La Diputaci¨®n acusa en la causa judicial del supuesto desv¨ªo de fondos a CDC
La instituci¨®n se persona en el sumario que investiga las ayudas a cooperaci¨®n y desarrollo
La Diputaci¨®n de Barcelona se ha personado para ejercer como acusaci¨®n particular en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona por el supuesto desv¨ªo de dos millones de euros de ayudas a la cooperaci¨®n y desarrollo a empresas. Esa investigaci¨®n forma parte de una macrocausa abierta por el juez Joaqu¨ªn Aguirre sobre presuntas irregularidades en las subvenciones p¨²blicas de Catalu?a. Otro de los cap¨ªtulos conocidos recientemente es el de subvenciones concedidas por el Govern al deporte catal¨¢n.
La Diputaci¨®n se ha personado en la causa que salt¨® en mayo de 2018 con un gran operativo policial en el que fueron detenidas 29 personas, entre ellas el que fue presidente de esa instituci¨®n, Salvador Esteve, con varias entradas y registros en sedes de fundaciones y en el edificio hist¨®rico de Can Serra del organismo supramunicipal. La investigaci¨®n se centraba en subvenciones concedidas por la Diputaci¨®n que no sirvieron para ayudar al ¡°desarrollo de comunidades pobres¡± de pa¨ªses como Marruecos, Bosnia y Honduras, sino que fueron desviadas, seg¨²n los investigadores, a empresas, fundaciones y entidades afines a la desaparecida Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC).
Esas pr¨¢cticas tuvieron lugar, de acuerdo con el sumario, entre 2011 y 2015, cuando la Diputaci¨®n era gobernada por la formaci¨®n nacionalista. Unas subvenciones concedidas a dedo en las que aparec¨ªan dos fundaciones: Catmon e Igman, ambas en la ¨®rbita de CDC y dirigidas por V¨ªctor Terradellas, uno de los detenidos en aquel operativo.
Fuentes de la Diputaci¨®n, gobernada por socialistas y Junts per Catalunya, apuntaron que con la acusaci¨®n particular se quiere recuperar los fondos desviados y aclarar la actuaci¨®n de muchos funcionarios que advirtieron de las anomal¨ªas que se produjeron. As¨ª consta en las diligencias judiciales -cuyo secreto se levant¨® recientemente- en las que se atribuye a uno de los acusados, Jordi Castells, director de relaciones internacionales de la Diputaci¨®n entre 2011 y 2015, haber "presionado" a los t¨¦cnicos que pon¨ªan pegas a la concesi¨®n de las ayudas porque se incumpl¨ªan requisitos. Algunas de las anomal¨ªas detectadas, por ejemplo, se produc¨ªan en las adjudicaciones de los proyectos para pa¨ªses en desarrollo. La entidad que presentaba el proyecto deb¨ªa presentar una memoria y en muchos casos investigados se trataba de un corta y pega. Algunas de las empresas que se vieron beneficiadas por las ayudas de la instituci¨®n se acababan de constituir y no ten¨ªan experiencia alguna en proyectos de cooperaci¨®n y desarrollo, seg¨²n los investigadores.
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