Historia de dos ¡®processos¡¯
La Fiscal¨ªa y las defensas tratar¨¢n de imponer, en el juicio, su propio relato sobre lo que ocurri¨® en Catalu?a y c¨®mo deben interpretarse los hechos
Era la revoluci¨®n de las sonrisas, era la rebeli¨®n contra el Estado; era la edad de la esperanza y la de la crispaci¨®n; la ¨¦poca del derecho a la autodeterminaci¨®n y la del desaf¨ªo unilateral; era la primavera de la libertad y el oto?o de las prisiones; las movilizaciones eran pac¨ªficas, las algaradas eran violentas; ¨ªbamos todos derechos a la independencia, todos nos precipit¨¢bamos a la confrontaci¨®n. La par¨¢frasis de Historia de dos ciudades, de Dickens, ilustra las visiones antag¨®nicas que a menudo provoca el proc¨¦s.
Los sucesos ocurridos en el oto?o de 2017 en Catalu?a parecen, a primera vista, evidentes e indiscutibles. Todo est¨¢ documentado, publicado en diarios oficiales, examinado por mil ojos, retransmitido casi en vivo. Y aun as¨ª, la batalla por los hechos ¡ªpor su naturaleza y su alcance, por sus consecuencias penales¡ª ser¨¢ la primera y m¨¢s relevante del juicio que afrontan los pol¨ªticos catalanes en el Tribunal Supremo. ?Estuvo la independencia ¡°a punto de lograrse¡±, como dice el fiscal o fue todo un enorme farol para forzar al Gobierno a negociar? ?La protesta ante la Conselleria de Econom¨ªa fue el ¡°asedio¡± de una ¡°turba¡± o una ¡°protesta pac¨ªfica¡±? Y el d¨ªa del refer¨¦ndum, ?los polic¨ªas se excedieron o usaron leg¨ªtimamente la fuerza ante la ¡°contumaz¡± resistencia de los ciudadanos?
Un juicio es, entre otras cosas, una disputa dial¨¦ctica para imponer un relato. El homicida quiere que crean su coartada. El corrupto, que no lo hizo. El agresor sexual, que hubo consentimiento. Con la vista contra los l¨ªderes independentistas ocurre algo parecido. ¡°Hay unos datos objetivos. Pasaron cosas. Pero lo importante es qu¨¦ se proyecta sobre esos hechos, con qu¨¦ lente se miran¡±, sostiene un jurista ajeno a la macrocausa que arranca el martes y que pondr¨¢ a prueba una vez m¨¢s los v¨ªnculos de Barcelona y Madrid, cada una, tambi¨¦n, con su particular mirada sobre el proc¨¦s.
La Fiscal¨ªa ha elaborado, a partir de los atestados policiales, una narrativa propia del proc¨¦s, que le lleva a hablar de ¡°violencia¡± y a sostener que hubo delito de rebeli¨®n. Pero ese relato, tal como est¨¢ contado, ¡°no se corresponde en absoluto con la realidad¡±, replica la defensa de Jordi S¨¤nchez. O bien muestra como ¡°hechos indiscutibles¡± lo que en realidad son ¡°opiniones y valoraciones¡±, agrega el abogado del exconsejero Joaquim Forn.
Antes de entrar en la pelea jur¨ªdica ¡ªsi concurren o no los requisitos del tipo delictivo¡ª, la clave es ¡°marcar el terreno de juego¡±, agrega el jurista. Aquello que, en la sentencia, ser¨¢n los ¡°hechos probados¡±. Con la violencia (o su ausencia) como hilo conductor, Fiscal¨ªa y defensas han delimitado dos campos incompatibles, dos relatos, la historia de dos processos.
El contexto pol¨ªtico. La Fiscal¨ªa define el proc¨¦s como una ¡°estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada¡± para ¡°fracturar el orden constitucional¡± y lograr la independencia. El Gobierno catal¨¢n, el Parlament y las entidades sociales (ANC y ?mnium) iniciaron su ¡°actuaci¨®n ilegal¡± en 2015 con la ¡°hoja de ruta¡±, que con palabras ben¨¦volas buscaba en realidad ¡°una insurrecci¨®n patente¡± contra el Estado. Los l¨ªderes de ese desaf¨ªo estuvieron ¡°a punto de lograr¡± su objetivo: ¡°declarar la independencia y obligar al Estado a aceptarla¡±.
Las defensas ¡ªcon sus variantes¡ª vienen a decir que los acusados se limitaron a canalizar una ¡°reivindicaci¨®n pol¨ªtica¡± leg¨ªtima. E insisten en que el objetivo fue siempre abrir ¡°canales y v¨ªas de di¨¢logo para encontrar una salida pol¨ªtica¡±, a lo que el Gobierno se neg¨®.
20-S, ?asedio o protesta? El 20 de septiembre de 2017, un juez de Barcelona orden¨® 40 registros en sedes de la Generalitat y 14 detenciones de altos cargos por organizar el refer¨¦ndum ilegal. Durante todo el d¨ªa, miles de personas se concentraron frente al Departamento de Econom¨ªa mientras la Guardia Civil se incautaba de documentaci¨®n. Acudieron a la llamada hecha de, entre otros, el entonces presidente de la ANC, Jordi S¨¤nchez, y el presidente de ?mnium, Jordi Cuixart.
El 20-S es una cita clave en el proceso judicial porque la Fiscal¨ªa ancla en esa jornada su relato de la violencia. Para la acusaci¨®n, S¨¤nchez y Cuixart animaron a la ¡°ejecuci¨®n de actos de fuerza, intimidaci¨®n y violencia¡± que ¡°entorpecieron gravemente¡± el cumplimiento de la orden judicial. Cita dos ejemplos: los detenidos no pudieron estar presentes en los registros y la comisi¨®n judicial se vio ¡°privada de libertad de movimientos¡±. Donde la Fiscal¨ªa ve el ¡°asedio¡± de una ¡°turba¡±, las defensas ven ¡°un acto de ejercicio del derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n pac¨ªfica¡± y ¡°una muestra m¨¢s del civismo¡± de las protestas del independentismo. Los detenidos, recuerdan, renunciaron a su derecho a estar presentes en el registro, mientras que la movilidad de la comitiva se garantiz¨® con un ¡°¨¢gil corredor humano¡± ¡ªorganizado por voluntarios de la ANC¡ª que les permiti¨® desarrollar el trabajo ¡°sin incidencias¡±.
La Fiscal¨ªa se?ala que dos coches de la Guardia Civil quedaron destrozados y que S¨¤nchez y Cuixart se subieron a uno de ellos a las 23.40. Las defensas replican que solo lo hicieron para pedir que la gente se marchara, que los periodistas se hab¨ªan subido antes a tomar im¨¢genes y que ¡°algunos manifestantes¡± aprovecharon la ¡°desprotecci¨®n¡± para ¡°pintarlos y causarles da?os¡±; en ning¨²n caso, dicen, puede atribuirse esa violencia a los l¨ªderes sociales. Tampoco se les puede atribuir los incidentes que, una vez desconvocada la manifestaci¨®n, causaron unas 500 personas al enfrentarse con los Mossos. Pero la Fiscal¨ªa insiste: con su ¡°incendiaria convocatoria¡±, los actos de violencia fueron ¡°conocidos, inducidos y consentidos¡± por ambos.
El 1-O y el papel de los Mossos. En el relato de la Fiscal¨ªa, los Mossos d¡¯Esquadra juegan un papel esencial: pusieron su ¡°poder coactivo¡± en manos de la Generalitat y, con su ¡°inacci¨®n y pasividad¡±, hicieron posible la consulta ilegal. Los mandos ¡°antepusieron las directrices pol¨ªticas recibidas del Govern al cumplimiento de la ley¡±. Su plan de actuaci¨®n para el 1-O, con solo 7.000 agentes ¡°cuando en unas elecciones son 12.000¡±, era tan ineficaz que ¡°neutralizaba por completo¡± el cumplimiento de la orden judicial de impedir la consulta. A esa orden, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, se acogen precisamente los Mossos y las defensas para justificar que todo se hizo correctamente. El 27 de septiembre, la magistrada Mercedes Armas orden¨® a los tres cuerpos policiales que se impidieran las votaciones, pero ¡°sin alterar la normal convivencia ciudadana¡±.
La defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn se?ala que, aunque los mandos advirtieran de riesgos para la seguridad, en ning¨²n caso se proyect¨® ¡°un escenario de insurrecci¨®n ciudadana masiva¡±. Y recuerda, adem¨¢s, que nadie ¡ªni siquiera el coronel designado para coordinar el operativo, Diego P¨¦rez de los Cobos, testigo destacad¨ªsimo de entre los m¨¢s de 500 que escuchar¨¢ el Supremo¡ª puso en duda el dispositivo policial.
El juicio a los dirigentes independentistas por el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaraci¨®n unilateral de independencia arrancar¨¢ ma?ana martes en el Tribunal Supremo en Madrid. En el banquillo se sentar¨¢n el exvicepresidente del Gobierno catal¨¢n Oriol Junqueras; los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mund¨®, Santi Vila y Meritxell Borr¨¤s; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi S¨¤nchez, y el presidente de ?mnium, Jordi Cuixart. Los nueve que est¨¢n en prisi¨®n preventiva (todos menos Vila, Mund¨® y Borr¨¤s) fueron trasladados el pasado d¨ªa 1 desde las c¨¢rceles catalanas, en las que estaban desde julio pasado, a prisiones de Madrid. La Fiscal¨ªa pide para ellos entre 7 y 25 a?os de prisi¨®n por los delitos de rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia. Se calcula que el juicio dure unos tres meses.
El 1-O y la violencia
Los independentistas repiten a menudo que la ¨²nica violencia del proc¨¦s fue la que descargaron las porras de la Guardia Civil y de la polic¨ªa contra ciudadanos pac¨ªficos que estaban votando. M¨¢s de un millar, seg¨²n sus c¨¢lculos, fueron lesionados ese d¨ªa. Ese argumento reproducen, con matices, las defensas: las cargas fueron "desproporcionadas e innecesarias", y los mensajes de los l¨ªderes pol¨ªticos llamaron siempre a la resistencia "pac¨ªfica". Pensaban que la jornada ser¨ªa similar a la pl¨¢cida consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Los ciudadanos se limitaron a "ejercer pac¨ªficamente el derecho de expresi¨®n, reuni¨®n y manifestaci¨®n" m¨¢s all¨¢ de que hubiera incidentes aislados. Para la Fiscal¨ªa, en cambio, hay dos violencias: la de los ciudadanos ¡ªque cometieron "actos de agresi¨®n contra la polic¨ªa" y actuaron como un "muro humano"¡ª y la de los pol¨ªticos como instigadores. Los exconsejeros eran "plenamente conscientes" de la "alt¨ªsima probabilidad" de que estallaran incidentes; entre otras cosas, por el precedente del 20-S. Y aun as¨ª, los dirigentes "fomentaron, propiciaron y buscaron el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad". La cifra de heridos, a?ade el fiscal, est¨¢ "manipulada para magnificar la represi¨®n policial".
Las dos historias del proc¨¦s ata?en tambi¨¦n a lo que ocurri¨® despu¨¦s: los actos de acoso a polic¨ªas alojados en Catalu?a, las huelgas, la intervenci¨®n del Rey, la declaraci¨®n del 27-O y la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Frente al plan concertado que dibuja la Fiscal¨ªa, las defensas dicen que los acusados se limitaron a asumir el "mandato del pueblo" y que defienden el derecho a la autodeterminaci¨®n de forma "c¨ªvica y pac¨ªfica"; pero nunca declarar la independencia "por medios violentos". Como ep¨ªlogo, la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, campo abonado tambi¨¦n para la discrepancia: el fiscal insiste en que se us¨® dinero de todos para fines ilegales, mientras que las defensas replican que ni un solo euro p¨²blico se emple¨® en el refer¨¦ndum.
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