Archivada la causa contra un empresario af¨ªn a CDC por ama?o de concursos p¨²blicos en Lloret

Un juez de Blanes (Girona) ha archivado, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la causa que manten¨ªa abierta contra el empresario Gustavo Buesa por el presunto ama?o de concursos p¨²blicos de recogida de basuras en Lloret de Mar. Buesa fue detenido en la operaci¨®n en julio de 2016. Se da la circunstancia de que, unos meses despu¨¦s, prest¨® declaraci¨®n en el caso 3%. El empresario explic¨® entonces, tambi¨¦n ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que altos cargos de Converg¨¨ncia estaban involucrados en el cobro de comisiones ilegales a cambio de obra p¨²blica.

En el auto, al que ha accedido EL PA?S, el juez recoge parte de los argumentos de la defensa de Buesa, que ejerce el penalista Carles Monguilod, y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La querella inicial del ministerio p¨²blico acusaba a Buesa de haber ejercido su influencia para conseguir contratos p¨²blicos para su empresa, GBI Serveis, e incluso de influir "en el nombramiento de ciertos cargos", recuerda el juez. Esas acusaciones se basaban en la afirmaci¨®n de dos testigos. Sin embargo, los indicios se han "debilitado" por "los escasos frutos obtenidos por las diligencias practicadas" durante la investigaci¨®n, explica.

En abril de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Lloret (gobernado entonces por el exalcalde Xavier Crespo, de Converg¨¨ncia) aprob¨® la concesi¨®n del servicio de basuras al grupo GBI. A un mes de las elecciones, el equipo de Gobierno tramit¨® de urgencia una ampliaci¨®n de la pr¨®rroga del contrato por diez a?os, lo que supuso unos beneficios de 80 millones para GBI, seg¨²n los c¨¢lculos iniciales de los investigadores. Los informes presentados por la defensa y, tambi¨¦n, por la propia Fiscal¨ªa, acreditan ahora en cambio que esos contratos "se ajustan a las previsiones legales aplicables". El juez concluye que existen "irregularidades" administrativas, pero no penales.

Esos informes, junto a "las divergencias entre las declaraciones policiales y judiciales de los testigos", hace que los indicios sean "pobres" e impiden, en opini¨®n del juez, seguir adelante con la causa. El archivo judicial afecta tanto a Buesa como al resto de personas que estaban siendo investigadas en la causa.

En una entrevista con EL PA?S poco despu¨¦s de su detenci¨®n, Buesa admiti¨® que financi¨® a la extinta Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC) con m¨¢s de medio mill¨®n de euros, pero que lo hizo por "involucraci¨®n ideol¨®gica y emocional". M¨¢s tarde, en el marco del caso 3% -una macrocausa, ahora en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el pago de comisiones por adjudicaciones p¨²blicas-, Buesa afirm¨® que mantuvo reuniones con Germ¨¤ Gord¨® -que fue mano derecha de Artur Mas- para gestionar el pago de comisiones.