La ONU pide una ¡°reparaci¨®n¡± para una familia con ni?os desahuciada en Madrid

Naciones Unidas ha emitido un dictamen en el que insta a Espa?a el cumplimiento de seis recomendaciones en materia de vivienda en un plazo de seis meses. Es la tercera vez que ocurre en cuatro a?os. El texto surge como respuesta a una petici¨®n de Viviana L¨®pez y sus seis hijos, cinco de ellos menores, que fueron desahuciados en junio de 2018 de la casa que okupaban en el distrito de Carabanchel. Fuentes del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de Madrid se?alan, sin embargo, que no es vinculante.

Un a?o despu¨¦s del desahucio, el Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales ha exigido su reparaci¨®n efectiva e insta a la Comunidad de Madrid y al Estado a cumplir esas directrices. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), destaca que es el tercer dictamen de este tipo que recibe Espa?a. Los anteriores, por sendos casos de desahucios tambi¨¦n en Madrid, datan de 2015 y 2017.

El Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, pero no entr¨® en vigor hasta una d¨¦cada m¨¢s tarde. M¨¢s de 160 pa¨ªses lo han ratificado, entre ellos Espa?a. El protocolo facultativo, una especie de reglamento que desarrolla el pacto, se aprob¨® en 2013. Jacinto sostiene que, por tanto, el dictamen aprobado es de obligado cumplimiento ya que el art¨ªculo 96 de la Constituci¨®n establece que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jur¨ªdico.¡°El Estado tiene la obligaci¨®n de cumplir con el dictamen, no por su valor jur¨ªdico, ya que no es una sentencia, sino porque el comit¨¦ de Naciones Unidas es el ¨®rgano de control del pacto al que se someti¨® Espa?a¡±, considera Ana Gemma L¨®pez, directora del departamento de Derecho Internacional de la Universidad Complutense.

Soluci¨®n habitacional

L¨®pez, que ahora tiene 40 a?os, alquil¨® una vivienda en 2014 en la calle de San Robustiano, en el barrio de Carpetana. Dos a?os despu¨¦s, se separ¨® de su marido y perdi¨® su trabajo como camarera. Dej¨® de pagar el alquiler, 850 euros al mes. Cuando se person¨® en el juzgado descubri¨® que la casa pertenec¨ªa a Bankia. L¨®pez no logr¨® llegar a un acuerdo con la entidad y fue condenada por ocupaci¨®n il¨ªcita y obligada a abandonar el piso en mayo de 2018.? Fuentes de Bankia indicaron que siempre denuncian las okupaciones porque son ¡°actos ilegales¡±, pero que son los jueces quienes deciden los desahucios.

La presi¨®n popular y un acuerdo de ¨²ltima hora, hasta que sus hijos acabaran el curso escolar, paraliz¨® el desalojo. Asesorada por los abogados del Centro de Asesor¨ªa de Estudios Sociales (CAES), elev¨® su caso a Naciones Unidas, que solicit¨® medidas cautelares. Pero el desahucio se produjo el 25 de junio.

Un a?o despu¨¦s, Naciones Unidas exige una ¡°reparaci¨®n¡±. Pide a la Comunidad de Madrid que le facilite una vivienda para criar a sus hijos despu¨¦s de un largo peregrinar por diferentes albergues. Ahora viven en Alcobendas con unos amigos, en una vivienda sobre la que pesa otra orden de alzamiento prevista para el 20 de noviembre.

El organismo internacional tambi¨¦n reprende a la Comunidad por no ofrecerle una soluci¨®n habitacional tras el desalojo y le afea que le denegara la solicitud de una vivienda p¨²blica al estar okupando otra. Todo ello, sin tener en cuenta su vulnerabilidad.

Un portavoz de la consejer¨ªa de Vivienda explica que el dictamen no es vinculante y que las ayudas est¨¢n reguladas por un decreto. L¨®pez s¨ª fue incluida en la lista de espera de solicitantes. En septiembre ocupaba el puesto n¨²mero 34 porque ¡°hay otras familias en la misma situaci¨®n¡±, agreg¨® el portavoz.

Las directrices de Naciones Unidas tambi¨¦n alcanzan al Estado, al que exige modificar la legislaci¨®n para que los afectados puedan recurrir judicialmente; que adopte un plan de vivienda en coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas y ponga en marcha un protocolo para cumplir las medidas cautelares que solicitan quienes van a ser desahuciados. Fuentes del Ministerio de Fomento insisten en que los dict¨¢menes son meras recomendaciones. Las mismas fuentes explican que el informe de Naciones Unidas se produce tras una comunicaci¨®n de desalojo aplicada con una normativa anterior, la de 2013.

El Gobierno, insisten desde Fomento, aprob¨® en marzo un Real Decreto en materia de vivienda y alquiler que ensalz¨® el mes pasado el propio Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales a trav¨¦s de un fax al que ha tenido acceso EL PA?S. ¡°La normativa aprobada obliga a una comunicaci¨®n directa y permanente de los juzgados con los servicios sociales para buscar soluciones habitacionales¡±, subraya un portavoz.