Torra reactiva la comisi¨®n bilateral con el Gobierno, que no se re¨²ne desde 2011

El Gobierno catal¨¢n ha anunciado su intenci¨®n de reactivar este martes la parte catalana de las comisiones bilaterales con el Ejecutivo del Estado -la Generalitat-Estado; la de transferencias, la de asuntos econ¨®micos y fiscales y la de infraestructuras- en el marco de la fase de di¨¢logo que se abrir¨¢ el d¨ªa 9 con la entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y el de la Generalitat, Quim Torra. El anuncio lo formaliz¨® el consejero Ernest Maragall que record¨® que la comisi¨®n bilateral Generalitat-Estado no se re¨²ne desde 2011 justo cuando Mariano Rajoy accedi¨® al poder. Las dos instituciones arrastran desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, una larga historia de desencuentros plasmada en 115 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias cruzados: La Moncloa ha presentado 48 de esos recursos -15 pendientes de sentencia- y 67 la Generalitat -ocho aguardan fallo-.

En un informe del Govern sobre esa conflictividad, la Generalitat entiende que la sentencia del Estatut marc¨® un "antes y un despu¨¦s" en sus relaciones con el Estado. La tensi¨®n se exacerb¨® a partir de 2014, el a?o de la consulta alternativa del 9 de noviembre, cuando el Gobierno de Rajoy present¨® 9 recursos; en 2015 fueron 10 y en 2017, el a?o del refer¨¦ndum ilegal, 16. La Generalitat, que denuncia el ¨¢nimo recentralizador y de impugnaci¨®n sistem¨¢tica de su capacidad normativa, ha presentado desde 2012, cuando estall¨® el proceso soberanista, 21 de los 29 conflictos de competencias. Sus recursos de inconstitucionalidad, sin embargo, fueron a la baja: 11 en 2013 frente a dos en 2017.

Al margen del tema capital del proc¨¦s y de su reivindicaci¨®n sobre el derecho a la autodeterminaci¨®n, el Govern quiere rescatar m¨¢s de una decena de leyes de car¨¢cter social suspendidas y que nada tiene que ver con el pulso soberanista. Los recursos fueron interpuestos por Rajoy y el Gobierno de S¨¢nchez decidir que se archivaran retir¨¢ndose del caso. Son leyes tan dispares como la de la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de consumidores de cannabis o la de la emergencia habitacional. En este apartado, Torra tendr¨¢ la complicidad del PSC -vot¨® muchas a favor- y de Catalunya en Com¨². Los comunes, que han pedido que la bilateral se re¨²na dentro de un mes,? consideran que los recursos han sido una "injerencia intolerable" en la soberan¨ªa del Parlament y que han afectado de forma muy negativa a la calidad de la vida de las personas.

Con su firme decisi¨®n de ejercer de oposici¨®n activa, Torra no tendr¨¢ tanta complicidad de la CUP, que quiere ignorar al Constitucional y que se trace un plan para aplicar en 90 d¨ªas las leyes suspendidas y anuladas. De hecho, ha presentado una moci¨®n para que se vote en el Parlament. Los anticapitalistas dudan que el Estado quiera rescatar las normas anuladas por el Constitucional como las de los impuestos a la energ¨ªa nuclear, a los dep¨®sitos de las entidades de cr¨¦dito la que proh¨ªbe el uso de la t¨¦cnica de la fractura hidr¨¢ulica o "fracking".

Los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont entregaron a Rajoy en las dos reuniones que mantuvieron en julio de 2014 y abril de 2016 dos memorandos que casi permanecen intactos ante la ruptura de relaciones entre las dos administraciones. La Generalitat ya no hace abandera desde hace a?os la mejora de la financiaci¨®n pero s¨ª que reclama el pago de la deuda del Estado. Pere Aragon¨¦s, vicepresidente del Govern, la cifr¨® el lunes en 6.000 millones procedentes de?impagos por la ley de la dependencia y de la suma de la adicional tercera del Estatut para infraestructuras. Fue un acuerdo pol¨ªtico pero los tribunales han dictado sentencias exonerando al Estado de esa obligaci¨®n. Con la? complicidad del tejido empresarial, su reivindicaci¨®n por el d¨¦ficit de inversi¨®n en infraestructuras es hist¨®rica: desde la obra del corredor Mediterr¨¢neo o los retrasos en el plan de Rodalies. Un caso paradigm¨¢tico es el de la estaci¨®n de Montada i Reixac: despu¨¦s de 10 a?os, el Gobierno licit¨® a final de 2017 el soterramiento de las v¨ªas. Los accidentes en ese punto se han cobrado la vida de 170 personas.

El Govern no quiere hacer una lista de prioridades por1ue considera que todo son incumplimientos del Estado pero en pol¨ªtica de traspasos siempre ha hecho menci¨®n a dos: que se aplique la sentencia del Supremo que permite a Catalu?a gestionar las subvenciones para programas de cooperaci¨®n y voluntariado social que proceden del 0,7% del IRPF. O el traspaso pendiente y con sentencias a favor del Constitucional en la gesti¨®n de becas. Estos dos puntos figuran en el informe La deslealtad del Estado respecto a Catalu?a. Balance de la situaci¨®n, de 2013. De ese listado, los comunes reivindican como traspaso prioritario la ejecuci¨®n de la legislaci¨®n laboral en el ¨¢mbito del trabajo, el empleo y la FP para el empleo; las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.