Pilar de Lara declara durante m¨¢s de tres horas ante el Poder Judicial

Desde las 12 en punto hasta las tres y media de la tarde. El promotor de acci¨®n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ten¨ªa previsto que la magistrada Pilar de Lara, titular de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, declarase durante una hora, pero su pormenorizado relato de la situaci¨®n de colapso que sufre su juzgado se alarg¨® tres horas y media. De tal manera que la declaraci¨®n por videoconferencia de otra funcionaria que trabaja con la juez ha tenido que ser aplazada. Y sobre la mesa de los magistrados que instruyen el expediente disciplinario contra De Lara han quedado unos 700 folios de alegaciones y varias carpetas cargadas de documentaci¨®n, adem¨¢s de fotos del juzgado desbordado por los macrosumarios.

El abogado de la magistrada cuyas investigaciones mantienen en vilo desde hace a?os a pol¨ªticos, empresarios, proxenetas, traficantes de personas, narcos y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado cree que De Lara ha logrado desmontar los argumentos de la inspecci¨®n realizada en el juzgado. El expediente le atribuye "desatenci¨®n o retrasos injustificados" y la toma de decisiones que generan "ficticios incrementos" de la carga de trabajo. "Tenemos muy buena sensaci¨®n porque contest¨® con firmeza, de memoria y con todo lujo de detalles" sobre cada una de las macrocausas (en Lugo ha llevado hasta 202 procedimientos de los que todav¨ªa est¨¢n pendientes de cerrar 47), ha comentado a la salida su defensor, Agust¨ªn Azparren. ¡°Los retrasos que puede haber no son imputables a ella¡±, ha asegurado. ¡°Todo el mundo sabe que trabaja much¨ªsimas horas al d¨ªa; dedica mucho tiempo con gran rendimiento al juzgado¡±.

Seg¨²n el abogado, De Lara ha justificado los retrasos y ha explicado que en lo que de ella depende directamente, resuelve "el mismo d¨ªa o en dos o tres d¨ªas, con muy poco margen". Ha atribuido las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso pa¨ªses extranjeros, en investigaciones a escala internacional como son la Carioca o la Cebra. Pero sobre todo, la magistrada ha aclarado al promotor de acci¨®n disciplinaria, Ricardo Conde, y al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que entre su juzgado en Lugo y los que en Madrid asumen macrocausas como las suyas hay un mundo. Seg¨²n ella, la escasez y precariedad de los medios materiales y humanos ahogan unas dependencias de provincias donde se desempe?an funciones propias de un juzgado central de instrucci¨®n.

La magistrada ha defendido que muchas de las afirmaciones del acta de los inspectores que visitaron el juzgado lucense durante 10 d¨ªas de mayo son falsas, err¨®neas o sesgadas, entre otras cosas porque no recogen documentos clave, omiten informaci¨®n y le achacan cuestiones que dependen de otros funcionarios y no del instructor. "En ninguno" de los casos se?alados, afirma su abogado, las supuestas dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedec¨ªan en unos casos a tr¨¢mites pendiente de informe, diligencias pendientes de periciales, exhortos o recursos de apelaci¨®n que a¨²n no se hab¨ªan resuelto.

En 2013, tras otra inspecci¨®n, el propio CGPJ concluy¨® que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios de refuerzo y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pok¨¦mon, pero de todo esto la Direcci¨®n Xeral de Xustiza (responsable de facilitar los medios) solo puso una trabajadora. Seg¨²n fuentes de los juzgados, la Xunta tampoco ha cubierto bajas, alguna de ellas de hasta 14 meses, ni renov¨® con continuidad el puesto de la persona encargada de digitalizar esas macrocausas. Por no tener, durante mucho tiempo el juzgado no tuvo m¨¢s que una impresora multifunci¨®n, con frecuencia atascada, para escanear, enviar faxes o fotocopiar. La m¨¢quina serv¨ªa para las grandes investigaciones y los asuntos ordinarios que tambi¨¦n se atienden en Instrucci¨®n 1; y seg¨²n el personal ni los ordenadores ni el propio programa inform¨¢tico del juzgado est¨¢n previstos para asimilar los cientos de miles de folios de los sumarios en marcha. La inspecci¨®n de 2018 lleg¨® justo despu¨¦s de los tres meses de huelga de los funcionarios que mantuvo paralizada buena parte de la justicia gallega.

Seg¨²n Azparren, "casi todas" las objeciones se refieren a la Operaci¨®n Carioca, la mayor investigaci¨®n judicial sobre prostituci¨®n que se ha instruido en Espa?a. Se trata, defiende el abogado, de una causa a¨²n m¨¢s voluminosa que la de los atentados del 11-M: "Tiene 272 tomos, unos 130.000 folios y 10 fiscales asignados" frente a una sola instructora que adem¨¢s debe atender muchas otras operaciones. "La causa del 11-M constaba de 241 tomos y 43.000 folios" y un juez asignado en exclusiva.

Ante el magistrado del CGPJ responsable de instruir la acci¨®n disciplinaria y el fiscal, Pilar de Lara tambi¨¦n ha relatado las presiones sufridas a lo largo de los ¨²ltimos 10 a?os (desde que abri¨® la diligencias de la Carioca) por tocar ¨¢mbitos tan sensibles como el de los cuerpos de seguridad y la pol¨ªtica. Los ataques a la juez y su familia; a los investigadores que trabajan a sus ¨®rdenes y a testigos de las causas; la violaci¨®n de precintos judiciales o la misteriosa desaparici¨®n de archivos de la Carioca son algunos de los episodios denunciados hace tiempo ante el Tribunal Superior de Xustiza. Pero la juez de Lugo tambi¨¦n ha recibido amenazas de muerte (contra ella y su hija) y ha sufrido un intento de agresi¨®n (que todav¨ªa est¨¢ judicializado) e insultos y acoso a trav¨¦s de foros. En varias ocasiones ha visto amanecer Lugo con pintadas difamatorias contra ella y su marido.

A esto, seg¨²n su abogado, se ha sumado la "presi¨®n" de la inspecci¨®n y el expediente disciplinario. ¡°Con todo el trabajo que la juez tiene de por s¨ª, un expediente siempre afecta, y es una presi¨®n m¨¢s a la que habitualmente tiene que hacer frente¡±, ha comentado Azparren. ¡°Si los equipos de inspecci¨®n se dedicaran a ir a todos los juzgados de Espa?a probablemente encontrar¨ªan retrasos en el 80%¡±. ¡°El trabajo que existe en los juzgados es superior al que pueden desarrollar normalmente los jueces¡±, reivindica. Cuando acabe la primera fase de pruebas en el proceso disciplinario, si el fiscal no pide que se efect¨²en m¨¢s el caso podr¨ªa archivarse o derivar en un pliego de cargos contra la magistrada que acabar¨ªa desembocando en la Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo para determinar una sanci¨®n.