La comisi¨®n de la corrupci¨®n agoniza por falta de papeles

¡°No ha lugar a la remisi¨®n a la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea hasta la apertura de juicio oral¡±, respondi¨® el Gobierno regional el 21 de marzo pasado a los diputados que hab¨ªan solicitado informaci¨®n sobre la cesi¨®n de parcelas p¨²blicas a centros escolares privados, que se investiga dentro del caso P¨²nica. Es el ¨²ltimo varapalo a los grupos de la oposici¨®n (PSOE, Podemos y Ciudadanos), los ¨²nicos que conforman la comisi¨®n despu¨¦s de que el PP la abandonara en enero. Los populares esgrimieron que las sesiones se hab¨ªan convertido en una excusa para lincharles, y que adem¨¢s se hab¨ªa alargado siete meses m¨¢s de lo previsto, hasta diciembre de 2018.

¡°As¨ª es imposible trabajar. El Gobierno de Cifuentes nos niega documentaci¨®n a la que tenemos derecho¡±, afirma Encarnaci¨®n Moya, diputada socialista y miembro de la comisi¨®n de investigaci¨®n de la corrupci¨®n pol¨ªtica que se cre¨® en el Parlamento regional en octubre de 2015. El PP hab¨ªa perdido la mayor¨ªa absoluta y tuvo que ceder ante las exigencias de sus oponentes pol¨ªticos.

C¨¦sar Zafra, portavoz del Ciudadanos en la comisi¨®n, centra el inicio de los problemas cuando solicitaron ¡°las actas de los consejos de administraci¨®n del Canal entre 2001 y 2015¡±. Entre ellas se encuentran las de la ¨¦poca en que Cifuentes fue vocal en el consejo de administraci¨®n de la empresa p¨²blica. Zafra mantiene que ¡°hay algo en las actas que les viene mal, lo mismo que ha ocurrido con otros documentos que no nos quer¨ªan entregar¡±. Los diputados reclamaron durante meses diferentes expedientes relacionados con la pol¨¦mica expansi¨®n del Canal de Isabel II en Latinoam¨¦rica, entre los que se encontraban las actas mencionadas por Zafra.

El Gobierno insist¨ªa en que era documentaci¨®n judicializada y pregunt¨® al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Lezo, por la conveniencia o no de mandarla. En agosto de 2017, el juez Fernando Andreu ¡ªtemporalmente al frente del juzgado¡ª envi¨® un auto en el que no pon¨ªa ning¨²n impedimento a la entrega, que se le ¡°traspapel¨®¡± al Gobierno durante cinco meses. La oposici¨®n comenz¨® a recibir la documentaci¨®n en enero de este a?o, pero una semana despu¨¦s otro auto, este de Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, titular del mismo juzgado, cort¨® los env¨ªos.

La oposici¨®n no se resign¨® y solicit¨® una explicaci¨®n al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. ¡°La contestaci¨®n no nos aclar¨® gran cosa, por lo que hemos enviado otro requerimiento¡±, explica Miguel Ongil, diputado de Podemos y miembro de la comisi¨®n. El CGPJ indica que no puede ¡°realizar actividad alguna que pueda considerarse como correctora o modificadora de una resoluci¨®n judicial¡±. De momento, la oposici¨®n sigue esperando con la comisi¨®n paralizada.

Para Ongil existe un punto de inflexi¨®n en la forma de actuar del PP en cuanto a la documentaci¨®n. ¡°No nos hab¨ªan negado nada cuando investig¨¢bamos el tema de Arpegio y de la P¨²nica¡±, explica. El cambio, en su opini¨®n, se produjo en el momento en el que apareci¨® Alberto Ruiz-Gallard¨®n, al que se le llam¨® a declarar para explicar la compra de la mercantil brasile?a Inassa, con la que se emprendi¨® el desarrollo del Canal por Am¨¦rica. ¡°No les importaba ir contra Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, pero no parec¨ªa venirles bien que se investigara esa ¨¦poca¡±.

En la comisi¨®n han declarado Cristina Cifuentes para explicar su relaci¨®n con unos contratos de la cafeter¨ªa de la Asamblea; el exconsejero Francisco Granados desde la c¨¢rcel de Estremera, y su exsocio David Marjaliza. Los ¨²ltimos en acudir fueron los expresidentes Aguirre y Gonz¨¢lez, en relaci¨®n con la construcci¨®n del campo de golf de Chamber¨ª, otra de las patas del caso Lezo.