Un informe oficial refleja la ¡°soledad¡± de los ediles acosados por ETA

Un informe encargado por el Gobierno Vasco refleja la "estigmatizaci¨®n" y la "soledad" que padecieron los concejales vascos perseguidos "injustamente por ETA" entre 1991 y 2011, un periodo en el que la organizaci¨®n terrorista asesin¨® a 16 ediles en Euskadi y el resto de Espa?a.

El "Informe sobre la injusticia padecida por concejalas y concejales que sufrieron violencia de persecuci¨®n (1991-2011)" ha sido elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Gobierno Vasco y se inscribe en la serie de trabajos que la Secretar¨ªa General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperaci¨®n ha impulsado en los ¨²ltimos a?os para catalogar las distintas vulneraciones de derechos humanos infligidas en los a?os de violencia terrorista en Euskadi.

El dossier ha sido presentado en San Sebasti¨¢n por el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fern¨¢ndez, y dos de los autores, Gorka Urrutia y Jos¨¦ Ram¨®n Intxaurbe.

Se trata de un trabajo derivado de otro anterior, el que se refer¨ªa a las personas amenazadas por ETA en general, ya que se centra exclusivamente en quienes lo fueron por ser concejales.

En un primer apartado de tipo cuantitativo se recopilan los 16 asesinatos de concejales cometidos en el periodo del estudio, desde Gregorio Ord¨®?ez en 1995 hasta Isa¨ªas Carrasco en marzo de 2008.

No obstante, tambi¨¦n cita a las 8 personas asesinadas por ETA con anterioridad que eran o hab¨ªan sido concejales en alg¨²n ayuntamiento.

Aunque no dispone del n¨²mero total de los concejales que fueron perseguidos, el informe refleja que a partir de 2000, tras la ruptura de la tregua de ETA, m¨¢s de 200 concejales comenzaron a llevar escolta, en un n¨²mero creciente hasta alcanzar los 511 ediles en su pico m¨¢ximo, en 2011.

Los investigadores han otorgado mayor relevancia a los aspectos cualitativos de su investigaci¨®n, que re¨²ne una serie de conclusiones extra¨ªdas de 14 entrevistas personales, efectuadas a 11 ediles -6 hombres y 5 mujeres-, a dos parejas de concejales y a los padres de otro.

Estas personas describen la situaci¨®n de "amenaza constante" que, a trav¨¦s de mecanismos como la violencia callejera, ETA y su entorno causaron en sus vidas, lo que les gener¨® "sufrimientos intensos, profundos y prolongados, con sentimientos de aislamiento y soledad".

En algunos casos, esta situaci¨®n tuvo afecciones en la salud de las v¨ªctimas, que presentan cuadros de estr¨¦s postraum¨¢tico que se mantienen a pesar del paso del tiempo.

"Esta situaci¨®n fue injusta y representa una patolog¨ªa incompatible con el ejercicio de las libertades propias de una democracia", reza el informe en su valoraci¨®n final, en la que destaca que la persecuci¨®n de los concejales fue una "anomal¨ªa perversa que socav¨® la convivencia democr¨¢tica hasta un punto que nunca deber¨ªa ser asumido como normal o inevitable".

El estudio describe que las amenazas, agresiones y atentados contra los concejales supusieron la vulneraci¨®n de un buen n¨²mero de derechos, entre ellos los de libertad ideol¨®gica, de expresi¨®n, el de participaci¨®n en los asuntos p¨²blicos, el de la vida, el de la integridad f¨ªsica y moral, el de la libertad y la seguridad, el derecho a la libre circulaci¨®n y el de libertad de residencia, entre otros.

El secretario de Convivencia ha considerado que leer este trabajo, que es de acceso p¨²blico, constituye "un ejercicio de empat¨ªa colectiva para entender qu¨¦ tipo de opresi¨®n f¨ªsica, psicol¨®gica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un d¨ªa tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente".