La Generalitat inicia el ¡°desahucio¡± de Acciona para recuperar ATLL
Patrimonio tramita el procedimiento tras la negativa de la concesionaria de abandonar la compa?¨ªa p¨²blica
Tras no poder hacerse con el control de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) el pasado martes 1 de enero, tal y como ten¨ªa previsto, la Generalitat inici¨® el mi¨¦rcoles la tramitaci¨®n de un procedimiento de ¡°desahucio administrativo¡± del consorcio liderado por Acciona de todos los activos de la empresa p¨²blica. Con ese procedimiento prev¨¦ expulsarlo de las instalaciones que forman parte de la compa?¨ªa con la intenci¨®n de liberarlos para que los gestione la propia administraci¨®n catalana, a trav¨¦s del Ente de Abastecimiento Aguas Ter-Llobregat (ATL).
El embrollo jur¨ªdico alrededor de la fracasada privatizaci¨®n de la gesti¨®n de ATLL se ha complicado en las ¨²ltimas semanas, en paralelo a la aproximaci¨®n de la fecha l¨ªmite que se puso la Generalitat para asumir la gesti¨®n de ATLL, el 1 de enero. Al litigio que enfrenta especialmente al Departamento de Territorio con Acciona para liquidar el contrato con el pago de una indemnizaci¨®n se sum¨® el mi¨¦rcoles un nuevo paso, que procede en este caso de la direcci¨®n general de Patrimonio, que depende del Departamento. Esta inco¨® un procedimiento de desahucio administrativo, seg¨²n un documento al que ha accedido EL PA?S, que supone echar a la concesionaria de ATLL ante su negativa a abandonar la explotaci¨®n de la concesi¨®n hasta que se liquide el contrato suscrito en 2012 y anulado el pasado verano por el Tribunal Supremo, ratificando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.
Diferentes fuentes consideraron ayer que esperan que la asunci¨®n por parte de la Generalitat de la compa?¨ªa p¨²blica se resolver¨¢ antes de que concluya el mes. No obstante, hay un tema que seguir¨¢ vivo en los tribunales en a?os: la indemnizaci¨®n que tendr¨¢ que pagar la Generalitat por la cancelaci¨®n del contrato. Acciona demanda 1.074 millones de euros; la comisi¨®n liquidadora del contrato considera que la Administraci¨®n catalana solo debe pagar 53,8 millones de euros, al considerar que no ha de pagar indemnizaci¨®n y solo devolver parte del dinero invertido.
El procedimiento de desahucio administrativo abierto el mi¨¦rcoles choca con otro movimiento alentado desde Territorio a las cinco de la madrugada del 1 de enero. Josep Andreu Clariana, director del Ente de Abastecimiento Aguas Ter Llobregat, envi¨® un correo electr¨®nico al conjunto de la plantilla en el que les comunicaba que desde ese d¨ªa formaba parte del ente y que, a esos efectos, pasaban a tener las condiciones laborales de las entidades de derecho p¨²blico de la Generalitat. Pasadas las ocho de la noche el director general de ATLL, Alfredo Guti¨¦rrez, enviaba otra carta en la que les instaba a ¡°hacer caso omiso¡± de la misiva de Clariana, alegando que el caso estaba en manos de los tribunales. Algunos empleados han detectado que dos empresas (la concesionaria y ATL) estaban pagando sus cuotas sociales a la Seguridad Social.
La ruptura entre Acciona y la Generalitat es total. El 27 de diciembre fue convocado a una reuni¨®n en la direcci¨®n general de Patrimonio de la Generalitat el presidente de Acciona, Luis Castilla, para formalizar el traspaso de documentaci¨®n y de la gesti¨®n. El ejecutivo de Acciona se neg¨® a firmar alegando que se hab¨ªan solicitado medidas cautelar¨ªsimas, por lo que Patrimonio inici¨® el tr¨¢mite de expulsi¨®n de Acciona.
Un proceso de oficio y ordenado
La Administraci¨®n catalana defiende que los activos de ATLL, al ser una empresa p¨²blica, han sido siempre de la Generalitat y que solo el contrato de concesi¨®n los vinculaba al consorcio liderado por Acciona. Con el ¡°desahucio administrativo¡± se abre un proceso de oficio y ordenado en el que se prev¨¦ cancelar ese contrato y expulsar a la actual explotadora de la gesti¨®n del agua que beben casi cinco millones de catalanes y que ATLL vende a los suministradores. Un instructor se encargar¨¢ del proceso. Y Acciona podr¨¢ alegar sobre las intenciones de la Generalitat. El plazo concluir¨¢ en paralelo a la petici¨®n de medidas cautelares que est¨¢ en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), antes de que concluya el mes.
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