraci¨®n de impacto ambiental del Cogull¨®, la inmensa monta?a de residuos salinos ubicada en Sallent. El documento regulariza la gesti¨®n de los desechos desde el a?o 1988, despu¨¦s de que en 2013 la Justicia anulara el permiso a ra¨ªz de una demanda vecinal.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, es un espaldarazo a la actividad de ICL. El permiso llega a pesar de que los Mossos D'Esquadra certifican que a¨²n hay inicidencias sobre el medio ambiente por la actividad de explotaci¨®n de potasa. La empresa logr¨® hace dos meses una pr¨®rroga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a para poder seguir vertiendo residuos durante un a?o y medio m¨¢s.