El Ayuntamiento externaliz¨® el informe final para comprar BiciMad

El Ayuntamiento de Madrid encarg¨® a la Universidad Aut¨®noma de Madrid (UAM) en septiembre de 2016 un informe para cerrar la compra de BiciMad, cuyos pagos ya alcanzan 15 millones de euros. Pidi¨® a dos profesores que justificaran la legalidad de la operaci¨®n y descartaran una "municipalizaci¨®n de hecho", de la que advirti¨® un interventor municipal. Tras recibir el informe, el gobierno local ratific¨® la adquisici¨®n, que ahora estudia la justicia.

M¨¢s informaci¨®n

La compra de BiciMad se cerr¨® sin el informe de Econom¨ªa

Se aplaza el inicio de la comisi¨®n de Bicimad por la falta de documentaci¨®n

El informe de la UAM sirvi¨® al equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, para oficializar la adquisici¨®n de BiciMad. El servicio de bicis compartidas perd¨ªa 300.000 euros al mes cuando la Empresa Municipal de Transportes (EMT) lo hizo suyo, y el gobierno necesitaba de un amparo legal para la operaci¨®n. En concreto, deb¨ªa justificar que no constitu¨ªa una municipalizaci¨®n encubierta, lo que habr¨ªa infringido las leyes presupuestarias.

El primer escollo para el Ayuntamiento se present¨® en julio de 2016. El gobierno local pidi¨® al interventor que analizara la operaci¨®n, y este expuso en una nota que la cesi¨®n del contrato de Bonopark (sociedad due?a de BiciMad) a la EMT, empresa 100% municipal, pod¨ªa considerarse una "municipalizaci¨®n de hecho del servicio, circunstancia que requiere un tratamiento distinto". A este respeto, consider¨® que el Ayuntamiento "deber¨¢ informar a la asesor¨ªa jur¨ªdica municipal".

La nota del interventor entr¨® en un expediente que caduc¨® en verano de 2016. El gobierno abri¨® otro, recuperando casi ¨ªntegramente el primero, pero con una diferencia: no pidi¨® al interventor que se expresara sobre la adquisici¨®n, ya en fase avanzada. Decidi¨® externalizar el an¨¢lisis jur¨ªdico.

Pidi¨® en septiembre de 2016 a dos profesores de derecho que estudiaran la operaci¨®n. Un mes despu¨¦s, estos concluyeron que todo era legal: "Una posible cesi¨®n del contrato de gesti¨®n del servicio p¨²blico BiciMad no producir¨ªa ning¨²n cambio de la forma de gesti¨®n del servicio (...), as¨ª que se mantendr¨ªa la forma de gesti¨®n directa". Dos d¨ªas despu¨¦s, el 19 de octubre, la edil de Medio Ambiente, In¨¦s Saban¨¦s, firm¨® el decreto de adquisici¨®n.

Dudas sobre el coste

?Por qu¨¦ el Ayuntamiento no pregunt¨® a los letrados municipales y c¨®mo pag¨® el informe externo? El gobierno de Carmena argumenta que "no era necesario" un informe de la asesor¨ªa jur¨ªdica. "La secretar¨ªa general t¨¦cnica de Medio Ambiente estudia la posibilidad de la cesi¨®n del contrato y la ve viable, pero para despejar cualquier duda ante una cesi¨®n que se hace por primera vez de una empresa privada a una p¨²blica se pide ese dictamen independiente", afirma una portavoz. El informe dice que la cesi¨®n es "posible" y que no hac¨ªa falta consultar a los letrados p¨²blicos. Aun as¨ª, el Consistorio no explica cu¨¢nto cost¨® el estudio ni si se encarg¨® de manera discrecional.

La oposici¨®n ve la operaci¨®n sospechosa. Sergio Brabezo, edil de Ciudadanos, cree que la externalizaci¨®n del informe sirvi¨® para sortear controles internos: "El Ayuntamiento se salt¨® lo que aconsejaban los funcionarios, para cubrir sus fines. Es una municipalizaci¨®n que han convertido en cesi¨®n. Pero si se averigua que as¨ª no fue, todo ser¨ªa nulo. Es muy grave", dice Brabezo, que asocia el caso al del Open de Tenis, en el que hay dos ediles de Carmena investigados.

Para ?lvaro Gonz¨¢lez, edil del PP, la decisi¨®n del ejecutivo demuestra "falta de confianza en los funcionarios". Un hecho que, seg¨²n ¨¦l, est¨¢ vinculado a "las dudas jur¨ªdicas que los trabajadores p¨²blicos pusieron en los informes previos". Por su parte, Mercedes Gonz¨¢lez, edil del PSOE, cree que el gobierno quiso "estar seguro" de que pod¨ªa adquirir BiciMad, pero subraya que "deber¨ªa haber pedido informes municipales". El asunto est¨¢ siendo investigado en una comisi¨®n, que lleva dos meses atascada por los retrasos del gobierno en entregar toda la documentaci¨®n.