Las entidades dan un ultim¨¢tum a S¨¢nchez para que levante los recursos contra las leyes sociales

Sindicatos, ayuntamientos de diferentes colores, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, entidades soberanistas y plataformas sectoriales han escenificado este mi¨¦rcoles en Barcelona su unidad en defensa de la ley catalana 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energ¨¦tica. En una rueda de prensa conjunta en la entrada del Parlament, los promotores de la Iniciativa de Legislaci¨®n Popular (ILP) que dio origen a la ley han pedido al Gobierno de Pedro S¨¢nchez que retire ¡°este mes¡± el recurso contra la norma que en su d¨ªa present¨® el PP ante el Tribunal Constitucional.

¡°No se entiende que a d¨ªa de hoy no se haya retirado ese recurso¡±, ha lamentado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha participado en el acto. Tras llegar a La Moncloa, S¨¢nchez se comprometi¨® a estudiar retirar las acciones legales sobre varias leyes sociales aprobadas por el Parlament y que el Gobierno de Mariano Rajoy hab¨ªa considerado inconstitucionales. Era una de las f¨®rmulas para intentar desescalar el conflicto con la Generalitat. Por lo pronto s¨®lo se ha reactivado la del acceso universal a la Sanidad.

En el caso de la 24/2015, el recurso ante el Constitucional suspendi¨® autom¨¢ticamente varios art¨ªculos del apartado contra los desahucios (por ejemplo, la obligaci¨®n de los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los afectados) si bien dej¨® inc¨®lume la parte referente a la pobreza energ¨¦tica. Las entidades han abogado hoy por que se levante ¡°completamente¡± el recurso y el texto de la ley se quede como est¨¢. Una idea que tambi¨¦n ha apoyado la Generalitat. Ambas Administraciones, sin embargo, no han podido tratar a¨²n este tema en las reuniones bilaterales, que tienen muchos temas sobre la mesa.

¡°No tenemos ninguna herramienta efectiva para luchar contra los desahucios¡±, ha asegurado uno de los representantes del mundo municipalista que ha participado en el acto. En su d¨ªa, el Gobierno del PP asegur¨® que la ley catalana, aprobada por unanimidad en el Parlament, invad¨ªa competencias del Estado en tanto inclu¨ªa cambios en los mecanismos judiciales vinculados a los desahucios y en el regulaci¨®n del derecho de propiedad.

Los promotores de la ILP han pedido una reuni¨®n con la ministra Meritxell Batet para intentar encontrar una soluci¨®n a una ley que, cuando estuvo completamente vigente, se mostr¨® efectiva contra los desahucios y, en parte, contra la pobreza energ¨¦tica. Ese texto, por ejemplo, inclu¨ªa el principio de precauci¨®n, gracias al cual una empresa no puede cortar los suministros sin antes confirmar con los servicios sociales si el afectado est¨¢ en situaci¨®n de vulnerabilidad.

La norma, sin embargo, ha sido in¨²til para que las empresas suministradoras se corresponsabilicen, a fondo perdido, de pagar la factura de los pobres energ¨¦ticos. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han fracasado estrepitosamente en hacer que las compa?¨ªas suscriban los convenios que establece la ley que se escudan en que el redactado de la norma no los obliga a nada. Ninguna empresa lo ha hecho hasta la fecha.

En su d¨ªa, la Generalitat intent¨® negociar con las el¨¦ctricas un cambio en el texto de la ley para facilitar su aplicaci¨®n e intentar corresponsabilizarlas. Incluso algunas entidades promotoras de la ILP se abrieron a negociar estos cambios, aunque no exentos de dudas, en pos de lograr una mejora pero ahora se cierran en banda y niegan que se pueda cambiar la norma.