Pulso por investigar el caso Avalmadrid en la Asamblea
Un sector del PP pide al partido que busque c¨®mo frenar la comisi¨®n
Sectores del PP animan al partido a que pida un informe a los servicios jur¨ªdicos de la Asamblea para intentar frenar la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre Avalmadrid. Aunque el grupo parlamentario a¨²n no ha tomado una decisi¨®n, tanto la presidenta, Isabel D¨ªaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fern¨¢ndez Lasquetty, argumentan que el organismo no cumplir¨ªa con el requisito reglamentario de afectar a "un asunto de inter¨¦s p¨²blico dentro de las competencias de la Comunidad". Avalmadrid est¨¢ participado al 31,07% por la Comunidad, que ha invertido decenas de millones de euros en el ente, pero no es una organizaci¨®n estrictamente p¨²blica.
En Madrid, la batalla por investigar la corrupci¨®n tambi¨¦n se disputa en los despachos, y se pelea con juristas. En octubre de 2017, el PP activ¨® todos los mecanismos defensivos a su alcance para evitar la prolongaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la corrupci¨®n en la Comunidad de Madrid, a cuya creaci¨®n ya se hab¨ªa opuesto en 2015. Un a?o despu¨¦s, la formaci¨®n conservadora tambi¨¦n intent¨® frenar la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso m¨¢ster de Cristina Cifuentes. En las dos ocasiones, el PP pidi¨® un informe jur¨ªdico a los servicios de la C¨¢mara, buscando resquicios legales para bloquear las iniciativas de la oposici¨®n. A solo unos d¨ªas de que la Mesa de la Asamblea se pronuncie sobre la investigaci¨®n del caso Avalmadrid, la posibilidad de repetir esa estrategia sigue abierta.
"Pedirlo es lo m¨ªnimo", opin¨® una fuente gubernamental que se reconoci¨® ajena a la decisi¨®n del grupo parlamentario popular, que se reunir¨¢ hoy y a¨²n no ha definido su posici¨®n.
"Avalmadrid es una empresa, una entidad privada", defendi¨® esta misma semana el consejero de Hacienda, Javier Fern¨¢ndez Lasquetty. "Est¨¢ supervisada y auditada por el Banco de Espa?a", a?adi¨®, sin referirse concretamente al expediente sancionador que tiene abierto el ente fiscalizador contra Avalmadrid por la concesi¨®n de avales sin las suficientes garant¨ªas. "No sabemos si ser¨¢ adecuada legalmente o no esta comisi¨®n", remat¨®.
La sociedad de garant¨ªa rec¨ªproca Avalmadrid est¨¢ participada en un 31,07% por la Comunidad, que le ha aportado decenas de millones de euros en los ¨²ltimos a?os y ha nombrado presidentes y consejeros, pero no es estrictamente p¨²blica. El reglamento de la C¨¢mara madrile?a establece que sus investigaciones deben versar sobre "cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico dentro del ¨¢mbito de las competencias de la Comunidad". Y eso abre una brecha argumental que el PP podr¨ªa intentar aprovechar para pedir un informe jur¨ªdico con el que convencer a Cs de que tiene una salida honrosa para retirar su decisivo apoyo a la comisi¨®n, que afectar¨ªa directamente a la actual presidenta, D¨ªaz Ayuso, porque abrir¨ªa la puerta a conocer todos los detalles sobre el pol¨¦mico aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por su padre ¡ªque nunca se devolvi¨®¡ª.
"Pero eso todo el mundo lo entender¨ªa como un mal truco", advirti¨® sobre la posibilidad de pedir un informe jur¨ªdico una fuente socialista especializada en el reglamento de la C¨¢mara de Madrid. "La contundencia de Ignacio Aguado y C¨¦sar Zafra [en apoyo de la comision de investigaci¨®n de Avalmadrid] quedar¨ªa por los suelos", a?adi¨®. "Y, si como parece, adem¨¢s Vox tambi¨¦n va a apoyar la comisi¨®n...", remat¨®, aludiendo a que el PP y Cs se quedar¨ªan solos frente al resto si la formaci¨®n de Aguado variara su posici¨®n.
"No hay por qu¨¦ pensar que el informe fuera a ser contrario a la creaci¨®n de la comisi¨®n", dijo una fuente de Ciudadanos, que impuls¨® la comisi¨®n del caso m¨¢ster ¡ªen la que tuvo que declarar la propia Cifuentes, ya como expresidenta regional¡ª y apost¨® por incluir los casos P¨²nica y G¨¹rtel en la de la corrupci¨®n de la Comunidad, pese a que a¨²n est¨¢n bajo juicio. "Est¨¢ suficientemente abierto", a?adi¨®.
Precedentes
El car¨¢cter semip¨²blico de Avalmadrid ha servido en los ¨²ltimos a?os a los sucesivos gobiernos del PP para evitar su fiscalizaci¨®n por parte de los diputados. Proporcionar la informaci¨®n solicitada incumplir¨ªa, seg¨²n han argumentado distintos consejeros "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".
Sin embargo, hay precedentes en otras c¨¢maras parlamentarias de investigaciones a empresas que ni siquiera ten¨ªan un porcentaje de participaci¨®n p¨²blica.
As¨ª, por ejemplo, el Congreso de los Diputados investig¨® el caso Rumasa y el caso Gescartera. Ahora, el pulso se dirime en la Asamblea de Madrid y decide si se fiscaliza lo ocurrido con el dinero p¨²blico invertido en Avalmadrid entre 2007 y 2018.
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