La corrupci¨®n aflora en el yermo de la Ciudad de la Justicia

Tres calles dedicadas a grandes arquitectos ¨CJulio Cano Lasso, Jos¨¦ Antonio Corrales y la glorieta de An¨ªbal Gonz¨¢lez¨C delimitan por varios de sus lados uno de los grandes fracasos urban¨ªsticos de la Espa?a actual: la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto de concentrar todas las sedes judiciales de la capital en 14 edificios de planta circular en la zona de expansi¨®n de Valdebebas, junto a los campos de entrenamiento del Real Madrid y la T4 del aeropuerto de Barajas, ten¨ªa todos los elementos para naufragar: unos pol¨ªticos caprichosos, unos directivos enchufados e inexpertos, y una burbuja inmobiliaria que hinch¨® los precios al mismo volumen que los egos. Y ciertamente los supo combinar para que el hundimiento fuera estrepitoso.

Una d¨¦cada despu¨¦s de que la presidenta madrile?a Esperanza Aguirre pusiera la primera piedra, solo un inmueble vac¨ªo con forma de donut, llamado a albergar el Instituto de Medicina Legal (IML), dialoga con los grillos y la maleza en un erial de 26 hect¨¢reas. El IML era el m¨¢s barato y el m¨¢s peque?o de los edificios del complejo, y el ¨²nico que se termin¨® de construir. Su autor, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, abandon¨® el proyecto en noviembre de 2008, siete meses despu¨¦s de la primera piedra. Estaba agraviado porque el edificio de los m¨¦dicos forenses ten¨ªa menos presupuesto que los otros, y tem¨ªa que por ello la gente dijera que su obra es ¡°una mierda¡±.

¡°No hay nadie que tenga una idea de cu¨¢nto vale la Ciudad de la Justicia y de c¨®mo se asignan los presupuestos¡±, denunciaba ya entonces Zaera-Polo, a quien presionaban para que el inmueble estuviera listo antes de las elecciones de 2009. Javier Rodr¨ªguez, el apoderado de la empresa p¨²blica Campus de la Justicia, encargada del proyecto, dec¨ªa que el IML estaba sobredimensionado. ¡°Tendr¨ªa que pasar lo de Chern¨®bil o algo as¨ª para que ese edificio entre en pleno funcionamiento¡±, manifest¨® en la Asamblea de Madrid. El agujero para las arcas p¨²blicas detectado hasta ahora en el conjunto del proyecto supera los 105 millones de euros.

La Ciudad de la Justicia ya no es solo un fiasco urban¨ªstico, econ¨®mico y pol¨ªtico. En ese yermo del noreste de Madrid comienza a aflorar ahora la pen¨²ltima causa de corrupci¨®n de la justicia espa?ola. El sumario, en manos del juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata y de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la Polic¨ªa, de momento solo es un n¨²mero, el 91/2018, y todav¨ªa no tiene un nombre que lo haga famoso, como G¨¹rtel, P¨²nica o Lezo. El magistrado, que a¨²n no ha imputado a ning¨²n responsable del proyecto, est¨¢ recabando documentos para la investigaci¨®n.

De la Mata no lo tendr¨¢ f¨¢cil en esta tarea inicial: los ordenadores de la empresa p¨²blica Campus de la Justicia, promotora del proyecto, no se encuentran y parte de la documentaci¨®n ha desaparecido de los archivos. Esto ¨²ltimo ha quedado de manifiesto en el macrosumario P¨²nica, donde una pieza separada investiga los contratos de publicidad de este desarrollo urban¨ªstico, valorados en 6,4 millones de euros. Se trata de una cifra dif¨ªcilmente explicable cuando lo que se promociona son unos edificios destinados a juzgados, fiscal¨ªas y servicios para la Administraci¨®n de Justicia y no viviendas.

La Ciudad de la Justicia ha sido uno de los ejes de la Comisi¨®n de Estudio sobre el endeudamiento y la gesti¨®n p¨²blica de la Comunidad de Madrid que se lleva cabo en la Asamblea regional. Los grupos de la oposici¨®n ¨CPSOE, Podemos y Ciudadanos- presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El PP, a remolque de la situaci¨®n, present¨® la suya en abril. Ambos escritos hacen referencia, entre otros, a informes de la C¨¢mara de Cuentas auton¨®mica, que recaban irregularidades numerosas irregularidades contables, administrativas y de contratos.

La idea de reunir las sedes judiciales de Madrid, excepto las estatales ¨CTribunal Supremo y Audiencia Nacional¨C, dispersas en 15 edificios, la lanz¨® en 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallard¨®n, aunque no fue hasta julio de 2004 cuando su sucesora Esperanza Aguirre anunci¨® su ubicaci¨®n definitiva en el parque de Valdebebas. Antes de este emplazamiento, el complejo judicial hab¨ªa saltado por varios terrenos candidatos de la capital: el antiguo cuartel de ingenieros de la Ciudad de los ?ngeles, los terrenos del dep¨®sito del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla, las cocheras de Metro de la Avenida de Asturias, los cuarteles de Campamento y la Operaci¨®n Chamart¨ªn.

La Ciudad de la Justicia se contemplaba como una verdadera locomotora inmobiliaria de todo el parque de Valdebebas. Al norte de los edificios judiciales, el planeamiento prev¨¦ parcelas de suelo comercial, que podr¨ªan atraer a grandes despachos de abogados, y tambi¨¦n zonas residenciales. Aguirre y el m¨¢ximo responsable del proyecto, el consejero de Justicia Alfredo Prada, optaron por Valdebebas pese a que el planeamiento urban¨ªstico para su desarrollo no estaba aprobado.

Las obras se iniciaron en abril de 2008, despu¨¦s de un concurso internacional de ideas para el anteproyecto al que se presentaron m¨¢s de 300 estudios de arquitectura y en el que fue seleccionado el plan de los arquitectos de la Escuela de Madrid Javier Frechilla (1949), Carmen Herrero (1948) y Jos¨¦ Manuel L¨®pez-Pel¨¢ez (1945). Este proyecto consist¨ªa en un conjunto de edificios circulares de distinta dimensi¨®n y conectados entre s¨ª. Cada uno de los edificios se encargar¨ªa despu¨¦s a arquitectos de fama mundial, como Norman Foster, a cuyo estudio se abonaron casi 13 millones de euros por los proyectos nonatos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las joyas de la corona del macrocomplejo.

La denuncia que ha dado pie a la investigaci¨®n judicial relata irregularidades desde la misma creaci¨®n de la empresa p¨²blica Campus de la Justicia, en diciembre de 2004, hasta su disoluci¨®n, en julio de 2014. La propia naturaleza mercantil de la sociedad le permit¨ªa eludir las restricciones y controles de las leyes de contratos del sector p¨²blico. Campus, presidida por Alfredo Prada, cubri¨® todos los puestos de trabajo con personas de confianza de los pol¨ªticos con cargo de directivo y sin experiencia en este tipo de macroproyectos. La gesti¨®n de la obra, financiada con dinero p¨²blico que se pretend¨ªa obtener de la venta de las sedes judiciales repartidas por todo Madrid, se externaliz¨® a la consultora de arquitectura Bovis Land Lease, que, seg¨²n la denuncia cobr¨® cuatro millones, cuatro veces m¨¢s que el presupuesto inicial.

La denuncia se?ala que el director t¨¦cnico de Campus, Isabelino Ba?os, y la persona que tom¨® las principales decisiones del proyecto, proced¨ªa de Bovis. Antes de tomar las riendas del macrocomplejo judicial, defendi¨® los intereses de los propietarios de los terrenos en su negociaci¨®n con Campus. Este t¨¦cnico rechaz¨® acudir a la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de la Asamblea. Si le llama el juez, no podr¨¢ negarse.