El Parlament se instala en la par¨¢lisis y el simbolismo con solo tres leyes aprobadas
El independentismo esgrime que Catalu?a est¨¢ inmersa en una situaci¨®n excepcional por los pol¨ªticos encarcelados o huidos de la justicia
El Parlamento catal¨¢n es el reflejo de la par¨¢lisis pol¨ªtica que vive Catalu?a, con un gobierno muy pendiente de los s¨ªmbolos y una C¨¢mara casi testimonial. En los seis primeros meses de legislatura no hubo actividad parlamentaria porque no hab¨ªa Gobierno y desde junio hasta ahora solo se han aprobado tres modificaciones de leyes que ya exist¨ªan, dos de ellas a propuesta del PSC. Por el contrario, la C¨¢mara ha creado tres comisiones de investigaci¨®n y ha aprobado resoluciones pol¨¦micas que, en alg¨²n caso, acabaron suspendidas.
Si la actividad legislativa es un indicador del funcionamiento de un Parlamento para regular los aspectos m¨¢s variados de la vida de los ciudadanos, en Catalu?a se van a cumplir ya tres a?os desde que Carles Puigdemont fuera investido presidente de la Generalitat, en enero de 2016, sin que apenas se hayan aprobado leyes de trascendencia, al margen de las relacionadas con el proceso independentista que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
Acuerdos con poco recorrido legal
La escasa actividad legislativa del Parlament contrasta con la incesante aprobaci¨®n de mociones o resoluciones sin otro efecto que el simbolismo pol¨ªtico y que han tenido escaso recorrido legal. As¨ª, el pasado 5 de julio, la C¨¢mara aprob¨® una moci¨®n en la que reafirma ¡°los objetivos pol¨ªticos¡± de la resoluci¨®n del 9 de noviembre de 2015 para ¡°avanzar hacia la independencia de Catalu?a¡±. Aquella decisi¨®n ya fue anulada en su d¨ªa y lo mismo sucedi¨® con el segundo intento, suspendido por el Tribunal Constitucional el pasado 17 de julio.
El Parlament aprob¨® el 11 de octubre otra moci¨®n en la que abogaba por ¡°abolir¡± la monarqu¨ªa y censuraba al Rey por el discurso que pronunci¨® el 3 de octubre de 2017, dos d¨ªas despu¨¦s de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum de independencia que hab¨ªa anulado el Tribunal Constitucional. El Gobierno acab¨® impugnando esa decisi¨®n, en contra del criterio del Consejo de Estado, pero no reclam¨® su suspensi¨®n al amparo del art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n, que se suele invocar en estos casos. De ah¨ª que que el acuerdo siga vigente a la espera de que los magistrados entren en el fondo de la cuesti¨®n y dicten sentencia.
El independentismo esgrime que Catalu?a est¨¢ inmersa en una situaci¨®n excepcional por los pol¨ªticos encarcelados o huidos de la justicia y que en esas condiciones tambi¨¦n se hace muy dif¨ªcil que el Parlament funcione con normalidad. Sin embargo, lo cierto es que la pretensi¨®n de la mayor¨ªa secesionista de investir a tres presidentes antes que a Quim Torra mantuvo paralizada la C¨¢mara medio a?o y cuando se form¨® Gobierno siguieron las disputas internas entre Junts per Catalunya y Esquerra sobre la forma de sustituir a los diputados que hab¨ªan sido suspendidos por la justicia.
Un a?o despu¨¦s de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el Parlament solo ha aprobado tres modificaciones de leyes ya en vigor, dos de ellas, a iniciativa del grupo parlamentario socialista. Una sirvi¨® para demorar la entrada en vigor del plazo previsto para exigir el conocimiento de ingl¨¦s a los universitarios catalanes y otra para que las mujeres v¨ªctimas de violencia machista ingresadas en casas de acogida se pudieran beneficiar de la renta garantizada de ciudadan¨ªa.
La tercera modificaci¨®n, aprobada el pasado 8 de mayo y es el reflejo de la estrategia simb¨®lica del independentismo y sirvi¨® para cambiar la ley de 2008 de la Presidencia de la Generalitat. La pretensi¨®n no era otra que permitir que Carles Puigdemont pudiera ser investido de manera telem¨¢tica alg¨²n d¨ªa. La mayor¨ªa independentista desoy¨® los informes de los letrados y continu¨® adelante con la modificaci¨®n. El Gobierno de Mariano Rajoy la recurri¨® ante el Tribunal Constitucional y fue suspendida d¨ªas despu¨¦s.
Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, asegura que ¡°el independentismo ha de decidir si quiere seguir instalado en las soflamas emocionales o acepta de una vez la v¨ªa del di¨¢logo institucional¡±. Pese a la m¨ªnima actividad parlamentaria, la diputada socialista insiste en que, ¡°por lo menos en esta legislatura no se est¨¢ incumpliendo ninguna ley como pas¨® en la anterior, ni se ha vuelto a la desobediencia de hace un a?o¡±.
A la espera del juicio y la sentencia por el proc¨¦s que dicte el Tribunal Supremo, nada hace pensar que la situaci¨®n se pueda reconducir en los pr¨®ximos meses a la vista de la aritm¨¦tica parlamentaria. La CUP anunci¨® al inicio de la legislatura que pasaba a la oposici¨®n y dej¨® al independentismo sin la mayor¨ªa absoluta y con solo 66 diputados de un total de 135. Sin embargo, la situaci¨®n de precariedad se agrav¨® el pasado mes de julio despu¨¦s por las disputas entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre la sustituci¨®n de los diputados suspendidos por el juez del Supremo Pablo Llarena.
Cinco votos menos
La consecuencia de todo ello es que cinco parlamentarios secesionistas no pueden votar, con lo que el independentismo suma 61 esca?os. Eso deja a ambos grupos en minor¨ªa en la C¨¢mara y en un empate num¨¦rico en caso de que se sumen los cuatro de la CUP. Ante este panorama, no podr¨¢ prosperar ning¨²n proyecto de ley si no se pacta previamente con alg¨²n grupo de la oposici¨®n. Los comunes se presentan como el socio preferido.
Frente a esa actividad legislativa m¨ªnima, el Parlament s¨ª que ha aprobado en este tiempo tres comisiones de investigaci¨®n: la del proyecto Castor, la de los atentados del 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils y otra sobre la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. A esta ¨²ltima no acudieron nunca los diputados de Ciudadanos y del PP, mientras que los del PSC se acabaron marchando cuando se negaron todas las comparecencias que propusieron.
Tambi¨¦n esperan su turno otras dos comisiones de investigaci¨®n que volver¨¢n a reabrir la pol¨¦mica. Una sobre la monarqu¨ªa espa?ola que pretende investigar las actividades del Rey em¨¦rito y dem¨¢s miembros de la familia real, y otra sobre los derechos civiles y pol¨ªticos. Esta ¨²ltima fue propuesta por el propio presidente del Parlament, Roger Torrent, a mediados de junio, pero desde entonces nunca m¨¢s se ha vuelto a saber de ella. La de la monarqu¨ªa fue anunciada tambi¨¦n hace un mes, y, al igual que la otra, no se ha llevado hasta ahora al pleno para su creaci¨®n.
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