Cerco al pol¨¦mico restaurante de la isla de Benidorm
El Gobierno rechaza que una empresa tenga derecho a explotar un islote frente a la meca tur¨ªstica, como lleva haciendo desde hace 50 a?os
El Ministerio de Medio Ambiente ha dictado una resoluci¨®n en la que resuelve que la empresa que explota desde hace 50 a?os un restaurante en un islote de siete hect¨¢reas frente a Benidorm no tiene derecho a hacerlo. El negocio ha sido denunciado reiteradamente por m¨²ltiples irregularidades, como carecer de licencia de actividad y realizar vertidos al mar, por la Asociaci¨®n Costa Blanca Marine.
Los due?os del negocio niegan las ilegalidades y afirman que en su d¨ªa, a principios de los a?os noventa, pagaron al Ayuntamiento del municipio tur¨ªstico "170.000 pesetas", unos 1.020 euros, a cambio de obtener permiso para trabajar en la isla. Y lamentan que ahora el Consistorio "no encuentra" el documento que as¨ª lo acredita.
El islote se ha convertido en un gran negocio que gestiona la familia Cervera, porque adem¨¢s del restaurante incluye el transporte en barcos desde el puerto hasta el lugar. Seg¨²n la Asociaci¨®n Costa Blanca Marine, sus clientes se cuentan por centenares al d¨ªa, y podr¨ªan llegar a 2.000 en una sola jornada. La empresa califica de exagerados los c¨¢lculos de la asociaci¨®n, pero no ofrece un n¨²mero de clientes alternativo.
La resoluci¨®n firmada por la directora general de Sostenibilidad de la costa y el mar, Raquel Orts, con fecha 26 de octubre de 2017 y recurrible, a la que ha tenido acceso EL PA?S, rechaza otorgar "la concesi¨®n para ocupaci¨®n del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre" de la isla al Ayuntamiento de Benidorm y a las mercantiles Excursiones Mar¨ªtimas Benidorm Sociedad Limitada y Ceburques Sociedad Limitada, que de facto la explotan. El islote forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada.
El ministerio se?ala que durante la tramitaci¨®n del expediente no ha quedado acreditada "la titularidad registral de ninguno de los interesados (el Consistorio y las empresas) sobre los terrenos solicitados en concesi¨®n, figurando como titular de los mismos el Estado".
"Adicionalmente", prosigue la resoluci¨®n, "tampoco habr¨ªa quedado acreditada en modo alguno la legalidad del uso de hosteler¨ªa existente". "En ning¨²n momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotaci¨®n del embarcadero, al no haberse aportado t¨ªtulo administrativo habilitante para el uso de una instalaci¨®n ubicada en el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre".
Medio Ambiente se?ala que la construcci¨®n original de la isla, edificada en los a?os sesenta, lo fue mediante un acuerdo del Ayuntamiento "sobre terrenos de los que no tiene titularidad", porque siempre han pertenecido al Estado.
Mediante la reconversi¨®n de aquella construcci¨®n municipal, inicialmente la caseta de un guarda construida por el Ayuntamiento, en un establecimiento hostelero, Jos¨¦ Cervera hizo "de este paraje natural su propio negocio de por vida" de forma ajena a la legalidad y "realizando directamente los vertidos de sus residuos al mar", sostiene la Asociaci¨®n Costa Blanca. Un extremo que la empresa niega.
Transmitirlo a los hijos
La Asociaci¨®n Costa Blanca fue creada por empresarios que, seg¨²n explican, plantearon la posibilidad de explotar la zona y se encontraron con una suerte de exclusividad que, seg¨²n sus investigaciones, no se sosten¨ªa en autorizaciones, sino en una tradici¨®n que proced¨ªa de la ¨¦poca franquista.
"No conform¨¢ndose con haber explotado de forma presuntamente ilegal este paraje durante 40 a?os, Cervera quer¨ªa transmitir la explotaci¨®n a sus tres hijos", a?ade la asociaci¨®n.
Fina Mu?oz, de 73 a?os, esposa de Cervera, considera que su familia debe tener "alg¨²n derecho despu¨¦s de 50 a?os" explotando la isla. E insiste en que su momento pagaron por la autorizaci¨®n al Ayuntamiento, "que no es un se?or que est¨¦ vendiendo ropa en una esquina".
Contra la resoluci¨®n de la direcci¨®n general del Ministerio de Medio Ambiente cabe recurso de reposici¨®n ante el mismo ¨®rgano y contencioso-administrativo ante los tribunales.
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