La inestabilidad pone en jaque la renta garantizada

Los servicios sociales son una estructura delicada: desde los recortes del Gobierno de Artur Mas, que los presupuestos de Carles Puigdemont en 2017 no revirtieron, cualquier imprevisto puede convertirse en emergencia. Y las emergencias han llegado cuando el Govern est¨¢ m¨¢s paralizado. La crisis por la llegada masiva de menores migrantes ha colapsado el sistema de atenci¨®n a la infancia, y la falta de Gobierno ha retrasado el despliegue de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, la herramienta que deb¨ªa servir para reducir la pobreza en Catalu?a.

El gasto social en Catalu?a cay¨® un 26% entre 2009 y 2015. En los presupuestos de 2017, los ¨²ltimos que se han aprobado en Catalu?a, el gasto en el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se fij¨® en 2.299 millones de euros. Aunque esta cifra supuso un aumento de 193 millones con respecto a 2015, es todav¨ªa un 11,7% menor que en 2010.

Con los recortes todav¨ªa sin superar, los representantes del Tercer Sector se sienten olvidados: a la falta de una estructura fuerte se le ha sumado la inestabilidad pol¨ªtica, la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n y la incapacidad para formar Gobierno y aprobar presupuestos. ¡°Todos estos factores han afectado principalmente a dos ¨¢mbitos: la atenci¨®n a la infancia y el despliegue de la Renta Garantizada¡±, afirma Merc¨¨ Civit, coordinadora del Colegio Oficial del Trabajo Social.

La ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa fue aprobada en julio de 2017 y la nueva prestaci¨®n se puso en marcha en septiembre del mismo a?o. Era la gran apuesta del Govern de Puigdemont para intentar bajar la cuota de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que desde hace cinco a?os no baja del 20%. Un a?o despu¨¦s de su puesta en marcha, el Govern solo aprob¨® 5.600 de las 71.000 solicitudes recibidas, el 7,9%. Los sindicatos explican que el Govern ha sido muy restrictivo en la aprobaci¨®n de las solicitudes, ya que seg¨²n la interpretaci¨®n que hac¨ªa, ve¨ªa incompatible la nueva prestaci¨®n con contratos de trabajo, otras ayudas sociales y recursos residenciales p¨²blicos. Esto ha dejado fuera del sistema de protecci¨®n a colectivos vulnerables como el de las mujeres maltratadas o los sin techo. La ley deb¨ªa ir acompa?ada de un reglamento que acabase con las restricciones, pero el documento no se ha redactado todav¨ªa, a causa de la falta de Gobierno. Despu¨¦s de una propuesta en el Parlament se ha conseguido ampliar la cobertura a estos colectivos.

El otro gran ¨¢mbito de los servicios sociales afectado por la par¨¢lisis del Gobierno es el de la atenci¨®n a la infancia. La llegada masiva de menores migrantes (a fecha de 30 de septiembre, han llegado este a?o 2.501 menores, casi un 70% m¨¢s que el a?o anterior, seg¨²n la Generalitat) ¡°ha coincidido con el momento en el que el Govern est¨¢ m¨¢s paralizado. No ha habido planificaci¨®n, sino improvisaci¨®n¡±, dice Civit. El Govern ha creado cientos de nuevas plazas, aunque no suficientes para cubrir la demanda que hubo en verano. A pesar de este esfuerzo, el consejero Chakir El Homrani admiti¨® que el sistema de protecci¨®n a la infancia tiene que repensarse. Sindicatos y profesionales afirman que para ello hacen falta m¨¢s recursos, y recuerdan que los vaivenes pol¨ªticos de los ¨²ltimos a?os han imposibilitado un gran pacto en este ¨¢mbito. ¡°Hemos tenido tres directores de la DGAIA en seis a?os. Si ten¨ªan pol¨ªticas, no les ha dado tiempo a llevarlas a cabo¡±, dicen en UGT.