La exconcejala socialista en Ourense ?urea Soto, absuelta de prevaricaci¨®n

La exconcejala socialista de Urbanismo entre los a?os 2007 y 2015, ?urea Soto, ha sido absuelta, junto con un t¨¦cnico municipal, del delito de prevaricaci¨®n por proponer a la junta de gobierno local, en el a?o 2011, la licencia de ocupaci¨®n de la residencia universitaria del campus ourensano cuando la mayor¨ªa de las obras de urbanizaci¨®n no se hab¨ªan ejecutado.

El juez adscrito a los tribunales penales de Ourense, Ricardo Pailos, sostiene en su sentencia que no se ha probado que Soto encargase al t¨¦cnico municipal un informe favorable a la concesi¨®n de las licencias urban¨ªsticas ni que ello supusiese que la propuesta, en caso de ser aprobada por la junta de gobierno, concediese ¡°una patente contravenci¨®n de la normativa urban¨ªstica¡±. La resoluci¨®n tambi¨¦n niega que la exconcejala retardase intencionadamente la incoaci¨®n de los expedientes de reposici¨®n de legalidad urban¨ªstica. La exedil y el t¨¦cnico fueron demandados por la promotora Casas Orense con intereses en la zona del campus ourensano.

La sentencia -contra la que cabe recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia Provincial- precisa que la concesi¨®n de las licencias de ocupaci¨®n y apertura no fue ajustada a la legalidad, al no haberse realizado antes las obras de urbanizaci¨®n del entorno de la residencia universitaria, pero subraya que ¡°esa contravenci¨®n de la legalidad urban¨ªstica no puede llevar a concluir que la conducta de los acusados sea constitutiva de los graves delitos cuya comisi¨®n les imputa la acusaci¨®n particular¡±, la promotora con intereses en esa zona.

El juez adscrito al Penal 1 destaca que el criterio aplicado por los investigados hab¨ªa sido utilizado en ocasiones anteriores por el personal del Ayuntamiento de Ourense. ¡°Nos encontramos ante una cuesti¨®n interpretativa de la norma que debe quedar al margen del derecho penal¡±, destaca el juez. Considera adem¨¢s que concurr¨ªan ¡°las circunstancias que justificaban la aplicaci¨®n de dicho criterio¡±, como la imposibilidad de realizar las obras de urbanizaci¨®n a las que se hab¨ªa supeditado la concesi¨®n de licencia por causa no imputable; la prestaci¨®n de fianza, aval o ingreso en met¨¢lico para garantizar su realizaci¨®n y el cumplimiento de los tr¨¢mites y requisitos exigidos.

La sentencia recoge que los acusados, ¡°en el ejercicio de sus respectivos cargos y responsabilidades, consideraron que la ausencia de realizaci¨®n de las obras de urbanizaci¨®n, circunstancia de la que eran plenamente conscientes, no le era imputable a la promotora de la residencia universitaria¡±.

El equipamiento universitario estuvo cerrado desde 2013 hasta 2016 por orden de un juez contencioso que anul¨® la licencia. Soto y el t¨¦cnico, para quienes el ministerio p¨²blico ped¨ªa la absoluci¨®n, fueron acusados por una promotora que reclamaba para ambos un a?o de prisi¨®n e inhabilitaciones. Durante el juicio, la exconcejala defendi¨® su actuaci¨®n y acus¨® a la promotora de mentir instando a la justicia a que actuase al respecto. Asegur¨® entonces Soto que, no hacerlo supondr¨ªa que en Ourense ¡°se puede intimidar y extorsionar a un concejal y a un gobierno a trav¨¦s de la mentira y utilizando la justicia¡±.

Esta es la segunda ocasi¨®n en la que la justicia absuelve a Soto de un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. En enero de 2016, una juez la absolvi¨® de la acusaci¨®n registrada en 2011 por el grupo municipal Democracia Ourensana en relaci¨®n en aquella ocasi¨®n con la concesi¨®n de licencia a los edificios de la Plaza de San Antonio y el aparcamiento subterr¨¢neo. El grupo pol¨ªtico acab¨® retir¨¢ndose de la acusaci¨®n que mantuvieron la Fiscal¨ªa y la hija de un empresario local. Soto advirti¨® entonces que el objetivo de la querella era forzar su salida de la pol¨ªtica municipal, como as¨ª hizo al ser procesada en cumplimiento del c¨®digo ¨¦tico del PSOE.

La exedil acus¨® en 2016 al juez decano de Ourense, Leonardo ?lvarez, de prevaricar para procesarla y acabar con su carrera pol¨ªtica. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deneg¨® el procesamiento del magistrado.