El Campus de la Justicia ten¨ªa el doble de directivos que de trabajadores
El proyecto de informe de la C¨¢mara de Cuentas detalla p¨¦rdidas de 80 millones e incrementos salariales para la direcci¨®n de hasta el 80%
El proyecto de informe de la C¨¢mara de Cuentas sobre la denominada Ciudad de la Justicia (el fracasado macrocomplejo donde la expresidenta Esperanza Aguirre quer¨ªa reunir todas las sedes judiciales de Madrid en el barrio de Valdebebas) es demoledor. Describe un panorama financiero y de personal en completo desorden e irregular. Destaca unas p¨¦rdidas superiores a los 80 millones de euros y un plantel laboral lleno de directivos y escaso personal, con una retribuci¨®n media de 5.000 euros mensuales: hab¨ªa el doble de directivos que de auxiliares administrativos, por ejemplo. Destaca, igualmente, la falta documentaci¨®n contable y que la hallada carec¨ªa de cualquier ¡°criterio de racionalidad econ¨®mico-organizativo¡±.
En casi 250 folios, los auditores p¨²blicos comienzan destacando que su an¨¢lisis no es completo por la ¡°ausencia de una buena parte de la documentaci¨®n justificativa¡± . No obstante, s¨ª determinan que las cuentas de la Ciudad de la Justicia presentan ¡°un claro desequilibrio¡± a causa de ¡°un potente ¨¢mbito personal directivo y de una infraestructura de personal administrativo sumamente d¨¦bil¡±, que se va incrementando conforme la sociedad entra en ¡°declive¡±. ¡°Este incremento exponencial de cargos directivos supone una vulneraci¨®n de los principios de econom¨ªa, eficiencia y eficacia¡±, dicen.
Y esto se produce porque la sociedad carec¨ªa de ¡°protocolos internos de control¡±, un ¨®rgano que lo vigilase y que no controlaba ¡°la mala gesti¨®n de los empleados y, en su caso, el eventual incumplimiento de los mandatos legales¡±.
La documentaci¨®n contable carec¨ªa de cualquier "tipo de racionalidad"
En concreto, en materia de rendici¨®n de cuentas, las de 2005 nunca fueron entregadas, las de los cinco a?os siguientes se hicieron fuera de plazo y las que comprend¨ªan los a?os 2011 a 2013 no inclu¨ªan los necesarios informes. Cuando los auditores pidieron los libros mayores de la empresa, la Comunidad les entreg¨® directamente un ordenador sin programas. Los t¨¦cnicos de la C¨¢mara consiguieron entrar en ¨¦l y descubrieron que la contabilidad ¡°no se llev¨® en varios ejercicios de conformidad con los principios generales del C¨®digo de Comercio¡±.
Para financiar el Campus, la Comunidad pretend¨ªa vender los edificios judiciales que existen en Madrid por unos 200 millones de euros. Con ese dinero, podr¨ªa pagar el nuevo complejo. La C¨¢mara destaca que solo vendieron dos y que se obtuvieron 44 millones. ¡°Al final, el coste de las nuevas sedes judiciales rond¨® los 80 millones, la sociedad quebr¨® y todo se llev¨® a p¨¦rdidas. Solo se finaliz¨® uno de los edificios previstos, el Instituto de Medicina Legal, que nunca fue abierto. Pero no solo eso, las edificaciones nunca levantadas (el nuevo Tribunal Superior y la Audiencia Nacional), ¡°sin una sola piedra colocada, generaron costes de casi 19 millones¡±.
El campus contaba con un director de Seguridad y dos subdirectores
Las cuentas bancarias tampoco est¨¢n claras. ¡°No exist¨ªa ning¨²n tipo de control riguroso sobre los saldos bancarios, sin mayor documentaci¨®n¡±. En materia de personal, la C¨¢mara ¡°destaca la falta pr¨¢cticamente absoluta de documentaci¨®n¡±. ¡°No hay constancia de que existiera ning¨²n organigrama¡± de las funciones y competencias de la plantilla. Tambi¨¦n es significativa la desproporci¨®n existente entre el personal directivo y el resto de personal administrativo y auxiliar¡±. Y ponen un ejemplo: en 2007 hab¨ªa siete directivos y tres administrativos¡±. En 2008, el campus (con 11 empleados) contaba con un director de Seguridad y dos subdirectores, que cobraban en conjunto 14.000 euros mensuales.
La n¨®mina media de los empleados era de 5.000 euros al mes en 2009, ¡°lo que dobla a las que exist¨ªan en el momento en que se inician las actividades de la sociedad¡±. ¡°Pero hay casos individuales para el personal directivo, con porcentajes entre el 30 y el 80%¡±.
Los auditores tampoco encontraron la documentaci¨®n relativa a los despidos de los trabajadores. Pero s¨ª que se abonaron ¡°cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral, hasta 60 y 80 d¨ªas por a?o trabajado¡±. Incluso, hallaron el caso de un trabajador que recibi¨® el doble de la que ¡°firm¨® como de conformidad¡±. Y algo sumamente curioso: a un trabajador despedido se le abon¨® un m¨¢ster MBA, realizado un a?o antes, por importe de 37.000 euros.
El campus tambi¨¦n patrocin¨® dos exposiciones ¡°cuyo objetivo parece escaparse a sus fines. Se acord¨® pagar a cada muestra 200.00 y 250.000 euros respectivamente, pero finalmente se abon¨® 383.000 y 400.000 euros. En el primer caso, ¡°sin soporte documental alguno¡±.
Los auditores tambi¨¦n relatan el caso de un fot¨®grafo que cobraba 3.500 euros mensuales sin que ¡°existiera ning¨²n tipo de justificaci¨®n¡± y, adem¨¢s, no se encontr¨® el contrato. En 2011, se abon¨® a una empresa de consultor¨ªa 60.000 euros para realizar el ¡°an¨¢lisis de distintos modelos de funcionamiento de una muestra representativa de juzgados para identificar las mejores pr¨¢cticas y emitir recomendaciones para la mejora del modelo¡±. La C¨¢mara se pregunta para qu¨¦ se encarg¨® este estudio si la sociedad ¡°estaba en fase liquidadora¡±.
El sueldo medio de los trabajadores era de 5.000 euros mensuales
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