La fiscal¨ªa pide 25 a?os de c¨¢rcel para Junqueras y la Abogac¨ªa del Estado solicita la mitad

M¨¢s informaci¨®n

Sigue las reacciones a la petici¨®n de penas

La Abogac¨ªa del Estado descarta la rebeli¨®n y acusa de sedici¨®n y malversaci¨®n

La Generalitat ve imparable el ¡®proc¨¦s¡¯ ¡°por muchos a?os de c¨¢rcel¡± que se pidan

?Qu¨¦ son los delitos de rebeli¨®n y de sedici¨®n?

Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 a?os de c¨¢rcel por su papel como l¨ªder del proc¨¦s. Esta es la condena que solicita para el exvicepresidente de la Generalitat la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo por un delito de rebeli¨®n, agravado con malversaci¨®n de caudales. El ministerio p¨²blico atribuye tambi¨¦n ambos delitos a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, est¨¢n en prisi¨®n preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 a?os de c¨¢rcel. A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi S¨¤nchez y el l¨ªder de ?mnium, Jordi Cuixart) se les acusa de rebeli¨®n, pero no de malversaci¨®n. A¨²n as¨ª, son considerados ¡°promotores o jefes¡± de la rebeli¨®n, por lo que la fiscal¨ªa solicita para ellos m¨¢s pena que para los exconsejeros (17 a?os de prisi¨®n).

El escrito de conclusiones de la Abogac¨ªa del Estado reduce considerablemente estas penas, al eliminar el delito de rebeli¨®n y apostar solo por los de sedici¨®n y malversaci¨®n. Adem¨¢s, estos dos delitos los considera en "concurso medial", es decir, que uno no se puede producir sin el otro, lo que a efectos de pena supone tambi¨¦n una rebaja. De este modo, solicita para Junqueras 12 a?os de prisi¨®n. Para los exconsejeros de la Generalitat Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa la petici¨®n de pena es de 11 a?os y medio por los mismos delitos de Junqueras. Para Forcadell, solicita 10 a?os de prisi¨®n y otros tantos de inhabilitaci¨®n por sedici¨®n. Al mismo tiempo, solicita la inhabilitaci¨®n de todos ellos por el mismo periodo de la condena de c¨¢rcel.

Para los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catal¨¢n encausados ¡ªBorr¨¢s, Mund¨® y Vila¡ª la petici¨®n de la Abogac¨ªa es de siete a?os de prisi¨®n y diez de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y desobediencia grave. Para los Jordis, a los que considera autores de un delito de sedici¨®n, pero no con el agravante de autoridad, le pide ocho a?os de c¨¢rcel y otros tantos de inhabilitaci¨®n. Para los miembros de la Mesa del Parlament, Llu¨ªs Corominas, Lluis Guin¨®, Anna Sim¨® y Ramona Barrufet, se reclama multa de 10 meses e inhabilitaci¨®n de un a?o y ocho meses por desobediencia grave. Este mismo delito se aplica al tambi¨¦n exintegrante de la Mesa Josep Nuet y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para los que pide una pena menor: ocho meses de multa y cuatro de inhabilitaci¨®n.

La principal diferencia entre los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n ¡ªadem¨¢s de las penas¡ª es el componente de la violencia. La rebeli¨®n castiga a quienes ¡°se alzaren violenta y p¨²blicamente¡±. La sedici¨®n, a los que se alcen ¡°p¨²blica y tumultuariamente¡±. Otra diferencia es que la rebeli¨®n est¨¢ encuadrada en los llamados ¡°delitos contra la Constituci¨®n¡±. Est¨¢ recogido en el art¨ªculo 472 y siguientes del C¨®digo Penal, y uno de sus puntos se?ala expl¨ªcitamente a los que traten ¡ªsiempre de forma violenta¡ª de ¡°declarar la independencia de una parte del territorio nacional¡±. El delito de sedici¨®n, en cambio, se engloba en los llamados ¡°delitos contra el orden p¨²blico¡±. ¡°Son reos de sedici¨®n¡±, desarrolla el art¨ªculo 545, ¡°los que, sin estar comprendidos en el delito de rebeli¨®n, se alcen p¨²blica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes¡± por parte de la Administraci¨®n o de los jueces.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, por su parte, ha endurecido este viernes a delito de rebeli¨®n la acusaci¨®n contra el exjefe de los Mossos d¡¯Esquadra Josep Llu¨ªs Trapero y contra los antiguos mandos pol¨ªticos de la polic¨ªa auton¨®mica catalana Pere Soler y C¨¦sar Puig por la supuesta connivencia del cuerpo con el proceso independentista catal¨¢n. Sin embargo, pese a aplicar este tipo penal extremo, la consecuencia en t¨¦rminos de posible condena ser¨¢ m¨¢s leve, al menos para Trapero, que los dos delitos de sedici¨®n y el de organizaci¨®n criminal que contemplaba la juez instructora, Carmen Lamela, en su auto de procesamiento, del pasado abril.

Los escritos de acusaci¨®n llegan justo el d¨ªa en el que Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn cumplen un a?o en prisi¨®n preventiva. Las acusaciones ten¨ªan hasta el pr¨®ximo lunes a las tres de la tarde para presentar sus escritos, pero la fiscal¨ªa no ha agotado el plazo y lo ha registrado este viernes.

ERC y el PDeCAT han presionado en las ¨²ltimas semanas al Gobierno de Pedro S¨¢nchez para que tratara de influir en el ministerio p¨²blico a favor de una rebaja en sus peticiones de pena para los dirigentes separatistas. El departamento que dirige Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, sin embargo, ha mantenido la calificaci¨®n de rebeli¨®n por la que hace un a?o apost¨® el fiscal general Jos¨¦ Manuel Maza (fallecido en noviembre pasado) en la querella que dio origen a la causa abierta por el Supremo. Este delito, recogido en el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal, castiga a los que ¡°se alzaren violenta y p¨²blicamente¡± para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se les atribuye a los nueve procesados que est¨¢n en prisi¨®n preventiva, aunque entre ellos la fiscal¨ªa establece distintos niveles de responsabilidad.

En el primero est¨¢ Junqueras, a quien el ministerio p¨²blico considera, junto a Puigdemont, el principal responsable del desaf¨ªo independentista. Los investigadores le otorgan un papel esencial al inicio del proc¨¦s (considerado en la causa como una de las firmas del acuerdo entre Artur Mas y ¨¦l mismo, el 19 de diciembre de 2012, que llev¨® al primero a la presidencia de la Generalitat); en el tramo intermedio (para impulsar desde la Vicepresidencia el plan independentista y crear las estructuras de un futuro Estado catal¨¢n); y al final (la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaraci¨®n unilateral de independencia del 27 de ese mes). Este protagonismo se traduce en una petici¨®n de penas superior al del resto de procesados: 25 a?os de c¨¢rcel por un delito de rebeli¨®n agravado con malversaci¨®n y el mismo tiempo de inhabilitaci¨®n absoluta.

Ambos delitos se atribuyen tambi¨¦n a los otros cinco exconsejeros de Puigdemont encarcelados preventivamente, aunque la fiscal¨ªa les sit¨²a en un segundo nivel de responsabilidad respecto a la rebeli¨®n, lo que les enfrenta a peticiones de penas algo m¨¢s bajas (16 a?os de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n).

El segundo gran bloque de las acusaciones del ministerio p¨²blico engloba a los acusados de rebeli¨®n pero que, al no formar parte del Govern, se les exime del delito de malversaci¨®n: Forcadell, S¨¤nchez y Cuixart. A la primera se le atribuye una actuaci¨®n fundamental como presidenta del Parlament al someter a la votaci¨®n de la C¨¢mara leyes e iniciativas ilegales. Los l¨ªderes de las asociaciones civiles, por su parte, asumieron la labor de convocar movilizaciones ciudadanas que aun sabiendo, seg¨²n los investigadores, que pod¨ªan derivar en situaciones de violencia. Los tres son considerados, seg¨²n la fiscal¨ªa, ¡°promotores o jefes¡± de la rebeli¨®n por lo que el ministerio p¨²blico solicita para ellos una condena de 17 a?os de c¨¢rcel.

La descripci¨®n de esos episodios violentos ocupa una parte central en el escrito del ministerio p¨²blico porque es el que define el delito de rebeli¨®n. La fiscal¨ªa cree que los responsables del proc¨¦s comprometieron la seguridad p¨²blica durante las movilizaciones ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de los d¨ªas 20 y 21 de setiembre de 2017 y en la jornada del refer¨¦ndum independentista.

En el tercer bloque de responsabilidad est¨¢n los tres exconsejeros a los que la fiscal¨ªa deja fuera de la rebeli¨®n pero a los que s¨ª acusar de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y desobediencia (Carles Mund¨®, Meritxell Borr¨¤s y Santi Vila). La petici¨®n de pena para ellos es de siete a?os, pero se reducir¨ªa si antes del juicio devuelven el dinero supuestamente desviado a fines il¨ªcitos. Por ¨²ltimo, cinco exmiembros de la Mesa de Parlament (Llu¨ªs Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Anna Sim¨®, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya solo son acusados de desobediencia y no se pide para ellos penas de c¨¢rcel, pero s¨ª inhabilitaci¨®n (un a?o y ocho meses para todos, menos para Nuet, al que solicitan un a?o y cuatro meses) y una multa de 10 euros diarios durante 10 meses (ocho en el caso de Nuet).