Absueltos 11 acusados de contrabando de tel¨¦fonos m¨®viles con varapalo a la instrucci¨®n

En una demoledora sentencia para la instrucci¨®n judicial, la secci¨®n segunda de la Audiencia de Lugo ha absuelto a los once acusados de contrabando y fraude millonario de IVA en la compra de tel¨¦fonos m¨®vilesporque las escuchas telef¨®nicas se basaron en suposiciones y no en comprobaciones policiales. El fiscal solicit¨® para ellos condenas de hasta once a?os y medio de prisi¨®n y multas superiores a los 400.000 euros.

La sentencia ahonda en la fase de instrucci¨®n, cuando un informe de la jefa de gesti¨®n del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria orden¨® que se abriera una investigaci¨®n. En su informe se argumentaba que la empresa C¨¦ltica de Exportaci¨®n pod¨ªa estar cometiendo un fraude de IVA y carrusel, y que por el tipo de mercanc¨ªa de alto riesgo se presum¨ªa que hab¨ªa contrabando.

Pero el tribunal considera que los investigadores ten¨ªan que ¡°haber

realizado comprobaci¨®n de las mercanc¨ªas antes de practicar las intervenciones telef¨®nicas (¡­), pero nada se hizo por su parte para averiguar cu¨¢l era la mec¨¢nica, ni cu¨¢les eran las compras que se dec¨ªa eran masivas¡±, se?ala la sentencia.

Reprocha el tribunal que ¡°al enfrentarse con este procedimiento¡± se han encontrado con una docena de requerimientos que, tanto en la fase de instrucci¨®n como cuando ya los autos estuvieron en esta Audiencia, se realizaron por la partes investigadas y por los ¨®rganos judiciales a los servicios de Vigilancia Aduanera para que se aportara a la causa la documentaci¨®n que hab¨ªa sido ocupada en los diferentes registros¡±.

¡°As¨ª hasta haber alcanzado en ¨²ltimo lugar el acopio de papeles, deslavazados e inconexos, que obran en un local de esta Audiencia, al haber sido aportados de manera intermitente y sin hilaci¨®n que no permite, ni a las partes ni al tribunal, el conocimiento de lo realmente existente, pues resultan absolutamente ingobernables¡±, critica la sentencia.

La sala concluye que ¡°todo este c¨²mulo de argumentos lleva consigo a la determinaci¨®n de que no podremos asentar, en ning¨²n caso, en los documentos pretendidamente intervenidos, conclusiones de car¨¢cter perjudicial para los acusados¡±.

Los magistrados recuerdan que la intervenci¨®n de los terminales es ¡°una de las actuaciones judiciales que supone mayor inmisi¨®n en el ¨¢mbito de la intimidad y del secreto de las comunicaciones que, como derecho fundamental, ha de verse salvaguardado y solo puede ser tomado por las autoridades como m¨¦todo de investigaci¨®n cuando ya se han agotado los m¨¦todos que son menos invasivos¡±.

El tribunal indica que la exposici¨®n que se realiz¨® al juzgado de instrucci¨®n cuando se solicitaron las intervenciones daba la ¡°apariencia¡± de que se hab¨ªan realizado investigaciones policiales y de que exist¨ªan indicios ¡°y no solo suposiciones policiales de que se podr¨ªan estar cometiendo hechos que pod¨ªan ser delictivos. ¡°Lo cierto, sin embargo, es que los dos testigos fundamentales pusieron de manifiesto en el juicio que la realidad era muy otra y que nada se hab¨ªa realizado policialmente y que lo primero a lo que se acudi¨® para realizar la investigaci¨®n fue la solicitud de intervenciones telef¨®nicas¡±.

El presunto fraude en la compra masiva de tel¨¦fonos m¨®viles al por mayor, para conseguir precios bajos, terminales que luego manipulaban para venderlos en Espa?a y exportarlos a otros pa¨ªses se remonta a 2005, y para ello se constituyeron hasta seis sociedades instrumentales. La actividad del negocio consisti¨® desde el principio en adquirir il¨ªcitamente ¡®packs¡¯ de tel¨¦fonos con tarjetas activas a distintas operadoras de telefon¨ªa m¨®vil que estas ofrec¨ªan a bajo coste o con ofertas especiales a particulares, seg¨²n la investigaci¨®n.

Aunque la venta por parte de las operadoras se hac¨ªa con la condici¨®n contractual de no disociar la tarjeta del terminal ni desbloquear o neutralizar el sistema que permite liberar el tel¨¦fono, los acusados incumplieron todos estos requisitos, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n del fiscal. Y sostuvo en el juicio que tampoco se respetaron otra de las clausulas del contrato que impon¨ªa a los compradores la prohibici¨®n expresa de comercializar los terminales y mucho menos exportarlos.