El TSJ veta que las instituciones icen esteladas en el espacio p¨²blico

El Tribunal Superior de Catalu?a ha dictado una sentencia en la que confirma que el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) estaba obliga-do a retirar la bandera estelada (independentista) que iz¨® en un m¨¢stil de una plaza del municipio. La resoluci¨®n sostiene que izar esa bandera supone ¡°privatizar el espacio p¨²blico¡± con un elemento ¡°partidista¡±,lo que que vulnera los ¡°principios de objetividad y neutralidad institucional¡±. El Consistorio, gobernado por el PDeCAT, recurrir¨¢ el fallo.

El conflicto se remonta a 2014, cuando el Ayuntamiento de Sant Cugat (90.000 habitantes) coloc¨® la bandera en la plaza p¨²blica, y ha generado una larga batalla judicial entre el Consistorio y la organizaci¨®n antisecesionista Societat Civil Catalana (SCC). Tras varios requerimientos, la bandera, de hecho, ya no estaba izada en la plaza Lluis Millet desde julio de 2017. Esta es la primera vez en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) se pronuncia sobre la pol¨¦mica de las banderas.

En sus fundamentos de derecho, los jueces se apoyan en la sentencia que dict¨® el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2016 sobre la obligaci¨®n de las instituciones de retirar las esteladas de los edificios p¨²blicos ¡ª¡°pero cuya doctrina se extiende a otros lugares p¨²blicos¡±, remarca el fallo¡ª para preservar el principio de neutralidad institucional. Ese principio debe mantenerse en todo momento, se?ala el TSJC, ¡°si bien reforzado en los periodos electorales¡±.

El fallo del Tribunal Superior catal¨¢n recoge los argumentos de aquella resoluci¨®n del Supremo, que parten de la premisa de que la estelada es un elemento que carece de ¡°reconocimiento legal v¨¢lido como s¨ªmbolo de una administraci¨®n¡± y que su uso solo puede ser considerado ¡°partidista¡± porque representa a una parte de la ciudadan¨ªa, ¡°por muy relevante que sea¡±, y no a su conjunto.

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La sentencia descarta que a ese argumento pueda d¨¢rsele la vuelta para alegar que una parte de la ciudadan¨ªa tampoco se siente identificada con los ¡°s¨ªmbolos oficiales¡±; porque la neutralidad, subraya el TSJC, no depende de la voluntad de los poderes p¨²blicos sino que estos tienen un ¡°deber gen¨¦rico de sujeci¨®n a la legalidad vigente configurada por los cauces democr¨¢ticos que espec¨ªficamente habilitan la Constituci¨®n y las leyes que la desarrollan¡±.

El fallo subraya que se desconoce cu¨¢l fue el ¡°acto municipal¡± que sirvi¨® de soporte para ¡°ocupar el espacio p¨²blico¡±, pero a?ade que tampoco servir¨ªa si la decisi¨®n se hubiera adoptado en un pleno porque, como ya estableci¨® el Supremo, ¡°no cabe aceptar de ning¨²n modo que la colocaci¨®n de las banderas partidistas en edificios y lugares p¨²blicos constituya un acto de ¡®obligado¡¯ cumplimiento que se impone a los alcaldes¡±, por mucho que lo decida el pleno.

Muchos m¨¢s casos

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha sido condenado a pagar 2.000 euros. La alcaldesa, Carmela Fortuny, del PDeCAT, considera que el fallo es muy restrictivo porque equipara un m¨¢stil a un espacio p¨²blico. ¡°No han analizado nuestras alegaciones con detenimiento. En otro contexto socio-pol¨ªtico no se habr¨ªa producido este fallo¡±, sostuvo. Y a?adi¨®: ¡°La decisi¨®n es tan restrictiva que puede poner en cuesti¨®n poner en espacios p¨²blicos banderas antimilitaristas o del movimiento LGTBI porque no son del agrado de todos. Vamos a llegar hasta el final¡±.

Jos¨¦ Rosi?ol, presidente de Societat Civil Catalana, inst¨® a Fortuny a asumir el fallo. ¡°Todo aquel que se considere un dem¨®crata deber¨ªa acatar esta sentencia y actuar de acuerdo a su contenido¡±, dijo. El fallo no afecta a particulares y de hecho en Sant Cugat ondean varias esteladas. La duda es si tendr¨¢ efecto sobre las miles de insignias independentistas diseminadas por toda Catalu?a. La mayor¨ªa de litigios iniciados hasta ahora por la Abogac¨ªa del Estado persegu¨ªan que se izaran banderas independentistas en edificios de los Ayuntamientos.