El Tribunal Superior levanta el freno municipal a 105.000 pisos en el sur
El juez considera que la reducción a la mitad de los desarrollos urbanísticos de la zona puede perjudicar a miles de personas
El Tribunal Superior de Justicia ha acordado suspender cautelarmente el freno municipal a la construcción de 105.000 nuevas viviendas en el sur de la capital. El auto, al que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala que el plan director de desarrollo del sureste, con el que el Ayuntamiento pretendía aplazar la mitad de ellas y paralizar la otra mitad, podría ir “en contra de la legalidad” y afectar a los intereses de las juntas de compensación, que recurrieron en abril y reclamaron 1.580 millones en indemnizaciones. El Consistorio dice que hay que esperar una sentencia definitiva antes de aclarar cuál será el futuro del sur de la capital.
El Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste, que el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, aprobó en enero, eliminaba de un plumazo dos juntas de compensación de promotores. De esa manera, el Consistorio aplazaba la construcción de unas 50.000 viviendas y paralizaba la edificación de otras 50.000, de un total de 105.000, la mitad de las cuales iban a ser puestas a la venta a precios asequibles.
Las juntas de compensación de Berrocales, Cerros y Valdecarros recurrieron el plan el pasado mes de abril. Consideraron que ese instrumento no está previsto en la Ley del Suelo de la Comunidad y afecta directamente a sus intereses. Calculan que provocaría pérdidas de más de 1.580 millones de euros.
Tras recibir el recurso de los promotores, el Ayuntamiento alegó que el plan director “no tiene una incidencia directa en la esfera de los particulares”, y que una suspensión del mismo afectaría a su voluntad de “establecer sus propias líneas estratégicas de actuación política”.
Sin embargo, a la espera de una sentencia en firme, los jueces madrile?os se decantaron en su auto del pasado día 2 por suspender cautelarmente la decisión municipal. Y lo han hecho admitiendo la existencia de una actuación supuestamente contraria a las normas urbanísticas. “En este conflicto de intereses públicos debe prevalecer el que se sustenta en la preservación y ejecución del ordenamiento vigente, cuya modificación solo puede llevarse a cabo (...) a través de los correspondientes instrumentos urbanísticos legalmente establecidos y no puede verse desvirtuado por la expresión de un ideario que no se plasma y formula a través de tales instrumentos normativos”, reza el auto.
Este lunes, una portavoz del ?rea de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por el edil Calvo, ha argumentado que el auto del TSJM no es una sentencia: “Así que tranquilidad y esperar a una definitiva”, ha dicho. “Como el propio juez dice, es una medida cautelar hasta que se pronuncie sobre el contenido del plan director. En cualquier caso, el plan director no es una figura de planteamiento, sino un documento declarativo donde se expone la solución viable y racional que este Ayuntamiento va a dar a ese ámbito y sus desarrollos”, ha agregado.
Las juntas de compensación calificaron, en cambio, la actuación municipal de “electoralista” —para agradar a los ecologistas de Ahora Madrid—. Cuestionaron la eficacia de las mesas de coordinación convocadas por el Ayuntamiento con actores sociales, partidos y asociaciones que, en opinión de los promotores, solo sirvieron para “disimular” y “ganar tiempo”.
Recordaron, además, que en el proyecto han invertido ya 400 millones de euros y acusaron al gobierno municipal de no pensar en el interés público, ya que de las 105.000 viviendas que se iban a construir en un área de 5.000 hectáreas (cuatro nuevos barrios), la mitad eran sociales.
Los promotores califican la operación como necesaria para paliar la escasez de vivienda nueva vacía en Madrid y el alza tanto en el alquiler como en la venta. Pero en opinión del gobierno de Carmena, el plan tenía que ser “racionalizado”.
El plan director anulado de forma cautelar postula eliminar dos juntas de compensación (las de Los Cerros y Valdecarros) y aceptar de las 105.000 viviendas solo una fase de 27.700 entre 2022 y 2030, y otra de 26.000 entre 2031 y 2039: hasta un total de 54.000 pisos. “Se trata de no desarrollar megaproyectos de manera unitaria y simultánea, sino dividirlos e irlos tramitando en la medida en que se vayan consolidando los anteriores”, se?ala el documento suspendido por los jueces.
El PSOE, socio de investidura de Carmena, ha enfatizado este lunes que el plan municipal del sureste fue debatido con vecinos y entidades en las mesas de coordinación, por lo que la portavoz, Purificación Causapié, ha animado al ejecutivo a buscar la mejor manera para que esa modificación urbanística sea viable.
Para el PP, en cambio, los jueces están “velando” por los intereses de los madrile?os más que el Consistorio, puesto que “en 2020 ya no habrá vivienda disponible en Madrid”. “Este Ayuntamiento que está muy preocupado por la carestía de vivienda en Madrid, pretende suspender el único lugar de crecimiento de la ciudad”, ha lamentado el portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida. La portavoz de Ciudadanos, Bego?a Villacís, ha sostenido que la coalición de Ahora Madrid “quiere impedir que haya suelo disponible” para construir nuevas viviendas, y ha tachado la política del gobierno local de “cacicada”.
Suspensión durante un periodo breve de tiempo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera en su auto que la situación determinada por el plan director del Ayuntamiento sobre el desarrollo de sureste no es susceptible de provocar "una grave perturbación" a los intereses generales. El argumento que esgrime es que dicha suspensión "se prolongará durante un breve periodo de tiempo, en el que, previsiblemente, concluirá el presente proceso". Pero reconoce que, de llevarse a cabo el plan director, supondría la disolución de las juntas de compensación. Estas reclamaron una indemnización de 1.500 millones de euros, que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible calificó de "chiste".
Con respecto al instrumento utilizado por el Ayuntamiento, los técnicos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) calificaron en mayo de "inadmisible" el plan municipal, que paraliza "por un largo periodo de tiempo" la construcción de 54.000 viviendas protegidas prevista en el plan de 2011. "Es un seudoinstrumento de planeamiento que escapa a la legislación vigente", dijo un asesor legal de la asociación. Este lunes, las juntas de compensación pidieron "diálogo" al Consistorio para lograr una "solución conjunta".
Por su parte, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo (PP), celebró este lunes la decisión judicial. Se?aló que el auto confirma que el plan director "no convenía" a los intereses de los propietarios y que no era bueno para los desarrollos, donde el Gobierno regional tiene previsto un volumen importante de promoción de vivienda pública. "La Comunidad de Madrid necesita suelo para construir vivienda pública", dijo.
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