La Audiencia castiga con penas m¨ªnimas a dos guardias civiles por filtrar informaci¨®n a narcos

Los dos guardias civiles acusados de filtrar informaci¨®n reservada de las unidades de ECO y EDOA a grupos de narcotraficantes y frustrar hasta cinco operaciones policiales han sido condenados a la pena m¨ªnima de tres a?os de prisi¨®n y dos de inhabilitaci¨®n, frente a los 11 que solicitaba la Fiscal¨ªa Antidroga que tambi¨¦n ped¨ªa para ellos una inhabilitaci¨®n absoluta de siete a?os. La sala cuarta de la Audiencia de Pontevedra considera probado que los agentes pasaron informaci¨®n pero no entiende que qued¨® suficientemente acreditado que los datos en cuesti¨®n ¡°fuera material exclusivo de los mandos¡± de la unidades antidroga.

El fallo absuelve adem¨¢s a los agentes Javier L¨®pez y Diego Font¨¢n del delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal, y tambi¨¦n al presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum, pero al que condenan a dos a?os de prisi¨®n por hacer de enlace entre los guardias y los grupos de narcos investigados a los que les filtraba la informaci¨®n.

La sentencia considera en el caso de Javier L¨®pez, de 34 a?os, adscrito al Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) y de la Unidad Org¨¢nica de la Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil, se hizo entre enero y julio de 2013, cuando fue detenido, con ¡°diversa informaci¨®n relevante y sensible propia de las distintas investigaciones y operaciones judicializadas llevadas a cabo en su unidad, relativas esencialmente a la materia de narcotr¨¢fico, siendo Diego Font¨¢n quien una vez la tuviera en su poder proceder¨ªa a su revelaci¨®n y difusi¨®n¡±.

¡°Tanto Javier como Diego eran conscientes del perjuicio que tanto para la administraci¨®n p¨²blica como para los particulares afectados causaban con sus acciones, as¨ª como de las graves consecuencias que para las investigaciones y operaciones generaban¡±.

Hasta 2.500 archivos confidenciales, seg¨²n la Fiscal¨ªa, acabaron en manos de los narcos, adem¨¢s de un listado confidencial de ¡°fuentes vivas¡± o confidentes, nombres de los agentes que investigaban y las matr¨ªculas de los coches camuflados que utilizaban en los seguimientos. Pero la sala considera que ¡°en aplicaci¨®n del principio in dubio pro reo no se alcanza la convicci¨®n con la certeza precisa, de que en relaci¨®n con las fuentes vivas y las fichas de obtenci¨®n de informaci¨®n se hallaran protegidas.

De tal modo que, en particular y en relaci¨®n con aquellas de las que hay constancia que se encontraban en poder del acusado, Javier L¨®pez, o que este fue quien las filtr¨®, pueda concluirse que no ten¨ªa autorizaci¨®n para acceder ning¨²n miembro del equipo o que su conocimiento por las medidas de protecci¨®n existentes fuera exclusivo de los mandos de la unidad¡±.

A la misma conclusi¨®n llega respecto al agente Diego Font¨¢n, de 35 a?os, que pertenec¨ªa a la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial desde 2008, aunque en el momento de los hechos estaba destinado a Patrimonio. En su caso, dice la sentencia, ¡°tampoco se acredita motivo alguno que justifique su tenencia ni tampoco la copia en un dispositivo m¨®vil, pero lo que no se estima suficientemente acreditado es que precisara de autorizaci¨®n para acceder a los referidos datos¡±.