Madrid Destino indemniz¨® a su gerente para evitar ¡°riesgos medi¨¢ticos¡±

Madrid Destino, empresa p¨²blica dirigida por Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez Segura, lleg¨® a un acuerdo extrajudicial con su ex consejera delegada, Ana Varela, para evitar "riesgos medi¨¢ticos" vinculados a una demanda por despido improcedente. Varela, contratada como personal de confianza y funcionaria de carrera, pidi¨® la anulaci¨®n de su destituci¨®n, alegando que se hab¨ªa da?ado su honor. El PP cree que el Ayuntamiento le pag¨® una indemnizaci¨®n de 35.000 euros para "acallar" a la ex alto cargo, investigada en el caso del Open de Tenis.

Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez Segura ¡ªque sustituy¨® a Valera en marzo pasado tras ser despedida¡ª habl¨® este lunes de tres "riesgos" vinculados a la demanda de su antecesora que, en su opini¨®n, justificaron el acuerdo extrajudicial. En primer lugar, el "riesgo organizativo": la existencia de una posible direcci¨®n bic¨¦fala si el juez hubiera anulado el despido. En segundo lugar, el "riesgo pol¨ªtico", sobre el que Fern¨¢ndez Segura no quiso incidir. Finalmente, un "riesgo medi¨¢tico", que pudiese denostar la imagen del Ayuntamiento tras otra pol¨¦mica m¨¢s relacionada con la pol¨ªtica cultural, ahora controlada por la alcaldesa, Manuela Carmena.

"El acuerdo fue equilibrado para las partes y es compatible con una gesti¨®n prudente del conflicto", se defendi¨® este lunes Fern¨¢ndez ante las cr¨ªticas de la oposici¨®n en la comisi¨®n de Cultura del Ayuntamiento.

Y es que la edil del PP Isabel Rosell consideraba "inadmisible" que el Ayuntamiento indemnizara a un cargo de confianza con 35.000 euros, cuando la ley no contempla ese derecho para funcionarios de carrera, como es el caso de Varela. De hecho, Rosell no recurri¨® a eufemismos y se pregunt¨® si la indemnizaci¨®n corresponde a un "premio" para "acallarla".

La ex consejera delegada de Madrid Destino, junto con los ediles Carlos S¨¢nchez Mato y Celia Mayer (Ahora Madrid), encarg¨® dos informes jur¨ªdicos a bufetes privados para intentar demostrar que los anteriores gobiernos de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP) hab¨ªan multiplicado por seis lo que el Ayuntamiento pagaba por celebrar el Open de Tenis. Buscaban encontrar responsabilidades penales. Lo hicieron a pesar de que los informes municipales no encontraron, previamente, ninguna ilegalidad. Por eso, el grupo municipal del PP los denunci¨® y ahora est¨¢n imputados por posibles delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y societario.

Varela sostiene que antes de denunciar el caso del Open habl¨® con una asesora personal de la alcaldesa, y que esta le aconsej¨® dirigirse a un bufete de abogados. Los informes privados se pagaron con dinero de Madrid Destino y sin comunic¨¢rselo al consejo de administraci¨®n. La regidora, por su parte, asegur¨® no haber sido informada de la denuncia y no dud¨® en tacharla de "error". Varela fue destituida.

En su demanda, la exconsejera sostuvo que al anunciar el gobierno de Carmena su cese en una rueda de prensa el 30 de marzo de 2017 se le provoc¨® un perjuicio personal y profesional. Una tesis que no solo el PP, sino tambi¨¦n el PSOE, considera que carece de fundamento.

La concejal socialista Mar Espinar cree que explicar en rueda de prensa la destituci¨®n de un cargo de libre designaci¨®n no puede da?ar la "imagen medi¨¢tica" de nadie: "No parece que indemnizar a una funcionaria por el cese en un puesto de confianza se haga para reparar su imagen", reflexion¨® la edil. "Aqu¨ª el gobierno de la luz y los taqu¨ªgrafos tiene mucho que explicar", a?adi¨®.

Ante esas palabras, Fern¨¢ndez Segura contest¨®: "[Varela] desiste de todas sus pretensiones por voluntad propia y el Ayuntamiento y Madrid Destino aceptan que el cese no supone cuestionamiento de su capacidad t¨¦cnica, sino que responde a la l¨®gica del funcionamiento de una organizaci¨®n", agreg¨®.

Sin embargo, una de las inc¨®gnitas del caso corresponde a las razones por las que el Consistorio decidi¨® no ampararse en la Ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n Social para rechazar el pago. Esta ley establece que "no se tendr¨¢ derecho a indemnizaci¨®n alguna" cuando el despedido de un cargo sea un funcionario de carrera.

De hecho, la concejal del PP Isabel Rosell record¨® que el contrato de la exdirigente no preve¨ªa el derecho a indemnizarla. "Solo alegando p¨¦rdida de confianza ser¨ªa suficiente", dijo. En cuanto a Mato y Mayer, la edil insiste en que ten¨ªan que haber sido cesados tras ser imputados: "Lo dice el c¨®digo ¨¦tico de Ahora Madrid".