La tecnolog¨ªa: ?oportunidad o amenaza para la democracia?
El voto electr¨®nico garantizar¨ªa ese derecho b¨¢sico a todos los ciudadanos, agilizar la gesti¨®n del proceso electoral, ahorrar recursos y aumentar la participaci¨®n
La corresponsal de EL PA?S en Mosc¨² nos explicaba recientemente que solo uno de los casi 2.000 espa?oles inscritos en el consulado de la capital rusa pudo ejercer el voto en las elecciones generales de 28-A. Es un ejemplo de hasta qu¨¦ punto el voto desde el extranjero es problem¨¢tico. Solo el 8,4% de los ciudadanos no residentes ejercieron su derecho al voto hace un mes.
Seguimos votando como lo hac¨ªamos hace un siglo: con urnas y papeletas. Y este sistema acarrea varias ineficiencias, como ilustra la dificultad de votar por correo, en especial desde el extranjero. Sin embargo, existen soluciones tecnol¨®gicas que facilitar¨ªan el voto remoto. El voto electr¨®nico hace a?os que se implement¨® en Estonia, donde el 43,8% de los ciudadanos que ejercieron el voto en las recientes elecciones parlamentarias lo hicieron por Internet. En Suiza, el voto digital se ha ido introduciendo gradualmente en los ¨²ltimos a?os y vivir¨¢ un nuevo impulso en las elecciones federales de octubre. Por su parte, el Gobierno franc¨¦s ha decidido introducir el voto electr¨®nico para que los no residentes puedan elegir a sus consejeros consulares en 2020 y se est¨¢ planteando ampliarlo para que puedan votar en las elecciones parlamentarias. A nivel subestatal, recientemente se ha utilizado voto por Internet en varias elecciones, como en Nueva Gales del Sur (Australia) o en algunas provincias canadienses, a lo que debemos a?adir multitud de votos y consultas digitales impulsados por gobiernos locales de todo el mundo.
?Por qu¨¦ est¨¢ costando tanto que pa¨ªses como Espa?a se planteen seriamente la introducci¨®n del voto digital? Al margen de la tradicional aversi¨®n al riesgo de los gobiernos, una explicaci¨®n puede ser la falta de consenso pol¨ªtico sobre la seguridad de los medios digitales. Las denuncias de interferencias en elecciones de varios pa¨ªses han acentuado el escepticismo. Pero hay que tener en cuenta que nuestro sistema electoral ya cuenta con varias fases totalmente digitalizadas desde hace a?os (como la transferencia y agregaci¨®n de datos o el censo), lo que demuestra la fiabilidad, seguridad y eficacia de la tecnolog¨ªa usada. Por otro lado, la mayor¨ªa de las acusaciones de interferencias extranjeras en procesos electorales han acabado bien descart¨¢ndose, bien concluyendo que se limitaron a la ¡°compra de voluntades¡± de ciertas personas. Es decir, a las interferencias extranjeras existentes antes de la era digital.
Otra posible explicaci¨®n de las reticencias al voto digital es el uso (o abuso) de la percepci¨®n social de inseguridad por parte de ciertos agentes interesados en el mantenimiento del sistema tradicional de voto, como forma para seguir controlando su ejercicio (y su resultado). Esta explicaci¨®n es v¨¢lida para las elecciones pol¨ªticas y para las elecciones en gran cantidad de organizaciones privadas en las que normalmente no vota m¨¢s del 5% del censo y cuyas estructuras de decisi¨®n est¨¢n controladas sistem¨¢ticamente por los mismos grupos de poder (clubs deportivos, asociaciones profesionales, asociaciones vecinales, etc.).
Lo cierto es que la ciudadan¨ªa pide m¨¢s y mejores v¨ªas de participaci¨®n pol¨ªtica y la tecnolog¨ªa ofrece herramientas para hacerlas realidad: presupuestos participativos, consultas y debates ciudadanos, votaciones y elecciones de todo tipo tienen un gran recorrido si sabemos aprovechar las oportunidades que ofrece Internet.
No se trata de eliminar el sistema tradicional, que sigue siendo necesario en nuestra sociedad, donde a¨²n no existe un acceso igualitario a los conocimientos digitales, sino de ofrecer un canal complementario para ejercer el voto, que permita garantizar ese derecho b¨¢sico a todos los ciudadanos, agilizar la gesti¨®n del proceso electoral, ahorrar recursos y aumentar la participaci¨®n, sobre todo entre colectivos abstencionistas, como j¨®venes, no residentes o personas con discapacidades.
Albert Royo Marin¨¦, director de Asuntos P¨²blicos de Gov2u
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