1.700 personas exigen a la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo que ejerzan la acusaci¨®n en la Carioca
La ley auton¨®mica contra la violencia machista recoge que el Gobierno gallego se persone para defender los intereses de las v¨ªctimas, en este caso m¨¢s de 200 mujeres
La Plataforma Ciudadana contra la Impunidad de la Carioca ha presentado ¡°m¨¢s de 1700 firmas¡± en el registro de la Xunta en Lugo reclamando que tanto el Gobierno gallego como el Ayuntamiento de Lugo asuman la acusaci¨®n particular en la operaci¨®n Carioca, investigaci¨®n que lleva la juez Pilar de Lara, sobre redes de proxenetismo y sus conexiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante el archivo de varias piezas en que se dividi¨® esta investigaci¨®n y las pol¨¦micas decisiones tomadas por la fiscal¨ªa, que ha exculpado a algunos proxenetas y la inmensa mayor¨ªa de los agentes investigados, desde este colectivo se argumenta que ¡°en Lugo m¨¢s de 200 mujeres v¨ªctimas de trata con fines de explotaci¨®n sexual siguen sin encontrar justicia". Esto, recuerda la plataforma ciudadana, "despu¨¦s de sufrir una de las formas m¨¢s terribles de violencia machista¡± que existen.
Una de las portavoces, M¨®nica Gonz¨¢lez, ha estimado que cuentan con m¨¢s de 1700 firmas, ¡°pero a¨²n a d¨ªa de hoy seguimos recogiendo, por lo que puede subir el n¨²mero¡±. Gonz¨¢lez ha precisado que su presencia en el registro se produce en un momento ¡°clave para lograr justicia para las v¨ªctimas por inacci¨®n de la fiscal¨ªa, que en otras piezas (de la Carioca) demostr¨® que en vez de estar defendiendo a las v¨ªctimas de trata con fines de explotaci¨®n sexual est¨¢ justificando actividades il¨ªcitas por parte de los imputados¡±. Varias de las piezas en las que el ministerio p¨²blico propuso dejar sin castigo a polic¨ªas, guardias civiles y alg¨²n proxeneta al frente de un burdel donde ejerc¨ªan menores de edad fueron asumidas por dos fiscalas, y sus decisiones fueron duramente criticadas por la Rede Galega contra la Trata y partidos como Esquerda Unida.
Adem¨¢s es ¡°un momento clave porque tanto la Xunta como el concello, como Administraciones, tienen la responsabilidad de asegurar que se haga justicia para las mujeres", ha insistido la activista contra la trata. "Adem¨¢s, la ley gallega contra la violencia machista reconoce la trata con fines de explotaci¨®n sexual y tambi¨¦n la capacidad de la Xunta para personarse como acusaci¨®n popular para que obtengan castigo los proxenetas imputados¡±, ha reprochado M¨®nica Gonz¨¢lez a la Administraci¨®n gallega. ¡°Las administraciones deben de garantizar que la justicia funcione, y por eso reclamamos una mayor implicaci¨®n por parte de la Xunta, que adem¨¢s tiene capacidad para personarse como tal como el concello m¨¢s que nada porque en el ayuntamiento de Lugo fue donde tuvo lugar este caso¡±.
Han pasado m¨¢s de diez a?os desde que se abri¨® la Operaci¨®n Carioca, por la que todav¨ªa permanecen imputados el propietario de los locales Eros y Queen, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Ad¨¢n, y agentes de la Guardia Civil, de la polic¨ªa nacional y de la Polic¨ªa Local de Lugo.
El Poder Judicial pospone su decisi¨®n sobre Pilar de Lara
El abogado de la titular del juzgado de Instrucci¨®n 1 de Lugo, Pilar de Lara, espera que se lleve al pleno del Consejo General del Poder Judicial de finales de este mes, o si no ya en septiembre, el recurso presentado contra la sanci¨®n de siete meses y un d¨ªa, que implica p¨¦rdida de destino, que se le impuso por la comisi¨®n disciplinaria del gobierno de los jueces por supuestas "dilaciones indebidas" en las m¨²ltiples causas que lleva. Agust¨ªn Azparren ha recordado que "de momento est¨¢ pendiente el recurso de alzada contra la decisi¨®n de la comisi¨®n disciplinaria que va al CGPJ", se esperaba que fuese al pleno de junio, celebrado el viernes pasado, pero por alguna causa que se desconoce, el recurso "no fue". El plenario no se volver¨¢ a reunir hasta finales de julio, y despu¨¦s, ya en septiembre, con el lapso vacacional de agosto.
De esta manera son ya tres meses para una respuesta, despu¨¦s de que el abogado presentara el recurso a mediados del mes de mayo, un plazo que se podr¨ªa ver ampliado incluso hasta un a?o. "Es un plazo de tres meses y, si pasan, se puede sobreentender que se ha desestimado el recurso, pero normalmente lo resuelve el pleno del Consejo aunque sea fuera de plazo. Incluso en alg¨²n caso, se tard¨® en resolver casi un a?o, pero eso no es lo normal", ha explicado Azparren a El Pa¨ªs. "Lo normal es que est¨¦ solventado a los tres, cuatro o cinco meses. Si no entra en julio entrar¨¢ en septiembre", se atreve a aventurar el letrado y exmagistrado del CGPJ.
En cuanto a su clienta, la juez Pilar de Lara, ha constatado que est¨¢ "tranquila" y que "est¨¢ sacando todo lo que puede y acabando" con todas las instrucciones que lleva, entre otras Carioca sobre redes de prostituci¨®n o la Pok¨¦mon sobre mordidas a pol¨ªticos a cambio de concesiones p¨²blicas. Azparren ha afirmado que precisamente la jueza esta tratando de acelerar todos los procesos para, con ello, "evitar que se pudiera producir alg¨²n perjuicio si al final se le confirmara la sanci¨®n, o parte de la sanci¨®n, y tuviera que dejar el juzgado o incluso que estuviera suspendida durante unos meses". La idea es clarificar lo m¨¢s posible la situaci¨®n de colapso de este peque?o juzgado de provincias con las mayores causas sobre corrupci¨®n de Galicia, "por lo menos para evitar el retraso considerable que supondr¨ªa la llegada de un juez nuevo que tiene que conocer desde el principio los asuntos".
"Ella lo que va a hacer en todo el tiempo que le queda es intentar acabar todo lo que depende de ella, l¨®gicamente" ha recalcado el abogado de Pilar de Lara en este procedimiento disciplinario que debe de dirimir el pleno del CGPJ. La sanci¨®n de siete meses implica la p¨¦rdida de destino para ella, y seg¨²n ha defendido en estos meses su abogado, gran parte de los retrasos se deben a la falta de medios humanos y materiales en el juzgado, a la lentitud de los tr¨¢mites con otras instancias y organismos y a otros trabajadores de la justicia de los que dependen tambi¨¦n las diligencias en marcha desde hace a?os.
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