Absuelto el exalcalde de Cobe?a de los delitos de prevaricaci¨®n y coacciones

La Secci¨®n 3? de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exalcalde de Cobe?a, Eugenio Gonz¨¢lez Mora, de los delitos de prevaricaci¨®n y coacciones continuadas de los que hab¨ªa sido acusado por la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular. En el procedimiento tambi¨¦n fueron exculpados el exconcejal de Seguridad, Carlos Laureano Herrero Cano, y el jefe de la Polic¨ªa Local, Sergio Caparroz Sotillo. Los magistrados entienden que no se produjeron ninguno de los dos delitos al no tramitar unas multas de tr¨¢fico impuestas por varios agentes municipales y que en ning¨²n caso se les abri¨® expediente disciplinario ni se les amenaz¨®.

La fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular ped¨ªan para los tres procesados la inhabilitaci¨®n especial para desempe?ar cargos p¨²blicos durante ocho a?os y seis meses por el delito de prevaricaci¨®n, mientras que por el de coacciones solicitaba una pena de dos a?os y seis meses de prisi¨®n. Adem¨¢s, ten¨ªan que hacer frente al pago de una 1.850 euros de indemnizaci¨®n por lesiones a un polic¨ªa y de 9.638 a otro por los da?os causados y las secuelas que le quedaron.

Los jueces entienden que no se produjo prevaricaci¨®n por parte de los tres acusados cuando decidieron que no se tramitaran las denuncias de aparcamiento interpuestas por los agentes a varios conductores que aparcaron sobre la acera, en julio de 2010. De hecho, se dict¨® una orden por parte del concejal para que se dejaran sin efectos esas multas. Los acusados recordaron que se produjo un incremento notable de las denuncias (pasaron de 50 al mes a 250) como consecuencia de que se estaba tramitando el nuevo convenio colectivo de la Polic¨ªa Local. En el juicio tambi¨¦n declararon los conductores afectados y relataron que jam¨¢s se les hab¨ªa denunciado por estacionar con dos ruedas sobre la acera.

Los jueces recuerdan que el delito de prevaricaci¨®n al estar inmerso en el Derecho Penal debe aplicarse a ¡°ilegalidades severas y dolosas¡±, ya que de otra forma quedar¨ªa desvirtuada la finalidad del derecho contencioso-administrativo. Es decir, que los polic¨ªas municipales deb¨ªan haber elegido esta v¨ªa si quer¨ªan recurrir la decisi¨®n de anular las denuncias. La sentencia recoge que el env¨ªo de una carta a los conductores sancionados en las que se les anuncia que se les retiraba la multa no supone en ning¨²n caso la comisi¨®n de un delito de este tipo.

Los magistrados de la Secci¨®n 3? mantienen adem¨¢s que no se ha producido el delito de coacciones por parte de los acusados. Los polic¨ªas argumentaban que les hab¨ªa llamado ¡°chulos¡± y les acusaba de tener a los vecinos ¡°como rehenes¡± para conseguir las mejoras del convenio. Tambi¨¦n el que les retiraran los complementos de productividad. Adem¨¢s, supuestamente les amenazaron con abrirles expedientes disciplinarios. Entienden los jueces que estas conversaciones se produjeron en el ¨¢mbito de una negociaci¨®n laboral y nunca como un delito continuado. De hecho, tambi¨¦n han enjuiciado si se trata de un falta de coacciones (ya derogada por reformas legislativas posteriores a 2010). Lo descartan ya que el procedimiento ha estado parado m¨¢s de seis meses por causas ajenas a los acusados, entre ellas dilaciones debidas al fiscal asignado. Es decir, que en todo caso, esa falta ya habr¨ªa prescrito durante la instrucci¨®n del procedimiento.