La Diputaci¨®n de Valencia cerrar¨¢ la empresa p¨²blica Divalterra, la antigua Imelsa
Los trabajadores, m¨¢s de 700, han anunciado acciones legales para defender sus empleos
El equipo de gobierno de la Diputaci¨®n de Valencia, presidido en funciones por Maria Josep Amig¨®, de Comprom¨ªs, tras la dimisi¨®n del socialista Jorge Rodr¨ªguez, investigado en la operaci¨®n Alquer¨ªa, cerrar¨¢ la empresa p¨²blica Divalterra. Mientras se pone fin a la sociedad, el diputado socialista Toni Gaspar, ser¨¢ el nuevo presidente de la instituci¨®n provincial. Ambas decisiones han sido adoptadas este lunes por el equipo de gobierno que manda en la Corporaci¨®n, formado por socialistas, Comprom¨ªs, EUPV y Val¨¨ncia en Com¨².??
La empresa p¨²blica Divalterra, antes conocida como Imelsa (Impulso Econ¨®mico Local Sociedad An¨®nima), que tuvo un papel central en el caso Taula, supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, vinculada al PP valenciano?cuando gobernaba en la Diputaci¨®n de Valencia, ha vuelto a la actualidad judicial. Esta vez ha sido con la Operaci¨®n Alquer¨ªa,?durante el mandato del socialista Jorge Rodr¨ªguez.?Seis altos cargos de la empresa p¨²blica fueron detenidos el pasado mes por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n en la contrataci¨®n de personal directivo de la antigua Imelsa. Los cambios de Gobierno en la corporaci¨®n provincial no han logrado que ¨¦sta salga de la sombra del esc¨¢ndalo y la corrupci¨®n.
Amig¨® ha explicado que se quitar¨¢n, de forma progresiva, las competencias a Divalterra y se trasladar¨¢n a la corporaci¨®n provincial u otras administraciones, como la Generalitat. Una resoluci¨®n que el equipo de gobierno ya ten¨ªa marcada, ha aclarado. "Ir vaciando de contenido esta empresa p¨²blica estaba en nuestra hoja de ruta desde hace tiempo. No es una cuesti¨®n nueva", ha declarado la presidenta en funciones.?
Sobre el futuro de los trabajadores de Divalterra, Amig¨® ha se?alado que se tendr¨¢ que contar con un estudio jur¨ªdico y t¨¦cnico para ver de qu¨¦ forma se lleva a cabo el traspaso de los empleados. "Por eso hablamos de un cierre ordenado. Estamos hablando de muchas personas, no solo brigadistas, y es necesario estudiar c¨®mo se puede hacer", ha a?adido.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)?ha anunciado este lunes movilizaciones contra el cierre de la empresa p¨²blica y acciones legales para defender los puestos de trabajo de los m¨¢s de 700 empleados. El sindicato, mayoritario en el comit¨¦ de empresa de la antigua Imelsa, ha indicado en un comunicado que "la incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas" por parte de algunos dirigentes pol¨ªticos no pueden perjudicar la estabilidad laboral de las familias que dependen de la empresa p¨²blica. Para CSIF, los empleados no son los culpables de la situaci¨®n de la compa?¨ªa p¨²blica, y propone que si los partidos que gobiernan en la Diputaci¨®n no disponen de personas "capaces, que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia la empresa", que convoquen un concurso p¨²blico y transparente para cubrir los puestos directivos.
La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputaci¨®n de Valencia, Mamen Per¨ªs, ha calificado de "improvisaci¨®n" la decisi¨®n de "cierre ordenado" de la empresa p¨²blica Divalterra . "Demuestra que el gobierno no tiene proyecto provincial ya que act¨²a dando bandazos contradictorios y sin sentido", ha se?alado.?
El secretario general de Podem, Antonio Esta?, ha indicado que no bastaba cambiar el nombre a Imelsa. "Hac¨ªa falta cerrar el epicentro de la trama Taula y nos alegramos de la decisi¨®n aunque llegue tarde". Esta? ha apuntado que su formaci¨®n pedir¨¢ que las diputaciones pierdan el poder que ostentan actualmente. "Es por una cuesti¨®n de transparencia y eficacia, y no solo como reacci¨®n ante casos de corrupci¨®n a los que no se deber¨ªa haber llegado nunca", ha destacado.?
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