La vivienda p¨²blica abre una brecha entre Colau y Torra
La alcaldesa acusa al Govern de rebajar la norma y Territori responde que no tiene solidez jur¨ªdica
La vivienda p¨²blica abri¨® este mi¨¦rcoles una brecha entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La tramitaci¨®n de la reforma para obligar a los promotores a hacer un 30% de vivienda social llegaba al ¨²ltimo escollo: la subcomisi¨®n de Urbanismo de la Generalitat. Colau acus¨® al Govern de querer rebajar las obligaciones a los promotores, insinu¨® que ha cedido a sus presiones y suspendi¨® la reuni¨®n. El consejero de Territorio, Dami¨¤ Calvet, respondi¨® que el texto es ¡°d¨¦bil jur¨ªdicamente¡± y que la ¨²nica presi¨®n que recibe ¡°es la de los ciudadanos¡±. El choque se produce en plena negociaci¨®n de los presupuestos de las dos administraciones.
Los reproches que se lanzaron Colau y Calvet alcanzaron un calibre considerable. ¡°No entendemos qu¨¦ est¨¢ pasando, la medida se ha hecho con consenso y aval t¨¦cnico y jur¨ªdico¡±, dijo la alcaldesa. ¡°No quisiera pensar que hay presiones de grandes promotores de la ciudad o de grandes especuladores, ser¨ªa inaceptable¡±, a?adi¨® y record¨® que la modificaci¨®n del plan General Metropolitano (MPGM) cont¨® en el consistorio con apoyo de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP.
391 proyectos esquivan hacer el 30% de pisos asequibles
Desde que el Ayuntamiento aprob¨® hace siete semanas imponer a los promotores que hagan un 30% de vivienda de protecci¨®n, las empresas de han entrado 391 solicitudes de licencia o de certificado de aprovechamiento urban¨ªstico para evitar tener que cumplirlo. ¡°Son ocasiones perdidas de ganar¡± vivienda de protecci¨®n social (VPO), lament¨® ayer Colau. Calvet le respondi¨® que se hubiera ahorrado esta p¨¦rdida de pisos sociales si hubiera dictado una moratoria de licencias. No lo hizo a petici¨®n de ERC y PSC.
Colau acus¨® al Govern de haber demorado la tramitaci¨®n, asegur¨® que hasta ayer no plante¨® la rebaja y sostuvo que el 30% ya tiene aval t¨¦cnico y jur¨ªdico y que ¡°la funci¨®n de la Generalitat no es rebajar textos y menos en una cuesti¨®n tan importante como la vivienda y en un momento de emergencia habitacional¡±. Tambi¨¦n arremeti¨® contra los promotores: ¡°Podr¨¢n seguir haciendo negocio, pagar a sus trabajadores, lo que no podr¨¢n es forrarse a costa de un bien de primera necesidad¡±. Los promotores siempre han criticado la medida y aseguran que si tienen que hacer el 30% de pisos sociales perder¨¢n dinero.
Calvet, a su turno, puntualiz¨® cada una de las acusaciones de la alcaldesa. Respondi¨® que la tramitaci¨®n no se ha demorado y que el consistorio tard¨® 17 d¨ªas en hacerles llegar el expediente. Defendi¨® que el planteamiento de la Generalitat ¡°no es de rebajas sino de seguridad jur¨ªdica¡± y lleg¨® a decir que de aprobar la modificaci¨®n el Govern ¡°estar¨ªa haciendo un flaco favor a la pol¨ªtica de vivienda y no hacer caso a los informes jur¨ªdicos ser¨ªa prevaricar¡±. Habr¨ªa recursos que ¡°tumbar¨ªan¡± la reforma urban¨ªstica, asegur¨®.
La rebaja que plantea la Generalitat es una cuesti¨®n muy t¨¦cnica. Se trata de eximir de hacer el 30% de vivienda social a los propietarios que compraron suelo durante el primer semestre de 2016. El indulto estar¨ªa argumentado para garantizar la viabilidad de los proyectos de las empresas. Es decir, que al precio que compraron el suelo en esas fechas, les salieran los n¨²meros pese a hacer pisos m¨¢s baratos.
La modificaci¨®n aprobada por el Pleno del Ayuntamiento prev¨¦ que en ese periodo solo hagan un 20% de pisos sociales y Calvet asegur¨® que la Ley del Derecho a la Vivienda contempla reservas del 30%, pero nunca del 20. En la reforma que plantea Colau, se salvan por completo de la obligaci¨®n de hacer un 30% de vivienda social los promotores que compraron suelo entre junio de 2016 y hasta que se apruebe definitivamente en la Comisi¨®n de Urbanismo de la Generalitat. Se volver¨¢ a celebrar en 10 d¨ªas, el 5 de diciembre.
Teniendo en cuenta los tiempos de la administraci¨®n, la tramitaci¨®n de la modificaci¨®n del Plan General Metropolitano (PGM) ha ido a toda pastilla. La idea del 30%, que contempla en la Ley del Derecho a la Vivienda, la lanzaron en febrero pasado las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Colau la hizo suya, la tramit¨® en el Ayuntamiento, consigui¨® el apoyo del PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, y en septiembre se aprob¨® en el pleno municipal. Pero falta un ¨²ltimo tr¨¢mite: el visto bueno de la Comisi¨®n de Urbanismo de la Generalitat. La Comisi¨®n se iba a celebrar ayer, pero al plantear el gobierno catal¨¢n una modificaci¨®n del texto, el gobierno municipal se ha plantado y ha pedido la suspensi¨®n. De hecho, la Generalitat siempre ha puesto reparos al texto.
Las entidades promotoras de la medida tambi¨¦n se mostraron muy molestas. Representantes de la FAVB, el Sindicato de Inquilinos, la PAH y el Observatorio DESC se citaron ante el departamento de Territori pese a la suspensi¨®n.?"Exigimos que se apruebe, se aplique y no se modifique el texto que sali¨® del pleno del Ayuntamiento de Barcelona", reclam¨® Guillem Domingo, del DESC. "El sistema transitorio de la aplicaci¨®n del 30% [las exenciones citadas] es plenamente legal, seguro y est¨¢ fundamentado. Es solvente porque se adapta a lo que dice la ley del derecho a la vivienda", dijo y record¨® que muchos promotores ya se han escapado de la medida al pedir licencias para sus proyectos durante los ¨²ltimos meses. Domingo tambi¨¦n asegur¨® que en la decisi¨®n de la Generalitat han pesado presiones de los promotores.
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