Barcelona deja en manos del Govern obligar a los promotores a hacer un 30% de pisos sociales
El Ayuntamiento modifica las normas urban¨ªsticas para ampliar el parque de vivienda asequible
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado una amplia mayor¨ªa para sacar adelante uno de los proyectos estrella de su mandato: la modificaci¨®n urban¨ªstica para obligar a los promotores a que destinen a vivienda asequible un 30% de sus proyectos, sean en el barrio que sean. Una medida, junto al plan para frenar el crecimiento hotelero, que es uno de los hitos de la gesti¨®n de una alcaldesa que procede de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda. Que sea una realidad, con todo, depende de la Generalitat, que tiene que darle el visto bueno jur¨ªdico y que hasta ahora ha puesto muchos reparos al cambio.
La modificaci¨®n del Plan General Metropolitano (PGM) para imponer un 30% de pisos asequibles se ha aprobado en el Pleno de septiembre con 33 votos de 41. Han apoyado la propuesta Barcelona en com¨², el PDeCAT, ERC, PSC, la CUP y dos concejales adscritos. Una votaci¨®n con las entidades que han impulsado el cambio en la tribuna (la PAH, el Observatorio DESC, la FAVB, el Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios) y en la que la propia Colau ha tomado la palabra en el ¨²ltimo turno.
Al borde de las l¨¢grimas, Colau les ha dado las gracias ¡°por no rendirse y marcar el camino¡± y ha asegurado: ¡°Algunos entramos en la instituci¨®n para facilitar esto¡±. ¡°Un cambio real de paradigma y no ret¨®rico¡±, que ha invitado a los partidos que ha votado a trasladarlo al ?rea Metroplitana. El Gobierno asegura que fruto de esta medida cada a?o se podr¨¢n hacer 300 pisos (un tercio de los mil que se construyen) que si son de alquiler costar¨¢n 510 euros y de compra, 130.000.
Antes, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido que la propuesta supone ¡°corresponsabilizar a los promotores¡± a hacer vivienda asequible en un momento de emergencia habitacional y que la administraci¨®n podr¨¢ comprar las viviendas porque tambi¨¦n se ha aprobado declarar todal la ciudad ¨¢rea de tanteo y retracto, de manera que el Ayntamiento tendr¨¢ defrecho de compra preferente. ¡°El urbanismo no es neutro y hoy se pone al servicio de los vecinos, con un cambio de rumbo hist¨®rico¡±, ha manifestado Sanz.
Desde el PDeCAT, que ha votado a favor de la medida, el concejal Jordi Mart¨ª ha advertido que la modificaci¨®n puede provocar denuncias en los juzgados. Adem¨¢s ha recordado que su partido ha votado a favor a cambio de flexibilizar la imposici¨®n del 30%, de manera que los pisos sociales puedan trasladarse a otro edificio o solar pr¨®ximo.
ERC, PSC y la CUP han celebrado la medida tambi¨¦n cada uno a su manera. ¡°Nos hubiera gustado una actitud de mayor generosidad por parte del sector privado¡±, ha afirmado el concejal republicano, Jordi Coronas, que les ha pedido ¡°que pongan menos trabas¡±. Jaume Collboni, del PSC ha asegurado que ¡°la vivienda es el principal problema de la ciudad y el principal fracaso del Gobierno¡±. Por parte de la CUP, Pere Casas, ha pedido que la reforma ¡°no sea pol¨ªtica de escaparate y genere falsas espectativas¡± y ha abogado porque la obligaci¨®n de las reservas se incremente hasta el 60%.
En un clima de satisfacci¨®n general, Ciutadans y el PP ha echado agua al vino y han asegurado que el Ayuntamiento no tiene competencias para imponer a los promotores que hagan vivienda social en la trama ya consolidada y han asegurado que Colau ha actuado con precipitaci¨®n. Incluso ERC ha reconocido que la amenaza de recursos ante el contencioso es real.
Promotores y arquitectos reclaman mayor seguridad jur¨ªdica
La patronal de las empresas de promoci¨®n inmobiliaria, APCE, es muy cr¨ªtica con la modificaci¨®n de la normativa urban¨ªstica que les obliga a destinar a vivienda asequible un 30% de los pisos que construyan en Barcelona. Su presidente, Llu¨ªs Mars¨¤, recuerda que los promotores ya est¨¢n obligados aportar un porcentaje de vivienda asequible en las zonas de nueva urbanizaci¨®n; y rechazan de plano las cesiones en suelo urbano consolidado, la ciudad ya construida. Mars¨¤ asegura que la modificaci¨®n del PGM "va en contra de la Ley del Suelo estatal y la de Urbanismo de la Generalitat, que son de rango superior". "Provoca inseguridad jur¨ªdica", lamenta y asegura que a corto plazo no, porque los promotores tienen ya el suelo comprado; pero a largo desincentivar¨¢ la promoci¨®n de vivienda. Sobre si recurrir¨¢n a los tribunales para evitar su aplicaci¨®n, asegura que lo tienen que valorar.
Por parte del Colegio de Arquitectos, su decana, Assumpci¨® Puig, aplaude como "nueva, pionera y valiente" la medida de imponer un 30% de vivienda asequible a las empresas privadas. Pero apunta que "deber¨ªa haberse trabajado implicando a todos los agentes para conseguir mayor consenso". Puig cree que tiene "dudas jur¨ªdicas que pueden ser perjudiciales si no se resuelven", y opina que habr¨¢ que ver tambi¨¦n como se aplica barrio a barrio, porque cree que habr¨ªa que revisar si se trata a todos los distritos por igual. Tambi¨¦n lamenta la falta de dotaci¨®n presupuestaria de la nueva norma.
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